Existen varios elementos que permitirían ir mucho mas allá de la responsabilidad puntual que tuvo el parricida. Según pudo saber Hoy, en caso de que la Justicia demuestre voluntad de llegar hasta el hueso, algo difícil con un juez como Norberto Oyarbide (que archivó la demanda por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner en cuestión de horas), se podría indagar sobre los oscuros manejos de los fondos provenientes del Ministerio de Planificación Federal, destinados al Plan de Viviendas.

Concretamente, una de las pruebas concretas que existen en la causa es que el Gobierno nacional habría realizado pagos por el equivalente al 80% del total de las casas que forman parte del programa Sueños Compartidos de la Fundación de las Madres, cuando solamente fueron construidas el 40% de las que estaban contempladas. Es decir, no se habría presentado o se habría falsificado gran parte de los certificados de obras, algo imposible de realizar si no existe algún tipo connivencia de las autoridades nacionales. Además, varias de las empresas fantasmas que estarían vinculadas al parricida estarían relacionadas con otras áreas del Estado y, en algunos casos, habrían recibido subsidios del Oncca.

“Acá hay una realidad: es imposible que, con la magnitud del dinero que se está manejando, Hebe de Bonafini no haya estado al tanto de lo que ocurría. Y ella, como máxima autoridad de la entidad, es responsable y debe responder por eso”, dijo a Hoy una fuente que participó de la investigación.

El martes pasado, Oyarbide tuvo una audiencia con las legisladoras Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro. Según pudo saber este diario, el magistrado le habría confirmado que la causa contra Schoklender es por asociación ilícita y también habría dado indicios de que, la semana próxima, podría ordenar su arresto. La medida abarcaría a otros exintegrantes de la fundación. Difícilmente Oyarbide decida ir más allá de eso.

El escándalo Schoklender también puso de manifiesto la matriz de corrupción que existía en todos los planes de viviendas que lleva adelante el Gobierno nacional. Todos ellos se ejecutan discrecionalmente por parte del Poder Ejecutivo nacional, por fuera de lo establecido por la ley del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), a través de convenios que se hacen directamente con los municipios, cooperativas o asociaciones no gubernamentales como la Fundación Madres, actuando los instituto de las viviendas de cada provincia como agentes administradores del dinero. Así es como los planes de viviendas de la Asociación Madres no son auditados por ninguno de los organismos de contralor que establece la Constitución.

Piden informes a la fundación

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió ayer que le remitan copia de los acuerdos que las provincias y municipios firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la realización de viviendas, las cuales registrarían irregularidades. Por ese motivo, libró informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Banco Central para conocer los antecedentes del programa Sueños Compartidos. También pidió copia del expediente que tiene a su cargo el juez Norberto Oyarbide, que investiga a los hermanos Schoklender.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por el fiscal Miguel Angel Osorio, quien pidió que se investigue “a quienes hubieran firmado los contratos”, lo que incluye tanto a funcionarios del sector público como a directivos de las Madres de Plaza de Mayo.

En los oficios, el magistrado pidió a cada una de las administraciones municipales o provinciales las copias de los contratos que se labraron con la fundación, ya que lo que se investiga es si cada vivienda realizada cumple con las características, el número y el valor de las mismas. El juez solicitó, además, informes a la IGJ sobre los antecedentes que hubiese de Sueños Compartidos, y también a la Sigen y la AGN acerca de auditorías y controles sobre la realización de viviendas que hayan sido producto de esos contratos.

“Pepe” Scioli: “El Gobierno quiere tapar el escándalo”

El dirigente de Unión Celeste y Blanco José “Pepe” Scioli advirtió que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner piensa terminar con el caso Schoklender metiendo preso la próxima semana al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

“El Gobierno quiere que este caso termine con Schoklender preso y como único culpable. Pretende tapar el escándalo de los hermanos Schoklender del mismo modo que lo hizo con los subsidios de la Oncca”, enfatizó “Pepe” Scioli. El dirigente se mostró sorprendido por el viraje del discurso de Hebe de Bonafini en los últimos días. “Primero dijo que había demasiada sangre derramada para perder tiempo en pavadas, ahora sostiene que los hermanos Schoklender son unos estafadores, ladrones y traidores. Esto anticipa lo que se viene”.

Más de $ 1.200 millones para el descontrol

Funcionarios del Gobierno nacional intentaron dar explicaciones ante la Cámara de Diputados por el uso de fondos para la construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo.

Con el agua al cuello, Cristina Kirchner y el ministro Julio de Vido enviaron a dos funcionarios de segunda línea para que respondieran los interrogantes planteados por la oposición: el subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Bontempo; y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

Bontempo aseguró que lo ocurrido “es una estafa fuera del sistema de financiamiento” del Gobierno a las ONG para la construcción de viviendas sociales, la que supuestamente cometió Sergio Schoklender dentro de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y aseguró que para el Poder Ejecutivo, el programa Sueños Compartidos de la fundación “tiene un curso normal”.

El titular de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Hipólito Faustinelli (UCR), aseguró que “es evidente que han fallado los controles del Estado” en el financiamiento del plan de viviendas realizado por las Madres.

Bontempo, en tanto, indicó que a la fundación “no se le dio un solo peso que no esté en una placa o en un ladrillo”, y precisó que desde 2008 se le giraron 765 millones de pesos para la construcción de 4.465 viviendas en distintos puntos del país, y faltan asignar unos 500 millones para finalizar la ejecución de tres mil viviendas y obras complementarias, como centros de salud y espacios comunitarios.

El diputado Horacio Alcuaz (GEN) planteó su sospecha de que el dinero del presunto desfalco pudiera haber salido del anticipo de financiamiento del 15 por ciento que realiza el Gobierno en ese tipo de programas, el cual, según dijo Bontempo, “se va licuando a medida que se desarrolla la obra”.

“No estoy de acuerdo con que el 15 por ciento sirva para coimas”, respondió Bontempo ante ese planteo, y explicó a Alcuaz que el porcentaje “además está caucionado”.

La posición del oficialismo fue manifestada por la fueguina Mariel Calchaquí, quien, respecto de Schoklender, afirmó que “no porque una manzana esté podrida se pudre todo el cajón”.

Carrió: “A Bonafini no la estafaron”

La candidata a presidenta por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, opinó ayer que la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, “no fue estafada” por el exapoderado de la agrupación Sergio Schoklender, acusado del presunto desvío de dinero para viviendas.

Además, aseguró que el Gobierno nacional “está entregando” a Schoklender, a quien, a su criterio, “van a poner preso”.

“Que haya verdad y que haya justicia. No se pueden usar los derechos humanos para robar en nombre de la ideología. Les robaron los derechos humanos a los pobres al no hacer las viviendas”, comentó Carrió.

La postulante presidencial de la Coalición Cívica destacó que Hebe de Bonafini “no fue estafada” por Schoklender, como afirmó en los últimos días.