El juez Daniel Ralli había elevado el caso a juicio oral. Allí se presentó la apelación que lleva un año en la Corte Suprema de Justicia y hasta ahora solo fue analizada por un juez. Ahora pasó de manos de Zaffaroni y Highton de Nolasco.
Álvarez fue procesado en noviembre de 2011 por el Tribunal de Impugnación Penal. El caso ingresó en apelación a la Corte Suprema de Justicia el 4 de abril de 2012: desde entonces tuvo un lento recorrido.
El 4 de abril, esa causa ingresó a la Oficina de Adjudicación y Circulación de Causas. Los siguientes movimientos se registran entre los días 28 y 30 de abril. En esos días interviene la Secretaría Judicial Nº 3 de la Corte Suprema de Justicia, se gira escrito (acredita el depósito) y finalmente se agrega la constancia de depósito.
Después del 30 de abril de 2012 el expediente estuvo estacionado en secretaría. El primer movimiento -según informa la página web de la CSJ- se registró el 4 de octubre, cuando la causa llega a manos del juez Raúl Zaffaroni. Ese magistrado analizó el caso -incluido el mes de feria judicial- y emitió su fallo el 25 de febrero. Zaffaroni estuvo el pasado mes de marzo en La Pampa.
Santiago “Patucho” Álvarez fue ministro de Bienestar Social entre los años 1993 y 1999. Pero fue funcionario desde el año 1983 hasta el año 2002. Ahora sigue vinculado a la política desde las sombras: se lo vio cercano al intendente Luis Larrañaga, respaldando esa línea política. Su hijo, Santiago “Patuchito” Álvarez, es el presidente de Télam e integrante de La Cámpora.
La causa se inició para investigar el presunto enriquecimiento ilícito entre 1983 y 2002 de Álvarez. “Habría incrementado de manera apreciable su patrimonio, no justificando este aumento en momentos en que le fue debidamente requerido por la autoridad competente”, explicó el juez Daniel Ralli al procesarlo.
Lo halló “prima facie” responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, artículo 268 (inciso 2) del Código Penal, “en razón que se determinó un crecimiento patrimonial más que apreciable, puesto que Santiago Eduardo Álvarez no pudo justificar más de dos tercios de los bienes que se pudieron detectar con la investigación, computando todos los ingresos del período menos los gastos necesarios para vivir”.
Elevación
El juez Daniel Ralli y la fiscala Alejandra Ongaro consideraron en marzo de 2012 que ya se le podía poner fecha al juicio por enriquecimiento ilícito del exfuncionario Santiago “Patucho” Álvarez. Cuando la Cámara del Crimen Nº 1 debía fijar la fecha del debate oral y público el abogado Francisco Marull apeló, trámite que terminó en la Corte Suprema de Justicia.
Esta situación se produjo después de que el juez Ralli rechazara, en marzo de 2012, la oposición a juicio que presentó la defensa de Santiago Álvarez, a cargo del abogado Francisco Marull.
“Patucho” fue procesado por el juez de Instrucción Nº 6, Daniel Ralli, en septiembre de 2011. Fue por enriquecerse ilegalmente en unos 708.723 pesos, tomados a valores históricos del año 2002. Esa cifra actualizada sería de 1.800.000 pesos. Ese procesamiento fue ratificado por el TIP en diciembre pasado.
Una vez que se conoció la decisión del tribunal de alzada, Ralli le prohibió salir del país. Se le trabó un embargo por 2.425.230,95 pesos.
La prohibición de salir del país se firmó porque los jueces estimaron la posibilidad de que “Patucho” lo haga porque cuenta con las posibilidades, a
fines de entorpecer la investigación.
El enriquecimiento está penado con prisión de dos a seis años, una multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.
Además, es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y el imputado -que en todos los casos tiene que ser un funcionario público- debe demostrar cómo obtuvo su patrimonio.
La investigación se inició el 25 de noviembre de 2005, cuando el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos. Aunque Álvarez después aclaró que “no son 110.000.000 de pesos sino que son 110.000.000 de australes”.
Después del procesamiento comenzó una batalla judicial de la defensa de “Patucho” Álvarez para retrasar el juicio oral y público. Entre otros recursos, Marull recusó al juez de la causa, pedido que fue rechazado por el propio juez y por tribunales superiores.
Hace unas semanas, el juez Ralli notificó a las partes, a la defensa y a la fiscala Ongaro. Precisamente, la defensa de Álvarez presentó la oposición a juicio que fue rechazada por el magistrado. Consideró que el acusado tuvo acceso a todas las medidas a las que podía recurrir para su defensa.
Apelaciones
En las etapas previas a la definición del juicio oral, el Tribunal de Impugnación Penal rechazó varios recursos presentados por el enriquecido exministro de Bienestar Social Santiago “Patucho” Álvarez.
En el último recurso ante el TIP, “Patucho” había insistido para que se redujera el monto del embargo que se le fijó, a lo que el juez Filinto Rebecchi respondió negativamente.
Antes, el exministro había pedido que aparten al juez de Instrucción Daniel Ralli, bajo el argumento de que no fue imparcial en el tratamiento de la causa. Pero la Cámara del Crimen 1 también le rechazó el planteo.
Pericia contable
Los profesionales a cargo de la pericia contable que se le hizo al exfuncionario marinista -Silvio Álvarez y Fernando Gasparini- evaluaron algunos aspectos de la evolución patrimonial de “Patucho” Álvarez.
Al llegar a un punto, requirieron detalles relacionados con la actividad agropecuaria del imputado y por eso se solicitó una pericia veterinaria. Ese trabajo lo hizo Pablo Guillermo Vaquero, de General Pico, y se focalizó en los gastos del mantenimiento y el movimiento de hacienda.
La pericia contable posó la lupa sobre el período que va de 1992 a 2004 (Álvarez dejó de ser ministro en el ’99, siguió trabajando para la administración pública y regresó a ser funcionario en julio de 2001, luego de lo cual fue designado en el Programa Federal de Salud -PROFE-).
Hasta esa fecha, Álvarez decía tener 1.950 vacas y unos 130.000 pesos en acciones de distintas firmas que cotizan en la Bolsa de Valores. A pedido de Álvarez, se incorporó una pericia contable de parte que desmintió al estudio oficial.
La investigación arrancó el 25 de noviembre de 2005: el Tribunal de Cuentas comprobó que no se podía justificar un incremento patrimonial de 1.727.153 pesos, además de acciones por 110.000.000 de pesos (australes), una cifra sideral que, de tan grande, llegó a causar confusión.
Ese monto se calculó a partir de las acciones que “Patucho” juró tener de empresas líderes: se mencionaron bonos, fondos de inversión y obligaciones negociables de Telefónica, YPF-Repsol, Astra, Siderca, Siderar, Acindar, Atanor, Aluar Ipako, Celulosa, Petrobras, Rigolleau, de los bancos Shaw, Francés y Macro, Tiavi, bonos de consolidación de deuda en dólares (segunda y tercera serie), cupones del Banco Hipotecario Nacional y bonos del Gobierno Nacional.
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