El exministro marinista, Santiago “Patucho” Alvarez, afronta desde este miércoles un juicio oral y público por el delito de enriquecimiento ilícito, por un crecimiento patrimonial injustificado de más de 700 mil pesos, dos terceras partes de su patrimonio, a valores históricos. Según la pericia oficial, realizada en 2.002, llegó a tener al menos 2.769 cabezas de ganado vacuno.

En el inicio del debate, por Secretaría se leyó la acusación fiscal. Posteriormente, el Tribunal le cedió la palabra al acusado, quien dijo: “Me abstengo de declarar momentáneamente”. El abogado defensor, Francisco Marull insistió con pedir la prescripción de la causa. “Esta causa está prescripta. Están juzgando a una persona con una causa prescripta”, reafirmó. Los camaristas resolverán al final del debate esa solicitud.

Durante la jornada de este miércoles, declaró uno de los peritos que tuvo a cargo la pericia que determinó el monto del enriquecimiento, Fernando Julio Gasparini. Este jueves continuará la otra contadora de la pericia oficial, Ana Kin, y luego declarará el perito de parte, Daniel Wigan, que durante la investigación intentó justificar sin suerte el desmesurado crecimiento del imputado.

Alvarez había sido denunciado hace ocho años por el docente Omar Lara después de que el Tribunal de Cuentas de la provincia hallara que no podía justificar su crecimiento patrimonial. “Patucho” fue ministro de Bienestar Social y ya fue condenado por el caso de los “viajes fantasmas”, el año pasado, aunque solo con inhabilitación y multa. Por ese caso, llegó a estar detenido algunas semanas cuando se lo procesó.

La causa la tuvo primero el juez de instrucción Jorge Luis Howe. Cuando se jubiló, lo remplazó Néstor Daniel Ralli, que lo procesó en setiembre de 2011. En julio de ese año prestó declaración indagatoria. En noviembre, el Tribunal de Impugnación confirmó el procesamiento y rechazó un pedido de prescripción de la acción penal.

Las chicanas de la defensa de Alvarez llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente confirmó el procesamiento en abril del año pasado. Según las pericias, se enriqueció injustificadamente entre diciembre de 1991 a agosto de 2002. Alvarez se desempeñó como subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad, ministro de Bienestar Social y vocal en el Ente Provincial del Río Colorado. También tuvo un cargo nacional: director del Programa Federal de Salud (Profe).

Según el procesamiento, a valores de 2002, el exfuncionario marinista se enriqueció ilícitamente en 708.723,74 pesos. Las pericias arrojaron que tenía un patrimonio total de 952.196,66 pesos. Poseía bonos, plazos fijos, un departamento en Neuquén y cabezas de ganado distribuidas en varios campos de la provincia.

Los jueces que juzgan a “Patucho” son los sustitutos Elvira Rossetti y Miguel Gavazza y el subrogante Miguel Vagge (reemplaza a la presidenta a la jueza titular, Alejandra Ongaro, quien se excusó porque ella elevó la acusación a juicio como fiscal). El enriquecimiento ilícito se aplica a los funcionarios públicos y es el único delito donde se invierte la carga de la prueba y son los imputados quienes deben demostrar cómo aumentaron su patrimonio. Está sancionado con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

Prescripción

El abogado Marull pidió nuevamente la prescripción de la causa -que ya había denegado el Tribunal de Impugnación Penal el año pasado- argumentando que no se juzó a “Patucho” en un plazo razonable, ya que entre el año 2002 y el llamado a indagatoria pasaron más de seis años, el máximo de la pena prevista en el Código Penal por ese tipo de delitos.

El abogado pidió no computar el período durante el cual ocupó los últimos años que ocupó un cargo nacional como plazo para que no corra la prescripción ya que, argumentó, dese ese puesto no podía impedir la investigación en curso. El TIP había rechazado esto con el argumento de que desde allí pudo usar sus relaciones con el poder político como un “paraguas protector” para frenar la causa. El exjuez Gustavo Jensen mencionó como sospechoso que la investigación recién avanzó cuando dejó la Casa de Gobierno el exgobernador Rubén Marín y accedió a la gobernación Carlos Verna.

El fiscal Jorge Marcelo Amado rechazó el pedido porque ya había sido desestimado oportunamente por el TIP. El tribunal, en cambio, respondió que resolverá la petición recién al concluir el debate.

La prueba

Los contadores Fernando Gasparini y Ana Kin firmaron el informe penal de la pericia contable sobre el patrimonio de Alvarez. Este miércoles, como testigo, Gasparini recordó que determinaron que Alvarez accedió a la función pública con un patrimonio de 52.853,68 pesos en diciembre de 1991.

Calculado en valores históricos, ese patrimonio, al dejar los cargos públicos, en agosto de 2002, había ascendido a 952.196,66 pesos. El incremento patrimonial en poco más de una década fue de 899.340 pesos.

Sin embargo, durante ese período, los ingresos de Alvarez y sus sucesivas parejas (Silvia Di Nardo y Andrea Silvia Ferrero) fueron de 441.00 pesos. Los consumos del grupo familiar del exministro en ese tramo de su vida fueron estimados en 376.033 pesos. Además, se comprobó que Alvarz ganó con las inversiones en la actividad ganadera 122.685,91 pesos.

Esto arroja que la capacidad de ahorro de Alvarez fue de 188.542,28 pesos. Es decir, no pudo justificar el 74% de su crecimiento patrimonial: 710.000 pesos.

El contador Gasparini explicó que para calcular los ingresos de Alvarez se tomaron los sueldos (sin contar viáticos), plazos fijos, la actividad ganadera y los títulos que compró en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A la hora de restar los consumos del grupo familiar, se hizo una estimación a partir de “un monto mínimo de subsistencia” del grupo familiar y que, de acuerdo a una comparación con los datos del INDEC, fue coincidente en que destinaban el 66% de sus ingresos para sostener los consumos.

“No da la capacidad de ahorro. No pudo justificar el incremento patrimonial”, razonó Gasparini, que no se privó de citar que Alvarez hizo varios viajes al exterior del país durante el ejercicio de la función pública.

Por otra parte, el contador detalló que en la pericia habían hallado 1.200 animales distribuidos en diferentes campos a partir de un allanamiento que se dispuso en el estudio contable que tenía Alvarez, aunque posteriormente -a través de actas de vacunación del Senasa en Acha y Castex y guías de los municipios de Alpachiri y Victorica- descubrieron que el rodeo del entonces funcionario ascendía “al menos”- a 2.769 animales en 2.002.

También integraba el patrimonio de “Patucho” un crédito de 50 mil dólares que le había otorgado el Consejo Federal de Inversiones (CFI), títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, plazos fijios, su vehículo y dos planes Rombo.