El senador Carlos Verna, acompañado por la firma de María de los Angeles Higonet (integrantes del Bloque Partido Justicialista Pampeano) presentaron el jueves un proyecto de ley que dispone la integración de los recursos producidos por el "Impuesto al Cheque" a la masa coparticipable. La iniciativa, que alcanzaría tratamiento parlamentario a partir del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1° de marzo, contempla un reiterado reclamo de los mandatarios provinciales al Ejecutivo Nacional.

En los fundamentos del proyecto, Verna asegura que su aprobación "significará un incremento mayor al 230 por ciento de los recursos generados por este impuesto" y que su coparticipación permitirá incrementar los índices que recibirán las provincias y municipios del país, "jaqueados por los diferentes altibajos de la economía nacional".

Resulta cuanto menos curiosa la oportunidad de esta presentación legislativa, porque ambos senadores pampeanos se encuentran actualmente en el centro de todas las miradas, ya que sus votos podrían resultar decisivos para inclinar la balanza a favor o en contra del Fondo del Bicentenario, que por estos días enfrenta al kirchnerismo y la oposición.

Verna participó en los últimos días de las reuniones entre diputados de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal, quienes aseguran tener los 37 votos necesarios para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia en el Senador y pretenden convocar a una sesión especial en Diputados para el 2 de marzo.

Tributo de emergencia.

El denominado "Impuesto al cheque" fue una herramienta transitoria de emergencia implementada luego de la crisis de 2001 para equilibrar las finanzas nacionales. Comenzó a regir el 3 de abril de 2002 como "impuesto de emergencia y por tiempo determinado, en los términos del artículo 75 inc.3 de la Constitución Nacional" y su vigencia tenía como plazo límite el 31 de diciembre de2002. Los recursos generados por el tributo debían afectarse a un Fondo de Emergencia Pública que administraría el PEN: un 85 por ciento estaría disponible para la Nación y el restante 15 por ciento sería coparticipable para provincias y municipios.

Año tras año el impuesto fue prorrogado sistemáticamente. Su último vencimiento operó el 31 de diciembre de 2009, pero nuevamente fue prorrogado hasta el 3l de diciembre de 2011, a través de la Ley 26.545. Durante su tratamiento, los gobernadores exigieron que el impuesto fuera coparticipable y hubo varios proyectos que promovían la prórroga pero disponían una nueva distribución de sus recursos.

Equilibrio.

En los fundamentos del proyecto, el ex gobernador pampeano asegura que "su cumplimiento no provocará impacto en las finanzas nacionales, porque el monto que será coparticipado con las provincias puede ser morigerado por muchas herramientas financieras, monetarias y presupuestarias", hasta equilibrar el flujo de ingresos y egresos. Además, "como consecuencia del intrincado sistema de participación, pre coparticipación y otros mecanismos de distribución", la aprobación del proyecto "también provocará un incremento para el financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), asegura Verna.

El ingeniero piquense concluye que la crítica situación afecta tanto a la Nación como a las provincias, pero éstas se encuentran en desventaja "porque carecen de las herramientas fiscales, monetarias y de financiamiento" que tiene el gobierno central.