Una de cal...

La Corte Suprema de Justicia finalmente le puso un freno al congelamiento de una causa en la que debiera investigarse una estafa concreta por parte de una empresa de telefonía celular: el máximo organismo judicial del país resolvió que el expediente debe quedar en manos del Poder Judicial pampeano y no de la Justicia Federal de nuestra jurisdicción.

La determinación permitirá que de una vez se avance en esa denuncia, formulada por la diputada provincial Claudia Giorgis.

Hasta entonces, la Justicia provincial había preferido mirar para otro lado: cuando la acusación a la firma “Claro” cayó en sus manos argumentó que la jurisdicción era incompetente para analizar el tema y prefirió hacer el intento de quitarse de encima esa presentación que “quemaba como una papa caliente”, según la metáfora que usó la legisladora para referirse al tema.

No se trata de un asunto menor: el engaño al que son sometidos los usuarios en general, con diversos artilugios, parece para cada uno de ellos -a veces- un monto menor, pero sumados constituyen cifras millonarias.

Generalmente, ante cualquier tipo de denuncia, las empresas zafan prometiendo la devolución de lo que se ha cobrado de más o de manera incorrecta, pero esas presentaciones en el rol de consumidores las dejan al margen de cualquier acusación penal, pese a que a primera mirada son delitos los que efectivamente se concretan en algunos casos.

Mucho más allá del caso puntual, lo que este episodio pone en el centro de la escena es el modo en el que estas multinacionales tratan a sus clientes y a los ciudadanos en general, abusando de su posición dominante en el mercado, aprovechando los descontroles estatales y usufructuando el modo en que las trata el poder político.

Por esas mismas razones es que se vuelve necesario -a esta altura imprescindible- que los actores públicos de nuestra provincia, y si pudiera ser del país mucho mejor, analicen seriamente, con una mirada de mediano plazo, la posibilidad de que lo que es un servicio público quede en manos cooperativas, estatales, o en un mix de ambas opciones.

La cantidad de dineros que se escapan de la región y el destrato que esas firmas muestran por los habitantes debieran ser motivos suficientes para que los distintos sectores políticos se pongan manos a la obra, dejando de lado mezquindades personales y sectoriales y abandonando, al menos en este tema, confrontaciones partidarias.

En numerosas ocasiones, esas ideas y proyectos se asemejan a una utopía y tienen algún costado propio de una aventura, pero también es cierto que únicamente pueden hacerse realidad si una comunidad y sus representantes deciden salirse del rol de rehenes que esas empresas oligopólicas les han destinado.

...y una de arena

Una red de impunidad y comportamientos mafiosos, que incluyen las amenazas como asunto natural y el crimen como lógica consecuencia, sale a la luz pública en el marco del juicio oral que se le sigue al exboxeador Víctor Purreta por el

homicidio de quien era su pareja, Andrea López.

Testigos que, temerosos, se arrepienten o se desdicen; relatos que permanecieron ocultos durante largo tiempo y el propio comportamiento que, hasta este momento, han tenido los investigadores policiales y judiciales, desnudan una trama delictiva en la que también están naturalizados el machismo, la explotación sexual de mujeres jóvenes, el abuso permanente y la innegable complicidad y connivencia de los delincuentes con otros actores sociales.

Purreta fue, durante largos años, no solo un boxeador reconocido por sus condiciones deportivas, sino también un personaje público tratado como un señor por las instituciones que en teoría están creadas para defender a los más vulnerables y por el funcionariaje que ocupa los lugares del Estado con la supuesta intención de tender a la justicia social.

En el juicio, que por fortuna tiene la participación de sectores y personas que demuestran su coherencia y su valentía, no solo Purreta debiera estar sentado en el banquillo, sino todos aquellos que de una u otra forma apañaron en los años previos sus conductas y comportamientos, aquellos que metieron bajo la alfombra toda una forma de vida que lejos está de haberse extinguido, pero que hoy al menos se debate públicamente.

Diez años pasaron desde la desaparición de Andrea López y esa década no solo es demostración del fracaso policial en su búsqueda, sino de la pereza -por usar un término benévolo- de un Poder Judicial que maneja los tiempos a su antojo: a veces es rápido para los mandados y en ocasiones se siente cómodo con la desidia que le permite patear las cosas para 

adelante y no comprometerse con determinadas realidades.

El Caso Purreta también tiene otro costado, más saludable: la reacción de múltiples ámbitos de la comunidad dispuestos a que el juicio resulte paradigma de una problemática antes oculta o ninguneada, pero que ahora encuentra un movimiento de reacción representado por instituciones y organismos, pero también constituido por individuos, especialmente jóvenes, que tienen sobre las cuestiones de género una mirada antes ausente o al menos recluida en sectores minoritarios.

Desde ya que las políticas de este tipo, las decisiones estatales vinculadas con el asunto -y que se pretenden a largo plazo- no se agotan en este debate judicial: al día siguiente de la sentencia, la mayoría de las condiciones de desigualdad de género permanecerán (eso incluye especialmente la violencia) y será necesario un concreto aporte estatal y social para seguir revirtiéndolas.