“Nos quedamos perplejos”, confesó el médico Edgardo Gigena, uno de los denunciantes del caso en 2012, sobre el archivo de la causa penal resuelto por el fiscal general Guillermo Sancho. En conferencia de prensa, el gremio anunció que le pidieron al titular de la FIA, Juan Carlos Carola, que se investigue cual es la situación actual de las plantas y, además, que tome la sugerencia del fiscal Sancho y se apliquen sanciones administrativas.

En la investigación se comprobó que las plantas de oxígeno de la provincia no cumplieron con los controles de calidad interna y externa durante dos años, entre 2010 y 20122. Así suministraron el producto durante ese período a los hospitales para la atención de los pacientes. Para Sancho, se trató de “una negligencia y desidia total” de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, aunque consideró que no se configuró un delito. El funcionario judicial archivó la denuncia penal el 3 de julio último y giró el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que aplique las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes a los responsables.

El fallo contiene duros cuestionamientos al ministro de Salud, Mario González, y a los responsables de las plantas, que hicieron caso omiso de las advertencias de los ejecutores de los controles, técnicos que dependían de la Unversidad Nacional de La Pampa, con la que se firmó una auditoria exgerna para el control del oxígeno en diciembre de 2006, durante la gesión del exgobernador Carlos Verna.

La decisión judicial de archivar la causa causó sorpresa entre los denunciantes -que fueron notificados hace unos días- en virtud de las graves irregularidades que se comprobaron en el expediente. La denuncia había sido presentada el 12 de abril de 2012 por los médicos Edgardo Gigena, Roberto De Martini, el radiólgo Carlos Ortellado (secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud), la instrumentadora Mirta Viola y el enfermero José Luis Chirino, con el patorcino del abogado Miguel Palazzani.

“Pescado podrido”

“La mayor parte de la investigación la hizo Carola. Sancho no aportó ni una página, aun teniendo todas las herramientas de la justicia. Con la resolución nos quedamos perplejos. Dice que hay irregularidades de todo tipo, pero no se puede hacer nada porque ya paso”, confió este jueves Gigena, en una conferencia que dio el gremio en el hall del hospital Lucio Molas.

Este jueves los gremialistas se presentaron en la FIA para que se apliquen las sanciones a los responsables políticios y administrativos y, además, para que se amplie la investigación para determinar cómo funcionan las plantas de oxígeno medicinal en la actualidad.

“Nos preguntamos qué espera el gobernador para cambiar la política y el ministro de salud. El oxígeno es una droga regulada por ANMAT y se estaban cometiendo muchas violaciones a las recomendaciones que hace ese organismo”, insistió Gigena. “¿Qué pasó? Nadie se murió, evidentemente, por lo menos que sepamos. Pero esto también puede producir un daño que no termina en la muerte. Para detectar eso se requiere de estudios que requieren de una complejidad que no vamos a poder determinar en este caso”, añadió.

El gremialista recordó que el ministro insinuó, cuando hicieron la denuncia, que obraban para beneficiar intereses privados. “El ministro nos vendía pescado podrido. Como ahora nos vendió pescado podrido Varela con el incendio en el hospital. Eso nadie lo investigó”, dijo.

“Si uno se va a operar, cree que el bisturí, los guantes, las agujas están descontaminadas. Hay una serie de pautas que se tienen que cumplir, que tienen que ver con la seguridad y la salud. La gente que hacia este trabajo no cumplía las pautas que sabían que tenían que cumplir. Por eso no entendemos por qué el fiscal dice que no hay delito. Ellos sabían, no pueden alegar que lo desconocían”, explicó.

“No pueden alegar que no sabían, era su responsabilidad, de funcionarios públicos. El giro dialéctico que hace el fiscal para dejarlo afuera de la justicia penal no es resorte de nuestro conocimiento, pero nos llama terriblemente la atención. Sancho le sacó el collar al ministro, no somos especialistas, pero en otors lugares del país ha ido gente presa cuando se entregaron drogas que no respetaban las condciones que fija el ANMAT.Nos llama la atención”, confesó.

El médico Roberto De Martini señaló que les produjo “un rechazo absoluto” la conducta de “nuestros colegas”. “No hay que olvidarse de esto, no se trata de gente que desconoce. Cada uno ellos es profesional y tiene una responsabilidad, además de funcionario público, como médico. No pueden aducir que esto no lo conocían. Sabían que el oxígeno necesitaba ciertos recaudos y cuidados”, concluyó.

Se rompió y no se arregló

La auditoría externa de la producción de oxígeno medicinal debía realizarla la Universidad Nacional de la Pampa, a partir de un convenio que se firmó en diciembre de 2006, durante la gestión del exgobernador Carlos Verna. El acuerdo exigía una frecuencia mínima de doce controles por año.

Durante la investigación, los técnicos de la universidad a cargo de los controles en las tres plantas declararon que solo los hicieron durante dos años-una sola vez detectaron una anomalía-, pero luego se rompió el cromatógrafo, un equipo especializado para hacer el control de calidad, que era propiedad del estado provincial, y nunca se reparó a pesar de las notas que enviaron para notificar el desperfecto.

En octubre de 2012, el ministro de Salud, Mario González, declaró ante la fiscalía que la provincia estaba tramitando la compra de otro equipo y que el control de calidad lo efctuaba “un laboratorio privado habilitado”, de cuyos informes concluía que el gas medicional “reúne las condiciones de pureza especificadas por disposición pertinente de ANMAT”.

El funcionario admitió que el cromatógrafo de gases, propiedad de la provincia, se encontraba con un desperfecto técnico y que estaba “a la espera de un repuesto”. Además, admitió que siempre faltó una parte de un equipo adicional, que el gobierno no proveyó, que hubiera permitido el control de humedad del oxígeno medicinal.Por lo tanto, reconoció que el que el control nunca fue completo. “Nadie efectuó los controles de calidad del oxígeno cuando los equipos se rompían o falllaban”, detalló la resolución.

La FIA había iniciado un sumario por el caso antes de la denuncia penal y luego remitió las actuaciones a la fiscalía. En ellas, figuran las notas cursadas por las técnicas encargadas de los controles ante la imposibilidad de hacerlos por la rotura del único equipo y la falta de respuestas de parte de Salud. Tamibén una nota de la decana de Exactas y Naturales, Graciela Roston, en la cual admite que los controles a las plantas de oxígeno medicinal de la provincia dejaron de realizarse en diciembre de 2009. También están las planillas que miden en todos los casos una pureza de oxígeno medicinal superior al 96% durante la vigencia del convenio.

El encargado de las plantas, el ingeniero Néstor Malvicino, fue apartado del cargo luego de que la situación trascendió en los medios. La bioquímica Clara Forastieri declaró que recién un año después se enteró que había sido afectada por resolución de la Subsecretaría de Administración y se la había designado directora técnica de las plantas de oxígeno.

El fiscal Sancho determinó que hubo “irregularidades, despreocupación, desidia y falta de diligencia” de parte de los funcionarios, además de una “conducta totalmente negligente”. Sin embargo, consideró que no hubo delito y “solo cabe una corrección disciplinaria a los eventuales responsables”.