El empresario Néstor Rosón denunció que ayer por la mañana fue atacado por tres hombres armados, quienes lo golpearon en el rostro, la cabeza y el cuerpo. Aseguró que se trató de "un apriete" aunque no apuntó a nadie en especial.
"Fue gente muy profesional, tenían pasamontañas, guantes y una pistola 9 milímetros. Me pegaron por todos lados con la culata. Fue todo muy rápido, no tengo ninguna pista de quiénes pudieron haber sido, pero eran profesionales. Fue un apriete mafioso", aseguró en el encuentro de prensa que brindó en la sede de su empresa, Multiservicios Rosón.
El ataque, según relató, se produjo a las 7 de la mañana a la salida de una quinta en la calle Hornero 5259, en el barrio Lowo Che de Toay. Allí vive la pareja de Rosón, que esperaba la salida de su hijo de 16 años para llevarlo al colegio.
"Lo único que decían era 'quedate quieto', y me daban (sic). No hubo insultos ni nada, y por robo está claro que no fue porque no tocaron ni la billetera ni el celular ni nada, si querían tenían todo servido, se podían llevar todo", indicó.
Tras el ataque, Rosón llamó a la Seccional Quinta de Toay y realizó una denuncia, que quedó a cargo del fiscal Carlos Ordás. También se dispuso una custodia policial en el domicilio donde se produjo la golpiza.
"No tengo problemas personales ni problemas laborales con nadie. Esto fue un apriete, pero miedo no me van a meter, yo voy a seguir reclamando lo que es mío, hasta que se haga justicia y me paguen lo que me deben", dijo el empresario, quien no mencionó directamente a nadie pero hizo alusión al reclamo que le realiza al Estado desde hace tiempo.
La denuncia.
Hace un tiempo, Rosón denunció penalmente a cuatro funcionarios provinciales, el ministro de Salud, Mario González, el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz; la asesora letrada de Gobierno, Daniela Vassia, y el subsecretario administrativo de la cartera de Salud, Facundo García Ancín.
Los acusa de incumplir una ley que establece las redeterminaciones de precios de los servicios cuando se produzcan aumentos en los salarios del personal afectado al mismo.
En su demanda, el empresario afirmó que lleva más de cuatro años reclamando el cumplimiento de la Ley 2271 y su decreto reglamentario 91/2007.
La reglamentación establece un período para la solicitud de la redeterminación y un período de respuesta por parte del Estado, además de establecer claramente los ítems sobre los cuales se reconocerán los aumentos.
Para Rosón, tanto el Poder Judicial como el Legislativo han realizado una interpretación correcta de la norma, pero no el Ejecutivo. El denunciante apuntó contra un dictamen de la Asesoría Letrada de Gobierno, el 233/08, firmado por Vassia, al cual acusa de hacer una interpretación "caprichosa y arbitraria" de la ley, gracias a la cual se incumple desde hace cuatro años la 2271, provocando el quebranto de Empresa Rosón y afectando a 115 familias que dependen de la firma.
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