Finalmente ayer fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Ley 26.879 que establece la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En virtud de esta nueva herramienta legislativa para combatir estos abusos tipificados en el Código Penal, organizaciones con sede en Corrientes, tal como Infancia Robada, debatirán hoy en Buenos Aires los pro y contra de esta nueva entidad.

Hermindo González, asesor legal de la Red, comentó a época que hoy habrá una reunión de los 25 foros para hablar del tema. “No podemos dar una opinión orgánica hasta después del foro pero en lo personal creo que podría llegar a criminalizar a los sectores más vulnerables”, dijo a época el letrado.

González puso en tela de juicio la necesidad de saber quién va a manejar estos datos que puede ser sujeto a manipulación de los sectores de poder, que están involucrados en delitos contra la integridad de las personas.

En ese sentido caven varias comparaciones, tal es el caso de María Soledad Morales la joven muerta en Catamarca en medio de un proceso que involucró a sectores de la política local en el año ‘96 o bien, más recientemente, el caso de Itatí Piñeyro en Puerto Esperanza, Misiones que también involucra a la clase política de la zona.

En ese contexto, durante el debate previo a la sanción de la normativa en el Congreso, organizaciones de Derechos Humanos también habían cuestionado varios puntos de esta legislación.

Un punto de oposición consistía en la posibilidad de “revictimizar a una persona que purgó en prisión su culpa, que se estaba violando la intimidad de la persona, y otro, tal como reseñó González, tiene que ver con quién va a manipular las muestras en el Banco Genético, lo cual puede favorecer al encubrimiento en momentos en que existen muchas dudas en torno a la Justicia y la aplicación de las penas.

“Es un tema muy complejo porque se trata de delitos aberrantes, además cabe analizar que esta Ley surge luego del caso Ángeles (Rawon): entonces uno que acompaña y trabaja con las víctimas, nos preocupamos cuando surgen estas leyes por hechos determinados y quedan en la nada. Pasó con Marita Verón, ahora con el tema Ángeles, me parece que el camino no es ese”, resaltó el abogado a título personal.

En ese contexto, hoy se debatirá en el marco de la reunión de los 25 foros en Buenos Aires, la aplicación de esta normativa y otros temas relacionados a la incidencia de la trata de personas en la región y el país.

Cabe destacar que esta normativa permitirá que todas aquellas personas condenadas por delitos sexuales sean sometidas a una muestra de ADN, para que cuando ocurran hechos vinculados al flagelo puedan ser comparados y si las muestras son compatibles podrían ser condenados.