Un año después, el gobierno de Alberto Weretilneck intentará otro camino para controlar el aporte a las empresas públicas.

No lo consiguió en el 2012 que concluyó con el envío a esas estructuras de más de 125 millones, superando las transferencias realizadas en el 2011.

La cartera de Economía ya concentra la supervisión de una docena de sociedades estatales, con dos medidas centrales. Una, las cuentas bancarias serán parte de su Fondo Unificado; y las subas salariales y la designación de personal requerirán necesariamente de la autorización de su secretaría de las Empresas Públicas.

Según tres partidas de envíos, las transferencias a noviembre de 2012, superaron los 125 millones, de pesos según registros de Contaduría provincial. En tanto, desde Economía se afirma no disponer aún del número final del 2012.

El ministro Alejandro Palmieri admite que este control es un "tema pendiente" aunque no deja de recordar que se trata de una vieja problemática estatal.

Pero, al llegar al gobierno, Alberto Weretilneck se sorprendió con que esas sociedades había recibido más de 120 millones en el 2011, por lo cual, convocó a las nuevas conducciones para exigir "reducción de costos y el mejoramiento de ingresos".

Por entonces, cada empresa estatal tenía la supervisión de su ministerio pero, luego, se modificó el criterio de seguimiento y se creó una secretaría, designándose en la conducción a Roberto Meschini.

Al final del 2012, el gobernador otorgó plena facultad al ministro Alejandro Palmieri en la supervisión, quien ratificó a Meschini pero designó a los restantes subsecretarios: Isabel Tipping (Auditorías) y Emilio Flaegel (Presupuesto).

Se preparan dos normas

Ya ultima dos normas para acentuar esa concentración. La ratificación que la totalidad de las empresas públicas pongan a disposición sus cuentas y depósitos bancarios en el Fondo Unificado (FUCO), que conforma la unidad financiera en el Banco Patagonia con el que Economía busca un manejo único de recursos y procura evitar costos por descubiertos.

Palmieri, por su parte, no identificó qué sociedades del Estado todavía no consolidan pero se sabe que dos o tres están en esa condición, entre ellas, Transcomahue.

El otro punto para profundizar el control consistirá en que a partir de febrero cualquier incremento salarial o incorporación de personal será autorizado por la secretaría de Empresas Públicas. Su función replicará lo que cumple actualmente la secretaría de la Función Pública en el área personal en la administración central.

"Las prioridades -admite Palmieri- serán Horizonte, ARSA y Viarse (con su transformación en Vialidad) porque son las empresas que más demandan al Tesoro". Estas sociedades "por definición son autónomas, pero actúan como si estuvieran en otro mundo porque se manejan con red, no tienen riesgo porque siempre el Estado está detrás".

En realidad, el ministro reiteró que "hay que sincerar los números en los gastos y en los ingresos".

Admitió, en tanto, que Horizonte requerirá de tiempo por su particular manejo comercial y financiero.

"Si hay que subsidiar, hay que precisar cuánto y para qué. ARSA, por nuestro requerimiento, salió a recuperar deuda, con buenos resultados, extremando su capacidad de cobro".

Por otra parte, observó que el año pasado, en la política salarial, esa sociedad "cerró paritarias con obras sanitarias y, luego, con UPCN", ejemplificando la falta de supervisión para tratar ese tema.