El juicio, que ya es irrevocable luego que la Cámara Nacional de Apelaciones Nº 1 ratificara los procesamientos y las prisiones preventivas de los acusados por el delito de lesa humanidad en nuestra ciudad, Abel Oscar Bracken, Edgardo Antonio Mastandrea, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Angel Almirón, Julio Esterlich, el médico de policía Aldo Antonio Chiachieta, y el coronel Angel José Gómez Pola, se desarrollará en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Capital Federal.

Se trata de una causa que en primera instancia había intervenido el juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, y ahora a cargo de Rafecas.

“Como integrante de organismos de derechos humanos, junto a Madres de Plaza de Mayo estamos esperando la próxima instancia, una nueva etapa que se inicia, que es el juicio por la verdad”, aseveró Oscar Farias.

“ A estos juicios los vemos en distintas provincias argentinas y han tenido resultados muy positivos para los organismos de derechos humanos. Así que Junín merece tener también este juicio por la verdad, culminando así una etapa en la cual se trabajó mucho para presentar las denuncias, la investigación, y de ahora en adelante la Justicia es la que tiene en sus manos la posibilidad de saldar una etapa de la historia”.

Recordó que el largo camino de la justicia se inició con la presentación penal en marzo de 2007, y al poco tiempo de haber asumido Farias al frente del Departamento de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Gobierno Local, junto a familiares y víctimas de la represión y ciudadanos comprometidos, y a la Comisión Provincial por la Memoria. Allí se pidió una investigación, al denunciarse que “entre 1976 y 1983, en Junín funcionó un circuito represivo denominado ´Subzona XIII´, donde se secuestró, torturó, sustrajo muebles e inmuebles y desaparecieron cuatro jóvenes: Hugo Torreta, Enrique Ríos Duré (soldado), Adrián Romié y ´Beto´ Mesa (militante cultural)”. Y en esa línea recordó también el dirigente la presencia del juez Rafecas en Junín, donde recorrió las instalaciones de la Comisaría Primera, con una revisión idéntica en la Unidad Regional Nº 8, la Unidad Penitenciaria 13 y el destacamento de Morse, siempre con el testimonio de las víctimas como aporte paralelo.

Reparación histórica

Por otra parte, Farias confirmó que ya cuatro personas cobraron los beneficios inherentes a la Ley 14.042 (de Reparación Histórica) sancionada por la Cámara de Diputados bonaerense, de los casi treinta expedientes que hay en Junín, para que aquellas víctimas del terrorismo de estado reciban una pensión por parte del Estado provincial.

“La mayoría de los expedientes tuvo una resolución favorable por parte del IPS. Ahora resta esperar que se concrete la pensión y se hallan en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y en el próximo mes se agregarán más beneficiarios”, dijo.

Los montos fijados para estas pensiones oscilan entre los 2 y tres mil pesos.

Farias destacó la intervención del gobernador Daniel Scioli en lo que significa esta justa reparación. Incluso, el último mes ARBA firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo donde el organismo bonaerense exime de impuestos a personas víctimas de las dictaduras”.