Las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Susana Wilma López luego del asesinato del militante Mariano Ferreyra confirmarían la participación de la cúpula de la Unión Ferroviaria en el intento de encubrimiento del crimen, y revelan la intervención oficial. Este diario ha podido acceder, a través de una fuente ligada al expediente, a extractos de las escuchas que comprometen al entorno de Pedraza y salpican a dos funcionarios, uno de ellos nombrado por Pedraza en el Gobierno.

Los funcionarios son Juan Araya, presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), que controla las líneas concesionadas, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, un hombre proveniente del sindicato La Fraternidad.

En el caso de Araya, apoderado de la Unión Ferroviaria y designado en su cargo en el Estado por su jefe directo, José Pedraza, aparece en las escuchas telefónicas negociando la defensa de los siete detenidos por el crimen ocurrido el 20 de octubre pasado en la inmediaciones de la estación Avellaneda. En las conversaciones, Araya contrata a un abogado y le requiere “al menos dos abogados más para los muchachos”.

Araya, quien maneja un presupuesto de 40 millones de pesos anuales desde la Sociedad de Operaciones Ferroviarias, también habla de “sacar todo” antes del allanamiento a las sedes del sindicato.

En la causa, también se registra una escucha que desnuda el trato familiar y directo de “Antonio” –quien para la Justicia y la querella se trataría de Antonio Luna– con “Juan”, señalado por la fuente consultada como Juan Carlos “Gallego” Fernández, secretario de Administración de UF. Durante la charla, ocurrida tras la detención de Pablo Díaz –jefe de la línea Roca en el gremio y número tres del sindicato–, el funcionario expresa su “solidaridad” con el “Gallego” Fernández. “Estoy con vos, tenés todo mi apoyo, Juan.” Luego discuten sobre la conveniencia o no de que la Unión Ferroviaria decrete un paro para protestar por la detención de Díaz –acusado de dirigir la patota y los barrabravas ese día–. “Decile a los muchachos que esperen”, solicitó Luna. “Decile al Gobierno que no se meta con nosotros”, le contestó el “Gallego”.

Fuentes de la causa aseguraron a PERFIL que el Juzgado de Instrucción número 38 cuenta con un “abundante legajo” de escuchas telefónicas realizadas a Pedraza, que la jueza López resguarda celosamente para fundamentar el procesamiento del pope sindical en los próximos días.

Las escuchas también revelarían que Pedraza participó en una maniobra para intentar sobornar a un camarista de Casación Penal y así lograr que la Justicia excarcele a los siete detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero (ver página 3).

“Desde fines de diciembre, el Gobierno sabe que existen esas escuchas”, admitieron en el entorno de la Secretaría de Transporte. “De hecho, (Juan Pablo) Schiavi manifestó su preocupación por eso, ya que Pedraza es un socio central del Gobierno en el transporte.”

“Detalles” del crimen. Según consta en la causa, los barrabravas fueron los que llevaban las armas de fuego para disparar contra los manifestantes del Partido Obrero y un grupo de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Durante la indagatoria a Pedraza, el fiscal quiso saber por qué había armas en la manifestación. “A mí nadie me dijo, tampoco pregunté. No es mi estilo andar preguntando detalles”, contestó el dirigente sindical.

La abogada Claudia Ferrero, representante del Partido Obrero, dijo a este diario que “no hay posibilidades legales de que los diez detenidos no lleguen detenidos al juicio” por el crimen del militante de 23 años. “La prueba es abrumadora y no importa a cuántas instancias de apelación recurran los defensores”, agregó.

“Pedraza nunca habló con nadie y no hay grabaciones sobre conversaciones suyas en la causa”, argumentó su defensor, Carlos Froment. “Sólo habló por teléfono con Fernández –por el “Gallego”, su número dos en el gremio–, el día de los incidentes, lo cual es normal entre ellos”, agregó. “No se planificó nada, nadie dio orden de matar”, alegó con relación al asesinato de Ferreyra. Para el abogado, “es peligroso procesar a una persona sólo basándose en cruces telefónicos”.

Este es el segundo caso que lleva a Pedraza a la Justicia. Hace casi cinco años, ya había sido procesado por una presunta estafa millonaria contra los afiliados a su gremio. Esta vez, está acusado de delitos mucho más graves y se estima que podrá quedar procesado por co-autor del crimen de Ferreyra, lo que le valdría una condena de entre ocho años y perpetua.