Primeras palabras de la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, después de que el pleno, de carácter extraordinario del pasado viernes, 10 de junio, en el que se llevaba a votación el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda para la adjudicación a la empresa Urbaser SA del contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria quedase paralizado al contar con los votos a favor de los concejales del PSOE encabezados por la propia alcaldesa, y el portavoz del PRC, Héctor Lavín; mientras que contaba con el voto en contra del resto de concejales de la formación regionalista, de Ciudadanos y de PP. "Es una situación que me preocupa, la actuación de los 3 concejales del PRC es gravísima" ha destacado la regidora socialista en Hoy por Hoy Cantabria. Por su parte, Héctor Lavín, teniente alcalde y único concejal del PRC que apoyó la adjudicación, ha declinado hacer declaraciones por el momento.

"Tendrán que dar explicaciones las 3 personas que han votado en contra, porque la empresa tiene ya unos derechos adquiridos que no se han respetado y según la ley de contratación solo puede estar motivado por el interés general. El proceso de licitación ha contado con todos los informes a favor por lo que el Ayuntamiento podría enfrentarse a reclamaciones de los licitadores ya que un licitador que ha presentado su oferta y ésta es rechazada inmotivadamente tiene derecho a presentar recurso y muchas posibilidades de ganarlo" ha desgranado la alcaldesa.

Bolado ha reiterado que no le temblará la mano para que la posible responsabilidad patrimonial que puede producirse si la empresa acude a los tribunales recaiga sobre los 3 concejales que han votado en contra. "Son ellos los que tienen que dar una explicación a los vecinos porque la responsabilidad puede superar los 2 millones de euros, no es una broma, no voy a tolerar que los vecinos tengan que pagarlo, voy a actuar de oficio, si hace falta" ha remarcado.

Respecto a la estabilidad del equipo de gobierno, Bolado ha asegurado que no le va "a temblar el pulso" para pedir responsabilidades y si eso pone en riesgo el pacto de gobierno no le importa".

La propuesta de adjudicación rechazada por el pleno contaba con el respaldo de la Comisión de Hacienda, de la Mesa de Contratación y con todos los informes técnicos favorables recogía un importe anual de 2.006.874,05 euros IVA incluido, aceptándose entre las mejoras ofertadas por la empresa sin coste para el Ayuntamiento la reducción del plazo de la puesta en marcha del servicio de 4 meses, frente a los 8 en los que se abrió la licitación.

En la propuesta de adjudicación se recogía además la renovación de todos los contenedores mediante el suministro de nuevos contenedores metálicos tanto de residuos sólidos urbanos como de recogida selectiva, poniendo con ello fin a los problemas con los contenedores que se vienen padeciendo desde que fueran instalados en 2013.

Además, el contrato recogía la unificación de la recogida de residuos y la limpieza viaria, e iba a conllevar la mejora de la gestión y el control de las labores realizadas, permitiendo en todo momento poder evaluar la correcta prestación del servicio en tiempo real.

Para ello, además, la empresa adjudicataria se iba a contar con nuevos camiones de recogida y lava-contenedores, obligatoriamente compatibles con los contenedores que se adquiriesen, y disponer de una Plataforma Informática de Gestión Integral mediante dispositivos GPS para supervisar en tiempo real el estado de los trabajos