Excesos con "el brazo auxiliar de la Justicia"

Hay casos paradigmáticos en los tribunales. De esos que irritan. Un alto magistrado que ingresa al Palacio de Justicia de 7 y 56, con seis policías de la Bonaerense a sus espaldas, al estilo de Ricky Fort y sus custodias, con o sin "Tito".
O de un funcionario del ministerio público, que al efectivo que tiene de consigna lo hace cocinar al mediodía en un anafe del tercer piso. O de aquellos agentes que son obligados a guardar estacionamiento para los jueces en las calles laterales al Fuero, alegando inexistentes ordenanzas. También están los que ofician de chofer, sin serlo. O los que hacen de “cadete” (y no de la Vucetich), sino de mensajería, pagando impuestos o realizando a “sus señorías”, trámites bancarios y administrativos.

Excesos. Hábito. Jerarquía. Discriminación. Desidia. Todo o algo de eso puso en jaque a la presencia de los policías que desde hace años custodian los denominados objetivos judiciales: edificios y personas.

Pero no era tan fácil quitar las guardias policiales de los tribunales y “sacarlos a la calle”. Lo anunció el ministro Ricardo Casal al asumir al frente de la desdoblada cartera de Seguridad y Justicia. Y como propuesta, desde la retórica, suena legítima, y necesaria. Tanto, como otros similares proyectos tendientes a que los policías dejen de cuidar presos en los calabozos de las comisarías para salir a patrullar, derivando a los reos a unidades carcelarias; o que los agentes no realicen tareas administrativas en las seccionales como actas de choque o certificaciones de domicilio, u otras actividades que demandan más tiempo y recursos humanos como la distribución de correspondencia policial y judicial, en su mayoría notificaciones de audiencias y citaciones a testigos. Por eso, la idea de “más policías a las calles” suena bien. Pero en la práctica, algo más decía la carta. El proyecto iba a implementarse hace dos semanas en La Plata y en Quilmes. Y los guardias de tribunales iban a ser trastocados por efectivos del Servicio Penitenciario en retiro. Y cuando agrupaciones de Derechos Humanos pidieron revisar esas listas, se habló de agentes del SPB en actividad.

La carga semántica de la iniciativa no era inocente. Le están diciendo al policía que desde hace años estaba apostado en un edificio judicial, que es reemplazable por un guardia cárcel jubilado.

Los muchachos de la Bonaerense no lo tomaron bien. Y comenzaron las conversaciones primero de los agentes que estaban “en la mira” con los jueces que los habían designado, y luego de estos magistrados, en forma directa con las más altas autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia.

No es la primera vez que está en discusión la labor de la guardia, no sólo en La Plata, sino en los 18 departamentos judiciales. Y no es por culpa de esos policías que muchas veces han sido clave en los continuos desbordes que se producen con familiares de víctimas o de imputados, al finalizar los juicios orales. También son decisivos en despachos y pasillos donde a cada rato se cruzan, cara a cara con el juez o el fiscal que determinó su estadía en prisión, convictos y ex convictos, familiares y allegados. Esos encuentros escapan al tono cordial. Más bien, todo lo contrario.

En otros fueros, ajenos al penal, la necesidad de personal policial en los edificios, se diluye. Pero a lo que apunta el proyecto, según se dice desde el flamante ministerio unificado, es a terminar con los excesos en los que han caído no tanto los agentes policiales sino los propios magistrados que dependen de la Suprema Corte. Por lo general, fiscales y defensores no poseen custodia. Muchos terminan haciendo jornadas laborales de 6 a 8 horas, sentados en una silla, junto al despacho del juez o camarista.

Si no se estudia cada situación en particular, terminarían pagando justos por pecadores. Y la guardia se verá disminuida por las desmedidas atribuciones de algunos jueces que mancharon la honra e imagen de aquellos policías que han cumplido notables actuaciones, a veces hasta heroicas, cuando pusieron en juego sus vidas para defender la de testigos y víctimas, ante desbordes y escándalos, actuando en la inmediatez para separar, contener, o convocar auxilio médico.

De lo único que refiere la ley procesal y penal, es que la Policía es el brazo auxiliar de la Justicia. Y parece que a algunos magistrados, con sus excesos, con eso del brazo auxiliar, les dieron la mano y se tomaron el codo. Tal vez sea porque nunca responden por este tipo de acciones. Y porque el hilo se corta por lo más delgado. Que en este caso son los “vigis” de la guardia, que por acción u omisión, pagarán los platos rotos.

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