El conflicto se originó hacia diciembre de 2010 cuando más de 160 alumnos se anotaron para ingresar a primer año. Según la abogada Adriana Mascaró, que representa a los padres, de ese total 21 ingresaron directamente y se sortearon 59 vacantes, además de unas 30 suplencias. Un gran número de chicos quedaron sin lugar y el 30 de diciembre el Ministerio de Educación comunicó la imposibilidad de incluirlos para el actual ciclo lectivo.

Ante la falta de aulas y bancos, algunos padres acudieron a la Justicia Civil para solicitar la creación de una división más de primer año. En enero, la abogada presentó un recurso de amparo, cuya medida cautelar favoreció a los padres. La jueza suplente, Mariana Oporto, ordenó "matricular" en el primer año de la EPET 2 a los hijos de los peticionantes.

La medida fue apelada por el Estado, que consiguió revertir la situación a través de una resolución del Juzgado Civil 3, firmada por el Juez Oscar Melloni, que dio curso a un recurso de revocatoria.

Un día antes del iniciar las clases, el 28 de febrero, se comunicó a los padres que debían reubicar a sus hijos en otras escuelas. Pero la situación fue apelada. El mismo juez aplicó un efecto suspensivo y dejó firme la primera resolución que obliga a las autoridades de la EPET 2 a matricular a los nuevos alumnos.

Ayer por la tarde noche, los padres y la representante legal participaban de una reunión con autoridades de la escuela y el subsecretario de Educación, Leopoldo Aboy, que no quiso hablar del tema. La representante legal no dejó de mostrarse sorprendida por la cerrada negativa de la escuela de no cumplir con un fallo judicial y adelantó que se podrían iniciar acciones penales.

Los padres no escondieron el malestar por la situación educacional de sus hijos, que deberán asistir a otros colegios, aunque la vocación les indique que desean estar dentro del industrial.