Casolati es secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín y además director de la Fundación. Se hizo cargo cuando Julio Grassi fue a prisión en septiembre del año pasado, condenado por abuso.

“Descubrí que entraban muchísimas donaciones a la Fundación y así como entraban se iban a la cárcel”, le dijo Casolati a PPT. Por eso se desató el escándalo, tras las imágenes del religioso en su celda con un plasma, teléfonos celulares, computadora, frigobar, estufa y baño privado, entre otras comodidades.

Mientras, la Fundación tiene gravísimos problemas de infraestructura, con un deterioro muy grande, con un basural en el patio, agujeros en el techo que permiten el ingreso de lluvia, baños sucios, excremento de ratas en los alimentos y hasta perros muertos. “La administra Grassi desde la cárcel”, agregó Casolati.

El día después que estalló el tema, el director de la institución le dijo a los medios que “gracias a mi denuncia hoy todos están acá” y no dudó en reclamarle al Estado. “Hace 11 años que el Estado tendría que haber estado acá”, expresó en Hurlingham, porque “todo el mundo sabía que Grassi estaba manejando la Fundación; tal vez no se animaron o había otros intereses; esto era conocido por todos”.

Consultados por Letra P, desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia no brindaron mayores explicaciones a las que dio Pablo Navarro durante la tarde de este lunes. “Este lugar no tenía chicos para nosotros; la Fundación no estaba conveniada con la Provincia”, dijo el de Morón.

Por su parte, desde el ministerio de Justicia de Ricardo Casal le explicaron a este portal que se va a investigar a fondo. Desde esa cartera detallaron que el jefe de la Unidad tiene un mes y medio en el cargo y que a priori el Servicio Penitenciario recibe donaciones de parroquias en muchas de las unidades, por eso es normal que una parroquia colabore con la cárcel del barrio, tal como sucedía con la unidad de Campana. “No necesariamente se tenía que conocer que todo eso era proveniente de una desviación de la Fundación de Grassi”, dijeron desde Justicia.

Por eso, lo que dan a entender es que se trata de un tema más de la Fundación, tal como lo planteó Casolati, y por ende las miradas apuntan al control que la Secretaría de Niñez hizo –o no- en todo este último tiempo.

En lo que respecta a los beneficios de Grassi estando preso, desde el gobierno provincial le dijeron a este medio que “la investigación va a ser exhaustiva sobre el jefe del penal; sobre lo que ocurría en el penal para ver si Grassi tenía beneficios y si había algún tipo de irregularidad”.

“También se cuestionaba la falta de controles sobre las mercadería. El control, la requisa sobre la mercadería, nunca se hace en el primer puesto de control en la entrada, sino que se hace adentro. Esto hay que probarlo”, agregaron.

Scioli encabezó una reunión de trabajo Navarro; con el subsecretario de Política Criminal César Albarracín y con la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini.