Su nombre puede confundir. Suena a paseo costero. Pero en Costa Salguero hay de todo menos eso: un centro de convenciones, un hotel, un gimnasio, food trucks, un salón de eventos, un estacionamiento, canchas de fútbol, campos de golf. Hasta un boliche que permite amanecer a la vera del río. No por mucho tiempo más, de avanzar el plan que el Gobierno porteño espera que sea votado este jueves.

El proyecto propone rezonificar Punta Carrasco y Costa Salguero, permitir la construcción en altura y que haya espacio verde -público- y edificios de hasta ocho pisos -privados-. Esto implica el fin de ese surtido de espacios concesionados. El texto fue aprobado en primera lectura en la Legislatura y debatido en una audiencia pública récord, en la que el 98% de los mil oradores se mostró en contra. Pero como la audiencia no es vinculante, este jueves el proyecto se convertirá en ley.

A las críticas se sumó un freno judicial en dos instancias que impidió la venta de los terrenos. La esperanza del Gobierno porteño es que, una vez aprobado definitivamente el texto de rezonificación, la Justicia falle a favor de la enajenación de esas tierras públicas. Mientras tanto, las concesiones actuales seguirán, prórrogas mediante.

Lo que está en juego son 29,7 hectáreas con vistas privilegiadas al río y al horizonte edificado porteño. Por un lado, 18,5 de Costa Salguero, de las cuales 14,3 serán usadas para calles y espacio verde y público, y 4,2 para levantar edificios de viviendas, oficinas y comercios, con espacios culturales, deportivos y recreativos.

Por el otro lado, literal, están las 11,2 hectáreas de Punta Carrasco, a un curso de agua de por medio. Quedarían sin edificaciones, aunque podrían darse en concesión en hasta un 35%, de acuerdo a la ley de creación del Distrito Joven votada en 2018.

De ser aprobado el proyecto, una parte del trabajo de mudanza ya está hecho: el Centro de Testeo de Covid ya no funciona, y las oficinas de Latam son sólo un distópico recuerdo. La aerolínea, que se fue del país en febrero, dejó el edificio espejado que ocupaba detrás del estacionamiento. Ese vacío es un adelanto de lo que se viviría en breve en todo el predio, antes de comenzar a gestar el nuevo espacio.

Pero a esa decadencia de lo abandonado la eclipsa la basura frente a ese edificio, sobre el pasto frente al río. Son los restos de una feria, con sus placas de melamina apiladas, sus letras de plástico rotas, cupones de sorteo que tapizan el suelo. Contrastan con la vida que se ve cerca en las canchas de fútbol, donde dos equipos se medían este miércoles aunque la llovizna amagara con apurar la conclusión.

El mal tiempo también amenazaba con frenar la recorrida de los medios por el predio, conducida por Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad. Finalmente lo único que interrumpió la exposición fue el ruido de los aviones, que entraban y salían del Aeroparque Jorge Newbery, 70 decibeles que obligan a cerrar la boca y admirar las aeronaves en platea preferencial.

 En la tierra y en las alturas

Los aviones pasan tan cerca que en enero la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mostró su oposición al plan del Gobierno porteño, por considerar los edificios proyectados como un riesgo para la seguridad del aeropuerto.

Es la altura de esas construcciones uno de los aspectos que cambiaron en la segunda versión del texto: ahora sería de 24 metros como máximo, es decir, unos ocho pisos. Son dos menos que los propuestos en la primera lectura del proyecto, que establecía medidas escalonadas, de entre 26 y 29 metros.

En esos edificios se concentra el grueso de las críticas al plan oficial, que García Resta defendió por motivos urbanísticos y de seguridad. “En muchas ciudades hay espacios a los que la gente no se acerca de noche ni los findes porque no hay mixtura de usos. Nadie va a la Reserva Ecológica de noche, ni al Central Park profundo -ejemplificó el secretario-. Si no tiene contención con otros servicios, el lugar no atrae, expulsa”.

En esta segunda versión del texto también se aumentó la cantidad de espacio público en Costa Salguero de 13,4 a 14,3 hectáreas, y se amplió el ancho del camino ribereño y de las calles internas. Las modificaciones responden en parte a pedidos de la oposición, que además presentó una iniciativa popular para derogar la ley que permite la venta de tierras públicas y para que se construya un parque público en las casi 30 hectáreas involucradas.

La presentación del proyecto de iniciativa popular del Frente de Todos (FdT) demandó la recolección de 50.000 firmas, que están siendo analizadas en la Legislatura. “Nos dijeron que recién en 30 días podrán terminar de chequearlas. Creemos que es una jugada administrativa para retrasar su tratamiento”, observó Magdalena Eggers, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad también se presentó un proyecto en relación a ambos predios, en el que se propone “desprivatizar la Costanera Norte en su totalidad”. La organización fue una de las más críticas al proyecto oficial. “Los edificios actuarían como muralla de los vientos del río que permiten llevarse lejos el aire contaminado”, remarcó Jonatan Baldiviezo, su presidente.

Como es evidente, la oposición al proyecto oficial se ve no sólo en el recinto, sino también fuera de él. Es por eso que distintas organizaciones convocaron a congregarse en contra en la puerta de la Legislatura, este jueves desde las 10. Entre ellas, el Colectivo de Arquitectas mencionado y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, integrado por referentes del Observatorio y de otros espacios.

Con las trabas judiciales y la posibilidad de nuevos amparos, queda todavía mucho río por correr antes de que estos edificios pasen del papel al cemento. Si finalmente son construidos, aún rondará la incógnita: ¿Compensarán las ventanas al río y el verde una intensidad sonora que impide hacer tareas que requieran concentrarse? ¿Quiénes querrán habitar un espacio de deleite para los ojos pero molestia para los oídos?