Mientras no se resuelva esta causa, Agüero y Araniz no irán a la cárcel. Pero si la CSJN confirma lo actuado por la Justicia pampeana, ya no tendrán chance de esquivar la prisión.

El recurso de queja de Luis Araniz fue presentado el 6 de diciembre de 2010. La patrocina el abogado Carlos Alberto Beraldi.

Por su parte Hugo Agüero, con el patrocinio de su hijo Armando Agüero elevó el recurso de queja también el 6 de diciembre de 2010. El Diario no pudo conocer qué aspecto del proceso objetaron los ex funcionarios.

El 7 de diciembre también ingresó el recurso de queja de Walter García, presentado por su defensora oficial.

Finalmente los imputados Rubén Naval y Juan Cono D’amico, con el patrocinio del abogado santarroseño Marcos Paz.

Todas esas causas más la causa madre, la 4944/04 -tal el número de expediente de la causa en le juzgado de Verónica Fantini- ingresaron al despacho del juez Eugenio Raúl Zafarroni el pasado 2 de febrero de 2011.

Las condenas

Cabe recordar que además de Agüero y Araniz, fueron condenados los empleados Rubén Ángel Naval, Juan Cono D’Amico, Mirta Isabel Rodríguez y Walter Raúl García.

Ellos fueron sentenciados hace tres años por la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa por el desvío de casi un millón de pesos. Luego, apelaron ante el Tribunal de Impugnación Penal. En la revisión de los hechos, el TIP confirmó la sentencia. Finalmente el caso llegó al STJ, que revisó las cuestiones de derecho y confirmó lo actuado por el TIP.

Agüero y Araniz fueron hallados culpables de los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas) por un desvío total de 960.456,21 pesos.

La Cámara 1 probó que de dos cuentas estatales, una del Banco Hipotecario Nacional (con el recupero de cuotas) y otra de Gastos de Inspección, desviaron 960.456,21 pesos que no ingresaron a las cuentas del IPAV y con los cuales se realizaron gastos sin ningún tipo de control.

Además, el tribunal condenó a tres años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado a Mirta Rodríguez de Tieri, ex jefa del área contable del IPAV. Al ex tesorero, Walter Raúl García, lo había castigado con dos años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito.

Por otra parte, la ex habilitada Susana Beatriz Mansilla fue condenada a pagar una multa de 53.000 pesos por el delito de malversación culposa (en cuotas mensuales de 500 pesos). Y el ex presidente del Club Rucalén y jefe de Compras de IPAV, Juan Cono D’amico, como partícipe secundario del peculado, a un año de prisión.

Finalmente, el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Ángel Naval, fue condenado a un año de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 48.000 pesos, por recibir coimas menores.

Naval y D’Amico

En el caso de los defendidos Rubén Naval y Juan D’ Amico, el abogado Marcos Paz explicó que “llegamos en queja porque en los dos casos fueron procesados por un delito, acusados por otro y finalmente condenados por el tribunal por otros”.

Paz dijo que “en el caso de D’Amico estaba acusados por tres hechos de peculado. Nos dieron la razón en el juicio, pero fue condenado por otro delito, partícipe secundario. Entonces considero que fue vulnerado el derecho de defensa. Con ese reclamo vamos en queja”.

Según explicó Paz en el caso de Rubén Naval ocurrió lo mismo. “La acusación inicial era cohecho. Nosotros lo defendimos y el tribunal consideró que no incurrió en ese delito. Pero lo termina condenando por la recepción de dádivas”, explicó. Paz explicó que la discusión de fondo es que si los tribunales (la Cámara del Crimen o el TIP) pueden tipificar o encuadrar delitos.