La más perjudicada por el Riachuelo es también la población más humilde y la más vulnerable. No tiene la misma prensa. Los porteños que están preocupados por los ríos mendocinos, naturalizan la contaminación de un río que atraviesa los barrios pobres urbanos de la ciudad donde viven.

El 40 por ciento de la población de Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tiene índices elevados de plomo en la sangre, según un estudio realizado por ACUMAR en 2017; la misma fuente de contaminación se detectó en el 30 por ciento de los habitantes de un asentamiento en Lanús; en el 20 por ciento de la villa 21-24 de Barracas, en Wilde y en San Francisco, y porcentajes similares se hallaron en la villa 26, en la margen porteña del Riachuelo.

Hay una discusión hacia el interior de estos movimientos ambientalistas, feministas, identitarios, de ampliación de derechos y otros, en los que cuando el abordaje se realiza en forma parcial, desconectado de las otras demandas de la sociedad, puede disparar escenarios opuestos a los que busca.

Tampoco puede haber un proyecto de país global que no incorpore estas demandas y las articule desde el poder político como parte de ese proyecto. La Barrick Gold es un villano clásico en estas temáticas y ejerce una fuerte presión sobre los gobiernos.

La explotación minera requiere una fuerte inversión inicial, lo que se convierte en su principal argumento de presión, al igual que la creación de puestos de trabajo y activación económica mientras dura la explotación, cuya duración puede oscilar entre diez y veinte años. Después se van y quedan las ruinas de lo que había.

En ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) acaba de asumir Martín Sabatella. La limpieza del Riachuelo exige decisión política y poner límites a por lo menos 44 industrias instaladas en sus orillas.

El principal gobierno que debe asumir su responsabilidad en la protección del ambiente en la Cuenca Matanza-Riachuelo, es el de Horacio Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires. En Mendoza es el del gobernador Rodolfo Suárez. Ambos pertenecen a la alianza de radicales y conservadores del PRO.

Los mendocinos han votado un gobierno que no mostró preocupación ambiental y reclamaron a un gobierno nacional al que no votaron. Los porteños se espantan por lo que pasa en Mendoza, pero no le dan importancia al envenenamiento del Riachuelo en su distrito. Son disonancias que se producen cuando las problemáticas se abordan en forma espasmódica.

Para el gobierno de Alberto Fernández, toda la problemática se potencia por la situación desastrosa que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Necesita recaudar para sus arcas vacías y endeudadas y reactivar una economía en caída libre. Es la gran encrucijada: elige el camino largo que fructificará a mediano y largo plazo. O busca atajos que reditúan en el corto plazo, aunque tengan costos altos a mediano y largo plazo. La política será el arte de encontrar senderos intermedios que no afecten el ambiente y que puedan generar resultados en tiempos no tan largos. Las propuestas ambientalistas más efectivas son las que proponen opciones viables que puedan reemplazar las prácticas lesivas.

Esta encrucijada se presenta una y otra vez en cada decisión que toma Alberto Fernández. Cada punto que toca provoca la reacción de algún sector. Antes de irse de vacaciones, Mauricio Macri ordenó a su tropa rechazar a cara de perro la ley de emergencia social. La norma pudo salir después de largas conversaciones con referentes del radicalismo.

Antes de irse a descansar en París, la ex gobernadora María Eugenia Vidal alineó a su tropa en el senado bonaerense para rechazar la reforma impositiva del gobernador Axel Kicillof. Durante los cuatro años de macrismo el impuesto progresivo a los bienes personales aumentó solamente el 55 por ciento. En un contexto de 300 por ciento de inflación acumulada en esos cuatro años.

El impuesto inmobiliario que impulsa Kicillof está muy segmentado para que tenga un efecto progresivo real y es apenas una actualización que para la mayoría será menor a la inflación. Pero la bancada de Cambiemos quiere rediscutir la escala para bajar los aumentos de los que tienen propiedades mayores a las dos mil hectáreas, que conforman el uno por ciento del universo involucrado.

La actualización por inflación de una parte menor de las retenciones provocó la reacción brutal de un grupo de productores rurales “autoconvocados” que funcionan como grupos de choque de los grandes operadores del sector. Los referentes de la Mesa de Enlace negocian con el gobierno y utilizan a estos grupos exaltados como factor de presión.

Los medios macristas calificaron cada una de estas medidas, --que son mínimas en relación con el cuadro ruinoso que deben restaurar-- como “impuestazo” o “ajustazo”. Justificaron los aumentos de 3000 por ciento del gas o de 4000 por ciento en la luz. Inventaron un género del periodismo que se denominó “militando el ajuste”.

Hubo cientos de titulares y noticias sobre las ”nuevas tendencias” como tomarse vacaciones con el pensamiento, aprender a vivir en 18 metros cuadrados, que el pan viejo es más sabroso que el de la panadería, que en Barrio Norte se puso de moda comprar ropa usada porque es de marca y más barata, que es cool compartir vacaciones con amigos o que los cortes de electricidad son beneficiosos porque generan momentos de reflexión. Todos estos fueron títulos que publicaron esos medios. Está la imagen de un economista de la farándula con un pan duro en una mano y pan fresco en la otra. Mete el pan duro en el microondas y después lo prueba con placer para decir que es mejor que el pan fresco.

Los mismos que ahora dicen “impuestazo” y “ajustazo”, participaron de esa inmensa maquinaria de intervención en la subjetividad de la sociedad para aturdir la conciencia de sus derechos y tratar de vender como goce el cercenamiento del goce. Una gran mentira en la que ninguno de los que la fomentaba creía porque en su vida privada hacía lo contrario de lo que predicaba. Pero hubo sectores de la sociedad que fueron atrapados en esa telaraña de un sentido común que se entretejía con la falsa meritocracia.

Con el argumento del “impuestazo”, los radicales y vidalistas, --cuyo gobierno dejó un déficit de 200 mil millones de pesos para 2020 en la provincia de Buenos Aires-- no dieron quórum en el Senado bonaerense para tratar la reforma impositiva del gobernador Kicillof.

El nuevo gobierno tiene solamente diez días días y el escenario de problemas, amigos y enemigos, no parece haber cambiado desde 2015. El punto a favor del oficialismo es que ahora el peronismo está unido y se nota el esfuerzo por cumplir la consigna de “volvimos para ser mejores”.

Hay un cuidado especial en la segmentación de productores para aplicar las retenciones. Y lo mismo puede decirse en la segmentación tan compleja que tiene la actualización del impuesto inmobiliario urbano y rural de Kicillof.

Hay un intento de no repetir errores, de ser más flexibles en la negociación y evitar choques innecesarios. Alberto Fernández estuvo en los programas más macristas de los últimos cuatro años en la televisión. En parte porque le interesa llegar a un público diferente pero en parte también porque le parece necesario como forma de desfantasmizar los odios.

La oposición cerrada de Vidal y Macri junto con los radicales de la alianza, la reacción mediática para exagerar y denigrar las medidas que el gobierno toma para salir del infierno que le dejaron ellos, la reacción desaforada de los productores rurales por una simple actualización de una parte menor de las retenciones que tenían ya con Macri, es una demostración que más allá de los errores propios, no están jugando solos. En la cancha hay dos equipos. Y el enfrentamiento no se da por la forma ni la cantidad, sino por el simple hecho de que no quieren dar nada.