Siete de cada diez consultados aprueba el tipo de reclamo del 13 de septiembre último. Casi la mitad asegura además que se sumaría a una nueva manifestación. Un fenómeno que va en aumento.
Las cifras, a las que tuvo acceso Clarín , pertenecen a la consultora Management & Fit, una empresa que habitualmente mide para distintos gobiernos provinciales. El trabajo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el centro, NOA, NEA, Cuyo y Sur del país, una semana después del masivo cacerolazo en Plaza de Mayo y otros puntos neurálgicos de los centros urbanos. Fueron entrevistadas 2259 personas. De ellas, el 15,2% dijo haber participado de las protestas y un 19,4% afirmó que no pudo pero que le hubiera gustado asistir. El 64,7% reconoció que no salió a la calle. Quizá el número más contundente del sondeo sea la respuesta a la pregunta de si “está o no de acuerdo con la forma del reclamo”. Más del 70% afirma que sí. El otro dato fuerte: hay una suerte de empate virtual entre quienes sostienen que irían al próximo cacerolazo y quienes optarían por no hacerlo.
La explicación es de la directora de M&F, Mariel Fornoni: “Esta es la primera encuesta pos cacerolazo y revela que hay más gente que dice que fue a las protestas que la que lo hizo realmente. Es que, a pesar de haber sido una manifestación masiva, la gente se siente escuchada y quiere ser parte del reclamo. Evidentemente, hay una situación de empatía con la situación. Un fenómeno que tiene aceptación y que va en crecimiento. La gente pide soluciones urgentes para la inseguridad, la corrupción, la inflación y también se empieza a expresar por la libertad”.
Fornoni supone que la reacción del Gobierno, en especial las suposiciones de Juan Manuel Abal Medina de que a los caceroleros están más preocupados por lo que ocurre en Miami que por lo que pasa en San Juan y que en otra época hubieran apelado a los golpes militares, incentivó a un sector de la población a manifestarse a favor de las cacerolas.
“La gente quiere un mensaje pacificador y pide por el fin de la confrontación. Se lo exigen tanto al Gobierno como a la oposición. Existe mucha preocupación por el clima social”, indica.
La directora de M&F marca una distancia entre el cacerolazo del 13 de septiembre y los escraches al juez Norberto Oyarbide y al secretario de Comercio Guillermo Moreno. “Una cosa es la protesta y otra el escrache.
El grito de que se vayan todos es una situación superada” .




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