Después de 28 años de dudas, se confirmó lo que muchos ex conscriptos sospechaban sobre el presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, Héctor Omar Cisneros. Su nombre figura en el listado de los miembros del Batallón 601, el organismo de inteligencia del Ejército. Según los archivos desclasificados el año pasado y publicados semanas atrás, el titular de la ONG que nuclea a parientes de ex combatientes desde 1982 se desempeñó como analista de información de la máxima central de espionaje de la última dictadura militar. "Este señor siempre quiso fomentar el olvido y frenar el reclamo de los familiares respecto a lo que había sucedido en las islas con sus seres queridos. Lo peor que les podía pasar a los militares era que los familiares de Malvinas se juntaran con las Madres de Plaza de Mayo", concluyó Ernesto Alonso, titular del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), cuando Crítica de la Argentina le transmitió la revelación.

En la nómina que contiene los 4.300 apellidos de agentes, entre civiles y militares, Cisneros figura como encargado de apoyo y procesamiento de datos, entre agosto de 1981 y 1983. Es decir, junto a los otros 474 agentes que cumplían esa misma función, tenía como tarea clasificar los informes que recolectaban agentes de reunión y producción del nivel de Raúl Guglielminetti, detenido por delitos de lesa humanidad. No obstante, Cisneros lo negó a este diario (ver recuadro).

Al mismo tiempo que cumplía tareas en el Batallón 601, apenas finalizó la guerra de Malvinas –donde murió su hermano Mario– y cuando el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri se derrumbaba; en septiembre de 1982, Cisneros fundó la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, encargada del armado de la lista de los parientes que viajaron a las islas en octubre pasado y de mantener y administrar el cementerio de Darwin. Más allá de su labor organizativa dentro de la ONG, para algunos ex combatientes, Cisneros tenía el objetivo de "controlar" a los familiares díscolos. "Desde la Comisión, él tenía la posibilidad de espiar a las madres, padres, hermanos y esposas de los caídos. Cuando algún familiar quería empezar a plantear dudas, Cisneros lo aislaba del resto. Si bien no servía para espiar, sobre los familiares ejercía bastante influencia psicológica", apuntó un ex conscripto que prefiere mantener en reserva su nombre.

Orlando Pascua, ex combatiente y miembro de la Red Compromiso Social por Malvinas, coincide: "Las fuerzas armadas no querían dejar en manos de otros el tema de Malvinas. No me causa sorpresa que Cisneros haya sido agente de inteligencia, sobre todo cuando uno analiza su postura pública".

La ONG creada por Cisneros tomó fuerza durante el gobierno de Carlos Menem, época en la que además se vinculó fuertemente con el ex carapintada Mohamed Alí Seineldín, a través de la Federación de Veteranos de Guerra. Por esos años, conoció a César González Trejo, actual apoderado de la Comisión de Familiares. En 2008, cuando era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Trejo no dudó en decir a este diario que la ministra de Defensa, Nilda Garré, era un "desastre" y en defender al militar que se alzó contra la democracia.

Tanto Trejo como Cisneros tienen buena llegada al titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, su principal nexo con el gobierno nacional. El primero consiguió un puesto clave en esa dependencia de Cancillería en agosto de 2003, gracias a su amistad con el funcionario kirchnerista; el segundo, cada vez que puede, se ufana de tener con él una relación política de más de 20 años.

Según el ex combatiente Alonso, "no sorprende que Cisneros figure en la lista del Batallón 601 porque siempre se opuso a buscar la verdad y a las causas de violaciones de derechos humanos vinculadas a Malvinas". En 2005, cerca de 22 ex conscriptos contaron los múltiples vejámenes a los que fueron sometidos durante el conflicto. En abril 2007, la Secretaría de Derechos Humanos y la Coordinadora Provincial de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Corrientes denunciaron estos apremios ilegales ante la jueza federal de 1ª Instancia de Río Grande, Tierra del Fuego, Liliam Herráez. El rol de Cisneros en el organismo de inteligencia del Ejército también explica su negativa frente al pedido impulsado por un sector de ex combatientes para que se identifiquen los cuerpos enterrados como NN en Malvinas, los cuales están en tumbas etiquetadas con placas que anuncian: "Soldado argentino, sólo conocido por Dios". Con la desclasificación del listado, Cisneros prefirió dejar de lado los exaltados discursos y bajó el perfil. Se llamó a silencio con la esperanza de que su pasado no saliera a la luz. Ahora, deberá explicar su paso por el Batallón 601, al menos, ante los familiares.

Un llamado con final abrupto

A Héctor Omar Cisneros le jugaron en contra los nervios. Cuando Crítica de la Argentina se comunicó con él, negó su vinculación con el Batallón 601 con un argumento que lindó con el disparate.

–¿Está al tanto de que su nombre figura en el listado del Batallón 601?

–¿En qué listado?

–En los archivos desclasificados del organismo de inteligencia del Ejército. Según la lista, usted desempeñaba tareas de apoyo y procesamiento de la información.

–No soy yo.

–¿Su número de libreta de enrolamiento es 5.404.749?

–No. 748.

–¿No es 5.404.749?

–No, termina en 748. Igual voy a averiguar.

–Sin embargo, en un registro de audiencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros el número de su libreta de enrolamiento es 5.404.749.

–Pero no es así.

–¿Usted integró o no el Batallón 601?

–No, no.

A pesar de que Cisneros jura que su libreta de enrolamiento es 5.404.748, ese número pertenece a una mujer, según pudo corroborar este diario. Y así se lo transmitió en un segundo llamado.

–El documento 5.404.748 que usted se adjudicó como propio pertenece a una mujer. No está a su nombre.

–Ah...

–¿Cómo explica eso?

La respuesta no llegó. Cisneros prefirió cortar.

Un funcionario de Defensa en la lista

La desclasificación de los documentos sobre los agentes de inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea que operaron durante la dictadura militar derivó en un pedido de informes sobre un funcionario del Ministerio de Defensa. El diputado radical Julio Martínez –presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja– pidió que el Poder Ejecutivo explique si Carlos Aníbal Aguilar, director de Inteligencia Estratégica Militar de ese ministerio, "se encuentra implicado en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar".

El diputado radical remarcó que en la lista desclasificada, "entre los agentes de la nómina correspondiente a la Fuerza Aérea, aparece Aguilar, quien ocupa ese puesto desde la asunción de la ministra Nilda Garré, y cuya designación transitoria fue prorrogada por decreto 383/2010 del 17 de marzo de 2010". El legislador planteó además que en la página web de Defensa, en el currículum de Aguilar figura su antecedente como "analista en el Departamento de Estrategia de la Fuerza Aérea Argentina" desde noviembre de 1980.