Declaran a Baltazar Garzón Visitante Notable. A 15 años de haber ordenando la detención de Pinochet, el ex juez español advirtió que la jurisdicción universal es un principio que se vio afectado a partir de haber permitido investigar a "países o a personas con poder político y económico".
Con el recuerdo de su decisión de encarcelar al ex dictador chileno, el ex magistrado radicado en la Argentina, repasó ayer de qué manera -a su juicio- la situación jurídica internacional que permitió adoptar aquella medida se encuentra actualmente atravesando por un proceso de retroceso. "No estamos en el mejor momento de vigencia del principio de la jurisdicción universal", reconoció Garzón, al considerar que así como años atrás hubo condiciones para juzgar casos de terrorismo y de crímenes de lesa humanidad más allá de las fronteras de distintos países "para evitar la impunidad", ahora no existen tantas facilidades para ello.
"En un momento determinado, cuando las investigaciones han ido afectando a países o a personas con poder político y económico, las cosas se han revuelto y se ha conseguido que las leyes restrinjan la aplicación de la jurisdicción universal", advirtió Garzón. A modo de ejemplo recordó un frustrado intento -al que consideró un punto de inflexión- por investigar en Bélgica al ex presidente George Bush y a su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld por crímenes atribuidos a los Estados Unidos, lo que no sólo fracasó, sino que derivó en la sanción de leyes que restringieron la posibilidad de aplicar en un sentido amplio el criterio de la jurisdicción universal. De todos modos, Garzón consideró que este principio es un "mecanismo de ida y vuelta" ya que "en un momento determinado, cuando no era posible investigar en la Argentina los crímenes de la dictadura por las leyes de obediencia debida y punto final, España contribuyó a que se avanzara en la protección de las víctimas y en la investigación". El ex juez destacó que por otro lado "en España el intento por investigar los crimenes franquistas en 2008 terminó en forma abrupta, con la suspensión del juez y con mi enjuiciamiento, cerrando cualquier posibilidad de investigación de estos crímenes, que suponen más de 152 mil personas desaparecidas y más de 30 mil niños robados a sus familias y padres republicanos". Garzón destacó que como contrapartida, "Argentina abrió un proceso judicial que permitió emitir una orden de detención de algunos represores que espero que abra la puerta a otras muchas. Por lo tanto aquí se abre una protección de las víctimas que en España no ha tenido lugar".
El reconocimiento a Garzón como Visitante Notable de Mar del Plata fue otorgado ayer por iniciativa de la concejal del Frente para la Victoria, Verónica Beresiarte. Para su ceremonia de entrega, asistieron entre otros, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ciano; el secretario de Gobierno, Marcelo Artime; la diputada Adela Segarra; el director de la oficina municipal de Derechos Humanos, José Luis Zerillo y los jueces federales Mario Portela y Roberto Falcone; además de representantes de diferentes organismos sociales y de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En este contexto, Garzón también se refirió a la necesidad de profundizar la participación civil durante la última dictadura en Argentina. "Las cosas no sucedieron solo desde el ámbito militar y policial sino que la represión tuvo un financiamiento y apoyo y un desarrollo nacional e internacional. En todo este tiempo, aún cuando no haya sido posible esa investigación, la acumulación de evidencias se ha ido produciendo a veces dentro y otras fuera de Argentina. La importancia de esto es que se vayan plasmando pruebas e indicios respecto de aquellos que apoyaron, auspiciaron o se aprovecharon en perjuicio de las víctimas con esa mecánica de terror. La Justicia está llegando a ese punto de inflexión difícil, donde la participación civil está quedando al descubierto", sostuvo.
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