Carlotto tiene previsto reunirse con el abogado Antonio Aciar, que actúa como conjuez Federal en el caso, y con el fiscal Federal Juan Soria, además de mantener contacto con la prensa y entidades vinculadas con los Derechos Humanos.

La titular de Abuelas vendrá acompañada por el abogado de la misma asociación, Agustín Chit, y también se reunirá con autoridades del gobierno provincial.

La organización que preside Carlotto se interesó por la causa a partir de que trascendiera la posibilidad de una prescripción de los delitos investigados, y de que la medida se pudiera adoptar sin haber agotado todas las instancias de investigación, informó en un cable la agencia Télam.

Como ya publicó EDFM, Vildoza fue el segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre los años 1976 y 1980, durante la última dictadura militar, y está prófugo desde 1986, luego de negarse a comparecer en el Juicio a las Juntas Militares.

A pesar de que nunca fue apresado, en 1998 se comprobó, mediante un análisis de ADN, que uno de sus hijos había sido apropiado a un matrimonio de ex detenidos desaparecidos, Cecilia Viñas y Hugo Penino.

Pero según el testimonio que brindó en la capital fueguina el abogado Oscar Beccaluva, el ex marino vivió en Ushuaia con identidades falsas, entre los años 2000 y 2002, y manejó negocios vinculados con el juego donde se habría lavado dinero y bienes apropiados a personas desaparecidas.

Beccaluva también denunció que Vildoza recibió protección de dos abogados locales, Jorge Kresser Pereyra y Demetrio Martinelli, a quienes ahora investigan por presunto encubrimiento.

Por su parte Martinelli ya negó públicamente cualquier vinculación con estos hechos y atribuyó los dichos de Beccaluva a que este letrado fue denunciado por él en una causa por presunta administración fraudulenta.

Aciar interviene en la causa de Vildoza ante la excusación del titular del Juzgado Federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien alegó trato frecuente con Martinelli.

Fuentes judiciales confiaron a Télam que el conjuez pretende cerrar la investigación sin haber hecho lugar a una serie de pruebas solicitadas por la Fiscalía.

El testimonio

De acuerdo al testimonio aportado por el abogado Beccaluva, el capitán Vildoza también recibió ayuda de “Luis Alberto Campi y de un comisario de la Policía Federal de apellido Vélez que se encargaba de confeccionar documentos falsos”.

De esta forma, el militar prófugo “habría entrado y salido de Ushuaia con el nombre de Roberto Sedano y Roberto Marianucchi” además de “alojarse en una vivienda alquilada “de la calle Deloqui”, indicó el letrado en su declaración.

Beccaluva dijo conocer a la familia Vildoza desde 1995, y admitió haber intervenido en su defensa cuando la Justicia dictó la orden de captura de varios de ellos mientras el ex marino estaba prófugo en Sudáfrica.

El abogado contó que según el relato del propio militar, luego de la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 Vildoza “se reunió con Emilio Massera en su departamento de la avenida Coronel Díaz, y en presencia de el Tigre Acosta, Massera le presentó a Martinelli “por si tuviera necesidad de refugiarse dentro de Argentina, como persona de confianza y quien se iba a encargar de brindarle la protección debida”.

Beccaluva aseguró en su declaración que vio a Vildoza dos veces en la capital de Tierra del Fuego: “en 2001 en el estudio de Kresser Pereyra” y “en el año 2002 en un free shop”, y dijo que en ambas oportunidades “se sorprendió” porque “creía que continuaba fuera del país”.

Fuentes judiciales aseveran que el nexo entre Vildoza y Tierra del Fuego era la empresa American Data SA que regenteó los casinos electrónicos Oshowia, en Ushuaia, y Casablanca, en Río Grande, cuyo titular era Jorge Ernesto Vildoza, uno de los hijos del ex militar.

La otra causa

El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia tiene previsto juzgar a partir del 11 de mayo al abogado Beccaluva, en la causa donde fue denunciado por Martinelli.

Allí se lo acusa de haberse quedado con $34.822 pesos correspondiente al pago de una tasa de Justicia que nunca habría realizado.

Al defenderse de esa acusación, es que el letrado contó en detalle las supuestas actividades de Vildoza en la capital fueguina.

A raíz de esta declaración, fue iniciada una causa penal por separado que tramita ante el Juzgado Federal de Ushuaia, y en la que todavía no hay personas indagadas.

Según la denuncia contra Beccaluva, el 28 de septiembre de 2001, la empresa American Data le entregó $26.500 para promover una demanda contra el IPRA sobre repetición de pago indebido. Ese mismo día también le habrían entregado otros $8.322 en efectivo.

Después, entre esa fecha y el 4 de octubre, Beccaluva remitió vía fax los comprobantes de pago de las tasas por $34.822, uno de ellos, y por $80 el otro. Sin embargo, los pagos reales se habrían hecho por $80 pesos y por $34. Y al denunciado lo acusan de agregarle al comprobante de 34 pesos, el número 822 detrás, “a los fines de rendir un gasto mayor al realizado”, indica el requerimiento de elevación a juicio.