Esperón sostiene que los descuentos son “anticonstitucionales”

Hoy, la Secretaria General del SOEM, Sandra Esperón, rechazó los descuentos que está aplicando el Estado en los haberes de los trabajadores en concepto de aporte solidario. Informó que el sindicato hará una presentación ante la Legislatura y el Poder Judicial para que se deroguen los artículos que los trabajadores consideran inconstitucionales, arbitrarios y que causan inequidad.

La dirigente dijo que el aporte solidario “no tiene nada de solidario” y que para los trabajadores constituye “una rebaja salarial”.

 

Esperón explicó que el único parámetro que se ha tomado para efectuar este descuento en los activos es la edad y que para aplicarlo en los jubilados se tomó el parámetro salarial, esto significa que el aporte solidario se aplica en los haberes jubilatorios de aquellos que ganan 40 mil pesos.

 

Con respecto a los descuentos que se le realizan a los activos, indicó que hasta los 45 años se le descuenta el 1 por ciento a cada trabajador del Estado; desde los 45 hasta los 50 es el 3 por ciento y a partir de los 50 el 4,5 por ciento y a todos los empleados estatales se les descuenta un 1 por ciento más en la obra social.

 

“A un empleado municipal que tiene una categoría 2, que tiene 30 años de aporte, se le aplica un 4,5 por ciento y a un profesional que tiene el grado máximo de la municipalidad, que cobra lo mismo o más que el que tiene 30 años de aporte, se le descuenta el 1 por ciento”, ejemplificó la referente del SOEM para evidenciar la inequidad. “Hay una distorsión, una arbitrariedad en el cálculo de estos descuentos que obviamente es anticonstitucional”, remarcó. “En todo caso podríamos decir a igual remuneración igual aporte solidario pero no queremos entrar en esa discusión porque para nosotros no hay que descontarle el sueldo a nadie”, señaló.

 

Por último, la gremialista indicó que “lo más grave es que los funcionarios, el intendente, los concejales, los legisladores, la gobernadora sufren el mismo descuento que un trabajador de planta de 30 años, es decir el 4,5 por ciento, y no se puede valuar el sueldo de un funcionario con el de un trabajador. ¿Desde qué lugar el legislador hace esta ley, de la distorsión, de la arbitrariedad y la inequidad de todos los empleados del Estado?”.

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