El juicio por el asesinato de un hombre de la localidad de Empedrado volvió a fojas cero luego de que el Tribunal Oral Penal Nº 2 hiciera lugar a uno de los planteos de nulidad hechos por los abogados del joven acusado. El imputado había sido contratado por dos adolescentes de 14 y 16 años, hijas de la víctima, para llevar a cabo el sangriento crimen.

El acusado es Roberto Carlos Acevedo (28), alias “Rober”, a quien se le imputa el delito de homicidio calificado por alevosía. En octubre de 2009 apuñaló y degolló a Vicente Ramón Barrios, de 55 años, quien se hallaba durmiendo en su hogar.

El debate se inició la semana pasada y concluyó antes de lo previsto sin conocerse condena. Es que los abogados Juan Carlos Queirel y Natalio Gómez que representan a Acevedo, hicieron tres planteos de nulidad. El primero se refirió a la declaración en carácter de testigo de la menor de 16 años en sede policial, donde la misma se autoincriminó y habló de su participación en el homicidio. En esa oportunidad el Asesor de Menores que estaba presente pidió al fiscal de Instrucción de Saladas, Osvaldo Ojeda, suspender la audiencia, ya que la testigo había dado detalles que la involucraban en el crimen.

La joven fue citada a comparecer en sede judicial y no ratificó nada de lo que había dicho en la comisaría. Con el tiempo fue sobreseída, al igual que su hermana menor.

Según se conoció en el debate, el fiscal Ojeda utilizó el testimonio de la menor como prueba de cargo fundamental para procesar a Acevedo y elevar la causa a juicio. Los letrados entendieron que el proceso se realizó en el marco de la ilegalidad y plantearon la nulidad.

También cuestionaron el accionar del Ministerio Público. Explicaron que el 27 de marzo de 2008 se aprobó en el Senado la nómina para postulantes de fiscales sustitutos. Manifestaron que nunca se le prorrogó el cargo a Ojeda, por lo que entienden que participó activamente en la pesquisa sin haber sido designado formalmente, por lo que consideraron que su intervención y todas las actuaciones que realizó son nulas.

Por último expresaron que su defendido está detenido hace más de 3 años y que la prisión preventiva no puede superar los dos años. Por eso pidieron su inmediata libertad.

El Tribunal sólo hizo lugar al primer planteo de nulidad y ordenó que el expediente sea remitido al Juzgado de Instrucción de Saladas para que se subsane el error cometido.

Corregida la falencia, se volverá a fijar fecha de debate.

Se cree que para fin de año tal vez la causa vuelva a ingresar al Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes.