Río Cuarto. El día que debería comenzar a exigirse la inspección técnica vehicular (ITV) en Río Cuarto se desató una fuerte polémica por el modo en que el municipio habilitó sólo dos talleres en los que se puede realizar el control. Está en juego un negocio de cuatro millones de pesos, en función del parque automotor de la ciudad.

Todas las dudas apuntan contra Jorge Méndez, responsable del Ente Descentralizado de Control de Tránsito, que otorgó los permisos exclusivos a dos talleres.

Méndez pertenece al acastellismo. Y dos dirigentes de ese sector político fueron los primeros en anotarse en el registro único, que dio las habilitaciones “por orden de inscripción”.

El decreto del intendente Juan Jure para crear el registro único de talleres se publicó en el Boletín Oficial municipal el 12 de agosto. El día 13, a las 7.30 y a las 7.40, ya había dos sociedades presentadas. La primera a cargo de Hugo Tello, empresario que también tiene la concesión de la Inspección Técnica Vehicular en Villa María, ex funcionario del intendente kirchnerista Eduardo Accastello; y la segunda, presentada también por un dirigente acastellista que es su socio en Villa María, Javier Félix Giaquini (quien luego desistió de tomar el emprendimiento).

Diez días después apareció un tercero oferente, Maximiliano Pécora, de Río Cuarto, que finalmente se quedó con la segunda habilitación, aunque la firma está “en formación”.

Controversia. Méndez defendió el proceso de adjudicación y advirtió que no se debería “discriminar” a empresarios por ser acastellistas. Desde Villa María, el legislador provincial Enrique Sella, que tiene la concesión nacional del ITV, disparó que Tello, que fue director de su taller y luego pasó al municipal, podría no ser el dueño de la empresa sino un mero “testaferro”.

Para la oposición en Río Cuarto, el proceso de selección de los talleres no fue transparente. Eduardo Scoppa, del ARI, denunció que estuvo “todo armado” para beneficiar a “amigos del poder”.

Por su parte, Claudia Bringas, edila del Fregen, reclamó porque la concesión, dada “en forma precaria por 10 años”, no pasó para su análisis por el Concejo Deliberante de esa ciudad.

Estela Concordano, del justicialismo riocuartense, adelantó que pedirán que todo el proceso vuelva a fojas cero y solicitará anular las exigencias hasta que se dilucide lo actuado.

A todo esto, decenas de vecinos ya comenzaron a pedir turno para hacer la inspección técnica vehicular, que cuesta 80 pesos pero sólo vale por un año. Mientras, que en los talleres con habilitación nacional –que curiosamente no son avalados por el municipio– la revisión cuesta 120 pesos pero tiene dos años de vigencia. Un escándalo que promete nuevos capítulos.