Con motivo de informar el proyecto de Ley presentado para estatizar las máquinas tragamonedas de los casinos provinciales, la Asociación de Empleados de Casinos y el gremio de Administración Maestranza y Servicio ofrecieron una conferencia de prensa este viernes por la mañana. La misma estuvo encabezada por Jorge Baino, Roberto “Chucho” Páez y Diego Garciarena, prosecretario legislativo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. El dirigente Aníbal Settino también formó parte.

Previa presentación de Baino, Garciarena explicó que la ausencia del senador Jorge Rueda se dio porque la comisión del caso Candela Rodríguez (NdeR: la joven asesinada en el partido de Hurlingham en agosto del 2011) se tuvo que reunir de manera urgente, siendo él quien la preside. Tras la firma del legislador, como también la de Cristina Di Rado, la semana pasada ingresó al Senado un proyecto de ley

Al respecto, Garciarena explicó que “el Senado se ha hecho cargo de un proyecto elaborado por los propios trabajadores, donde el vicegobernador Gabriel Mariotto propuso debatir el tema del juego en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, continuamos trabajando fuertemente con los dos gremios para evaluar propuestas legislativas”.

“¿Por qué se empieza con los Casinos de la Provincia?” se preguntó Garciarena, para inmediatamente contestarse que “corresponde defender fuertemente los lugares del Estado y los trabajadores. En esos lugares funcionan máquinas tragamonedas que están concesionadas, donde el Estado pone prácticamente todo: energía eléctrica, personal y el edificio. Pero comparto, casi a medias, las utilidades que producen esos artefactos”.

Entonces, explicó que “el proyecto propone que a la medida que vayan venciendo las concesiones de las máquinas tragamonedas en los casinos de la provincia de Buenos Aires, no se produzcan las renovaciones y que el Estado asuma la explotación con los trabajadores del Instituto Provincial de Loterías y Casinos”.

Según informes que han accedido, Garciarena dijo que “estamos hablando de unos 800 millones de pesos anuales, lo que arrojaría una nueva distribución. El 80% para el Estado provincial, el 10% para mantenimiento y renovación de máquinas y el porcentaje restante para los trabajadores”. Una vez aprobado en la Cámara de Senadores, pasará a la de Diputados. “Esperemos que esté sancionada antes de fin de año”, cerró el exconcejal por el Frente de la Victoria.