El gobierno provincial decidió que la Fundación Wetraché reemplace en la administración de los hogares de menores de Santa Rosa a la actual gestionadora, la Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnologías (Fupest). Wetraché, que tiene como coordinadora general a María Marta Viglino, realiza desde hace años actividades en el barrio Matadero de esta capital.

En la actualidad asisten a esa entidad unos cincuenta los niños y pre-adolescentes que asisten a las actividades que promueve la Fundación, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los vecinos de esa barriada de Santa Rosa.

Aunque no se conoce los porqué de la decisión de este reemplazo, se pudo establecer que hubo en los últimos meses algunas diferencias de criterios. Y hasta operadores de los hogares de menores bajo la administración de la Fupest, reclamaron en noviembre por la tardanza en el cobro de sus sueldos. Esto no fue nuevo, ya que la situación, según indicaron a LA ARENA, se producía casi todos los meses. El malestar en los operadores se tradujo en varias notas que enviaron a la dirección de la fundación para que regularicen esta situación que los perjudica como trabajadores.

De acuerdo a lo indicado por algunos empleados de los hogares de niños y niñas, las autoridades de la Fupest no tramitan los formularios a tiempo para cobrar los subsidios ante el Ministerio de Bienestar Social, por lo que el gobierno provincial retiene los fondos hasta que no están realizados los trámites.

Todos los meses, desde Acción Social se le otorgaba a esa Fundación que dirige Lilia Armando un subsidio de 160 mil pesos con destino al desarrollo del "Programa de Contención y Reinserción Social de Niños, Niñas y Adolescentes". Esa fundación, entre otras actividades, tiene a su cargo el Liceo Informático, que funciona en Ameghino 865. Hace unas semanas se conoció públicamente que el Tribunal de Cuentas, a través de la sentencia 2.588, le ordenó a la entidad la devolución de 1.549 pesos de un subsidio de 30.000 pesos que se le había entregado en el año 2010.

El cambio se produce en momentos en que está en la mira otra entidad que alberga a menores en conflicto con la ley, Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa).