Un informe periodístico de un medio porteño había desenmascarado en 2008 a las firmas y a los gestores que utilizaron documentación falsa para obtener fraudulentamente títulos fiscales por un monto superior a los 30 millones de pesos. Sigue avanzando la investigación en la Justicia Federal de Tucumán.
En este sentido, EL SIGLO tuvo acceso a un informe periodístico, que es el que dio origen a la intervención judicial, y que fue publicado por el ya desaparecido diario Crónica, que conducía Jorge Lanata, a mediados de 2008.
En la nota, que fue adjuntada al voluminoso expediente penal, aparecen los nombres de las empresas "fantasma" (algunas desaparecidas y otras que nunca existieron) que, en 2007, fraguaron documentación y apelaron a los servicios de "prestanombres" para obtener ilícitamente bonos fiscales por un monto de casi 30 millones de pesos.
Tal como viene informando nuestro diario, los títulos en cuestión fueron otorgados en el marco de un programa de subsidios dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior para empresas productoras de bienes de capital (en este caso, maquinaria).
A las firmas que adherían a dicho plan, ideado en 2001 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, para proteger a las fábricas locales de las importaciones, se les reintegraba un 14 por ciento de su facturación con esos títulos, que podían ser utilizados para la cancelación de impuestos nacionales o para el pago a proveedores.
Las empresas "fantasma"
Según el diario Crítica, al descubrir las irregularidades en la tramitación y entrega de esos bonos, la Secretaría de Industria denunció penalmente a 16 empresas por un fraude de 23,9 millones de pesos. Estas firmas, de acuerdo al informe periodístico, tienen domicilios en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Las mismas, con los montos que habrían percibido ilícitamente a través de sus apoderados, son: Qui-Ma SRL (757.148 pesos), Petropack SRL (962.674 pesos), Faind-Víctor Paz (2.454.144 pesos), Estructuras Metalúrgicas López (920.318 pesos), Cancino Hugo Ricardo (867.312 pesos), Comercial Salta SRL (2.091.670 pesos), Clargran SRL (398.591 pesos), Intermoto SA (1.745.716 pesos), Gorpack SA (2.589.953 pesos), Constructora Metalúrgica Guchea (1.875.468 pesos), Petroquímica del Norte (1.763.891 pesos) , Talleres Capetta (1.283.555 pesos), Industrias Tula (869.418 pesos), TN Construcciones (750.570 pesos), Metalúrgica Salta (2.951.274 pesos) y Elevadores del Valle (1.758.402 pesos).
Además, Crítica resaltó que Industria apuntó en 2008 como sospechosas, aunque en esa oportunidad no las demandó penalmente, a las firmas Catalina SRL (cuyos apoderados cobraron 920.000 pesos), Galpones Oeste (1,9 millones de pesos), Luis Daniel Sánchez (un millón de pesos), Ramón Osmar (883.000 pesos) y Alberto Nieva (1,7 millones de pesos). Estas cinco firmas ahora también están siendo investigadas por la Justicia.
La maniobra
Tal como viene informando este diario, esas empresas "fantasma" vendieron los títulos fiscales obtenidos fraudulentamente a corredores de bolsa, los que a su vez los negociaron con otras empresas, algunas de gran trayectoria en nuestra provincia y el NOA, que usaron los papeles para pagar impuestos y cancelar deudas con proveedores.
Fue al concretarse este último paso de la compleja maniobra que la AFIP-DGI denunció el hecho ante el Juzgado que conduce Racedo.
Los investigadores presumen que las empresas que adquirieron los títulos de segunda mano a las firmas corredoras de bolsa, en el mercado cambiario, habrían obrado de buena fe y que simplemente habrían incurrido en una especulación, al adquirir los títulos a montos inferiores a los valores nominales de los mismos y deudas a cancelar. Entre esas firmas, por dar un ejemplo, se menciona el nombre de la multinacional Arcor, propietaria en Tucumán del ingenio La Providencia. En cambio, existe una firme sospecha de que las firmas corredoras de bolsa estarían seriamente implicadas en el millonario fraude.
Se espera que cuando se abran, para su análisis a fondo, las pruebas secuestradas hace dos semanas en la casa de uno de los sospechosos (se trataría del empresario y dirigente político Guillermo Kuchar del Moral), podría comenzar a aclararse el panorama respecto a cuál fue el grado de participación de todas las empresas mencionadas en el expediente.
Como informó de forma exclusiva nuestro diario en su edición de ayer, en ese domicilio, la DGI secuestró sellos truchos de empresas "fantasma", boletas falsas, documentación en la que aparecerían comprometidos los nombres de importantes firmas y dirigentes políticos de nuestro medio y computadoras que contendrían valiosa información para el avance de la causa.
Fuentes judiciales informaron que sería inminente la apertura de esas pruebas, que se encuentran en cajas precintadas, y que a partir de los nombres y vinculaciones que surjan de las mismas, las personas implicadas comenzarán a desfilar por los Tribunales Federales de calle Congreso y las Piedras, para prestar declaración, en carácter de imputadas o testigos, según corresponda.
Vínculos con la política
Conforme a lo publicado por el diario Crítica, los títulos fiscales fueron cobrados “por apoderados y gestores que fraguaron habilitaciones, facturas y balances para recibir las subvenciones. En algunos casos engañaron a pequeños empresarios para que les prestaran su nombre y su CUIT y en otros pagaron por la cesión de los papeles y poderes", agrega la investigación periodística.
De acuerdo a lo informado por ese diario porteño, "el principal gestor sospechado del programa" habría sido Kuchar del Moral, quien en 2007 fue candidato a legislador provincial por el Partido de los Trabajadores; lista que también integró el actual legislador Pedro Balceda y que se acopló a la fórmula del Frente para la Victoria, que encabezó el gobernador José Alperovich. Además, el dirigente se presentó en 2009 como postulante a senador nacional por la Alianza Con COVOS, asegurando ser el elegido por el vicepresidente Julio Cobos para representar su proyecto en Tucumán.
Según Crítica entre las investigadas "se encuentra la firma FAIND, a cuyos apoderados se entregaron cerca de dos millones y medio de pesos. El titular de la empresa es un monotributista tucumano de 79 años que sólo posee un taller mecánico abandonado. El gestor fue Kuchar, el ex candidato que apoyó a Alperovich y a Cristina Kirchner en las elecciones del año pasado", agrega la nota del desaparecido matutino.






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