En un escenario crispado, la Cámara Federal deberá definir, en 30 días, la situación judicial de Mauricio Macri con el cuidado de no arriesgar su buen nombre avalando el fallo de un juez polémico, ni minimizar la responsabilidad del Jefe de Gobierno porteño en la causa de las escuchas telefónicas. El Tribunal ya tendría una fórmula: confirmaría el procesamiento, pero cambiaría la carátula. Macri quedaría procesado pero no ya como partícipe necesario en la asociación ilícita, delito no excarcelable; sino como encubridor o sólo partícipe.

El juez federal, Norberto Oyarbide, procesó a Macri por partícipe necesario (indica que sin su vinculación con la asociación ilícita esta no podría haber existido) y dejó abierta la posibilidad de ordenar su detención si así lo considerara necesario. La Cámara, en cambio, ratificaría el procesamiento pero por cargos excarcelables: encubridor o partícipe (se afirma su vinculación a la asociación ilícita, pero no como determinante para que esta existiera).

El cambio de carátula le da aire al Jefe de Gobierno, pero no lo desvincula de la causa de espionaje y por eso sus abogados apelarían a la Cámara de Casación Penal el fallo de la Cámara Federal. Recién con el pronunciamiento del último Tribunal avanzaría en la Legislatura la conformación de una Comisión investigadora.

Fue la Coalición Cívica la que permitió al oficialismo ganar tiempo cuando anunció que apoyaría el armado de la comisión, paso previo al juicio político, recién cuando hubiera sentencia firme. Si Casación ratificara todo lo actuado, entonces la Legislatura no tendría más opción que crear una comisión especial que investigue la causa de las escuchas telefónicas.

Desde el macrismo, sin embargo, apuntan que el fallo de Casación no es sentencia firme, puesto que aún resta una instancia más de apelación: la Corte Suprema de Justicia. Enredado en una discusión político jurídica y con la campaña lanzada a 2011, Mauricio Macri deberá definir su jugada.