Las voces del norte profundo llegaron a los despachos del poder político. Más de cuarenta campesinos de los departamentos Vera y 9 de Julio, víctimas de desalojos, se movilizaron hasta la Legislatura y la Casa Gris para denunciar la trama de intereses económicos amparados por la justicia que pretende despojarlos de sus tierras, que ocupan desde hace décadas. Ya hubo más de 300 desalojos de pequeños productores que perdieron su medio de vida y ahora sigue otra ola de amenazas para dejar sin sustento a muchos otros. Una crisis que puede tener consecuencias. "Vamos a defendernos, no vamos a soportar ningún atropello más", dijo a Rosario/12 Jorge Barberis, el campesino de Gato Colorado, que resiste el acoso judicial para saquear su tierra y puso en la agenda política una problemática oculta. La respuesta fue inmediata. La Cámara de Diputados le pidió al gobernador Antonio Bonfatti que habilite en el período extraordinario (en página 3) un proyecto de ley -con media sanción- de la diputada del Frente Progresista, Susana García, que frena los desalojos durante cinco años. En la Casa de Gobierno, dejaron un petitorio para Bonfatti con el mismo reclamo y recibieron un mensaje del secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, quien les garantizó que no había ninguna orden de reprimir en esas situaciones.

Los campesinos fueron acompañados por su abogado, Iván Bordón, representantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, militantes de organismos de derechos humanos y dirigentes de la CTA, entre otros.

En la Legislatura, los recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo; la autora del proyecto que frena los desalojos, Susana García; su colega socialista, Inés Bertero y seis legisladores del PJ: Eduardo Toniolli, Gerardo Rico, Leandro Busatto, Aliza Damiani, Adriana Panella y Darío Vega.

Bordón informó sobre "el estado actual de los juicios por desalojo que lleva adelante la jueza civil de Tostado, Haydé Regonat", a quien imputó una "clara maniobra a favor" del empresario Juan Carlos Adrover, en su intento por despojar a los Barberis de su campo, en Gato Colorado. "La jueza Regonat dictó una medida cautelar que otorga provisoriamente la propiedad a Adrover y ordena el desalojo de la tierra de quienes la trabajan y viven en ella, los hermanos Jorge y Guillermo Barberis, sus esposas y sus hijos", dijo Bordón. Adrover es un conocido abogado que presidió la Conadep en Santa Fe y está vinculado a la Federación Agraria.

Los legisladores pudieron escuchar el relato de los Barberis. Pero también el de otros campesinos, Juan Carlos Sánchez, José Horacio Ledesma, Armando Bustos, Luis y Noel Chesaux, Mirta Madera Félix Cáceres y David Cravero, que ya fueron desalojados mediante engaños y promesas de volver a sus tierras. Otros resultaron detenidos y tratados como delincuentes. "Algunos ya no están porque murieron de angustia y soledad en tolderías improvisadas a la vera del camino", dijo uno de ellos. Todos han llevado su ganado al campo de los Barberis, que les dieron amparo. "Nos estamos organizando y vamos a resistir. No vamos a soportar ni un atropello más", advirtieron.

Los diputados ratificaron su apoyo a la ley que frena los desalojos por cinco años -que ya tiene media sanción de la Cámara- y después votaron una minuta al gobernador Bonfatti para que habilite el tema en extraordinarias y lo gire al Senado.

"Estamos muy preocupados por el desalojos de los campesinos del norte por intereses económicos, algunos de ellos vinculados a la Federación Agraria", dijo a Rosario/12 el diputado Busatto. "Vamos a ejercer toda la presión que sea necesaria. Le pedimos al gobernador que envíe al Senado el proyecto de la diputada García. Y vamos a hacer un análisis de la actuación de la justicia. Me parece que estamos en condiciones de evaluar la conducta de algunos jueces, que en vez de aplicar justicia garantizan la impunidad", agregó.

Toniolli coincidió. "Este es un problema que se agudizó en los últimos años. Los desalojos son juicios con papeles apócrifos de supuestos dueños para despojar a campesinos humildes de tierras que ocupan desde 50, 60 y hasta 70 años, que son echados por la fuerza pública o por sicarios y matones contratados", dijo. "Escuchamos a campesinos que ya sufrieron los desalojos y otros que están jaqueados por estos abogados inescrupulosos y los jueces cómplices de esta situación, que fallan rápidamente a favor de los especuladores y tardan muchísimo cuando hay un juicio de usucapión de estos campesinos humildes".

En la Casa de Gobierno, los atendió el secretario de Asuntos Legislativos, Pablo Farías, quien escuchó los reclamos y se comprometió a informar a Bonfatti. Farías llamó también al secretario de Seguridad, Matías Drivet, que le aseguró que "no había ningún pedido de desalojo firmado por la jueza Regonat" y que, "en ningún caso, estaba la orden de reprimir por parte del Ministerio de Seguridad".