A raíz de la participación del fiscal general Daniel Adler en el jury de enjuiciamiento que enfrentó José María Campagnoli, la hija del funcionario judicial marplatense sufrió un escrache en la puerta de su colegio, ubicado en la calle Pellegrini de nuestra ciudad. Además se realizaron pintadas en el domicilio del Fiscal.

Desde distintos sectores de la ciudad manifestaron su rechazo a esta actitud violenta y cobarde. Sin embargo desde el ámbito judicial no hubo manifestaciones sobre este hecho.

Finalmente el juez Esteban Viñas hizp pública su postura mediante una Carta pública que indica textualmente lo siguiente:

Además de ciertas virtudes humanas,  la sociedad necesita de los jueces que vivamos dos condiciones funcionales indispensables: Imparcialidad e Independencia. La primera alude a la capacidad de abocarse al caso a resolver sin tener interés personal de ninguna índole con las partes ni con el objeto del litigio. Y la independencia implica, tanto la condición de ser el único poder del Estado con competencia para resolver los conflictos de los ciudadanos con la ley, como la aptitud –interna y externa- de poder hacerlo libre de interferencias, presiones y amenazas de cualquier índole.

Lamentablemente, en algunas ocasiones hemos visto que estas deseables condiciones de la labor jurisdiccional se vieron comprometidas, especialmente en el ámbito penal,  por el accionar de distintos sujetos –personas físicas y jurídicas, funcionarios, políticos, medios de prensa e instituciones públicas, etc.- que utilizaron caminos diversos como denuncias infundadas o temerarias, campañas de difamación periodísticas, amenazas directas o veladas, juicios populares o paralelos a los institucionalmente previstos, escarches identificados o anónimos, etc.

Con especial insistencia este tipo de ataques a la independencia de un órgano juzgador se han dado en Juries de Enjuiciamiento de Jueces y Fiscales, con acciones dirigidas tanto contra el funcionario que es objeto de juicio (por ejemplo en nuestra provincia ver los juries de los Dres. Susana Calcinelli,  Nicolás Schiavo, Rafael Sal Lari, José Luis Ares y Pedro Hooft, e/o), como contra los magistrados que integraron esos Jurados (recientemente también en el caso del último juez precitado y en estos días, con motivo del Jury contra el Fiscal José Campagnoli, el ataque al Fiscal General Federal de esta ciudad, Dr. Daniel Eduardo Adler).

Deteniéndome más en el caso de acciones de este tipo contra los jurados puedo distinguir dos situaciones diferentes: a.) la queja o disconformidad por el contenido de una resolución ya dictada, que si bien no es la vía prevista para impugnarla tiene cierta aceptación social y es parte de los riesgos de nuestra profesión, pues no somos la sal de todos los platos y alguien siempre puede quedar disconforme con lo que resolvemos.

Y b.) el ataque previo al dictado de una resolución mediante la injuria, la discriminación ideológica, el agravio o ya directamente la amenaza directa o velada  que merece nuestro más absoluto rechazo porque, sin duda, amén de la posible ilicitud, no es la vía legal para peticionar a las autoridades a fin que resuelvan de una u otra manera y en una República, el imperio de la ley rige para todos, mandándonos ajustar nuestras peticiones y resoluciones a los cauces normativamente previstos (ante una disconformidad el medio de impugnación es el recurso no el agravio ni la difamación fuera del proceso).

En el último de los casos anteriormente aludidos, el reciente escrache realizado contra el Fiscal Adler, previo a su votación en el caso Campagnoli, mediante panfletos tirados en su barrio y en la vereda del colegio de su hija menor, donde –con el cobarde subterfugio del anonimato- se lo tildó de “defensor de Korruptos”  y se lo amenazó veladamente, mediante mensajes en redes sociales: “C/ lo q cobro p/vender a Campagnoli no comprara seguridad p/ud.y su flia….” o “….sicarios corruptos del cartel K no manipulen ni tuerzan la justicia con sus votos contra el fiscal  Campagnoli, porque los ciudadanos harán justicia con uds.”, sin duda constituyen procedimientos antirrepublicanos que deseo repudiar, expresando, además, mi solidaridad con el nombrado y su familia.

Más allá de aquellas virtudes exigibles a un juez, desde afuera y en un estado de derecho, se le debe dejar hacer su trabajo libremente. De modo que si alguien cree que un magistrado ha incurrido en una conducta ilícita o venal, lo que debería hacer es promover la denuncia pertinente y evitar este tipo de ataques que pueden afectar su desempeño funcional (son seres humanos como cualquier otro).

Es bueno recordar lo que nos enseñó Joaquín V. González cuando afirmó que: “ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia” y agrego de mi parte, no es posible asegurarla si no respetamos la independencia de los jueces”.