Rio Grande del Sur acaba de declarar “estado de calamidad financiera": deja de pagar a los proveedores del Estado, inclusive los servicios básicos. También deja de pagar sueldos, que serán entregados en cuotas a los trabajadores públicos. Además, deja de proveer suministros a la policía, con lo que pone en juego la seguridad. La emergencia deriva, según el gobernador gaúcho José Ivo Sartori de la crisis económica de Brasil, que con una caída del PBI de 7% (entre 2015 y 2016) produjo una reducción sustancial en la recaudación de impuesto. Para enfrentar la “tragedia”, según él mismo definió, piensa “privatizar” las empresas públicas rentables, especialmente, las eléctricas y despedir 1.200 funcionarios.

El gobierno gaúcho es el segundo en declararse en bancarrota. El primero fue Río de Janeiro, que sin oficializarlo en un decreto, recibió sin embargo un refuerzo del gobierno central de más de 800 millones de dólares. El gesto, en aquel momento, se justificó tan solo por un acontecimiento: la Olimpíada, que justo estaba por comenzar. Este martes por el mediodía hubo una reunión del presidente Michel Temer con 24 gobernadores brasileños –son 27 estados en total—. Allí plantearon necesidades “acuciantes” que exigen un apoyo financiero inmediato desde Brasilia.

Pero el gaúcho Sartori (del PMDB, el partido de Temer), en declaraciones realizadas a la salida de ese encuentro, dio como un hecho que ese “auxilio” no alcanzará: “Nosotros no tenemos una Olimpíada”, ironizó. Luego añadió que “la crisis es un problema de todos los estados”.

En el caso de Río, y luego de aquella ayuda recibida del gobierno federal a fines de junio, la crisis continúa viento en popa. Los recursos que fueron enviados al Ejecutivo fluminense, a mediados del año, sirvieron apenas para cubrir los gastos en seguridad que demandaban los Juegos Olímpicos. Ahora, zambullido en la crisis financiera, el gobernador Fernando Pezao mandó un paquete de medidas a la Asamblea Legislativa que contempla, entre otras “bondades” (como se dice en Brasil) el recorte de 30% del salario de empleados públicos y de jubilados del sector. Pero como con esto no alcanza, planea también extinguir programas sociales y privatizar todo lo privatizable. Todos esos proyectos tienen el mismo molde. También en Río Grande del Sur el plan de austeridad, enviado a los diputados provinciales, contempla la desaparición de secretarías (ministerios), las privatizaciones y los despidos. Ocurre que en la cita con los gobernadores, Temer y su ministro de Hacienda Henrique Meirelles dijeron que no tienen cómo enfrentar las quiebras de los estados, por cuenta del propio agujero fiscal en el que está sumergido el gobierno central. Propusieron, entonces, algunas soluciones transitorias como por ejemplo permitir que los estados provinciales petroleros puedan emitir títulos garantizados por los royalties futuros. Finalmente, puede haber una distribución de una parte de los 5.000 millones de dólares que ingresaron al Tesoro por la vía del blanqueo de capitales, que en Brasil llaman “repatriación”. Pero Sartori no cree que esos fondos, a ser repartidos entre Brasilia y los 27 estados provinciales, puedan servir de mucho: “Con suerte lo que nos toque representará apenas 10% del volumen salarial; de modo que estamos seguros de que no podremos pagar el aguinaldo”.

El escenario puede ser dramático para el gobierno Temer. De hecho, pone en las manos presidenciales una bomba de tiempo. Miles de manifestantes se concentraron el martes desde temprano frente al edificio de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, en el centro de la “Ciudad Maravillosa”. Se empeñan en impedir que los diputados votaran el paquete de ajuste anunciado por Luiz Fernando Pezão. La semana pasada los enervados cariocas invadieron el Palacio de Tiradentes, donde funciona la Asamblea Legislativa; el barullo fue tal que obligaron a los legisladores a suspender el tratamiento de ese “paquete de maldades”. Entre tanto, el titular de la Asamblea Jorge Picciani –padre del ministro de Deportes brasileño- enviaba por Twitter un mensaje en el que pedía “diálogo”. Y añadía: “No se construyen propuestas bajo amenazas”. Lo que este político del PMDB (el mismo partido de Temer) pareció no comprender es que el proyecto hace recaer todo el peso de la crisis sobre trabajadores de la administración pública que, en Brasil, forma parte de la clase media-media e inclusive de la media-baja.