La mujer adulteró al menos cinco veces certificados médicos, poniéndole más días que los prescriptos. La comuna le había abierto un sumario y la echó el año pasando, sin esperar el fallo judicial.
La audiencia, realizada en la Ciudad Judicial, estuvo a cargo de la jueza María Mónica Graciela Rivero. Además se hicieron presentes el fiscal Mauricio Federico Piombi y la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez. Previamente ambos habían negociado la pena a imponerle a la mujer de 33 años, después de que ella aceptara los hechos. Era mejor un juicio abreviado que afrontar audiencias orales y públicas donde pudieran ventilar otras cuestiones anexas.
Staldecker, además de ser condenada, perdió el empleo. La comuna la despidió, después de abrirle un sumario administrativo, y antes de que se conociera la sentencia. Ayer, una persona cercana a ella confirmó ese dato y agregó que ya está trabajando en otro lugar.
El caso es insólito por donde se lo mire, al menos para los legos. Y más tratándose de alguien que se desempeñaba en la administración pública, donde hay estabilidad laboral. Fuentes judiciales reconocieron que el "truchaje" de certificados médicos es más usual de lo que se cree, con la diferencia que ninguna causa llega a un fallo condenatorio. Todos se resuelven antes, fundamentalmente con la aplicación de una probation, o suspensión de juicio a prueba, un beneficio que permite eludir la condena y el antecedente penal a cambio de reparar el daño o efectuar tareas comunitarias.
"Decía tres, ponía diez".
Esta vez, por hache o por be, la cronología tuvo un desenlace diferente y atípico. Staldecker fue hallada penalmente responsable del delito de uso y falsificación de documento privado. ¿Qué hizo la imputada? Presentó certificados médicos falsos para no ir a la comuna. Al menos en cinco oportunidades. Lo que adulteró no fue la firma del médico autorizante, sino el tiempo de la licencia. "Por ejemplo, si decía tres días, ella le ponía diez, o cosas así", explicó una fuente tribunalicia.
La imputada, según las fuentes, intentó justificarse manifestando que estaba pasando un mal momento personal y que esa situación la había superado. Voceros municipales recordaron que Staldecker había ingresado a planta permanente sobre fines de 2007 -antes habría tenido un plan laboral precario- y que fue despedida el año pasado.
En la investigación preliminar intervino la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Luego la Municipalidad presentó una denuncia penal y durante el proceso fue representada por la directora de Asuntos Jurídicos, Florencia Rabario.
Eso sí, la ex empleada del municipio la sacó más barata que tres alumnos de la escuela-taller "Almaraz", de la ciudad española de Zamora, que recientemente fueron condenados a cuatro años de prisión y a pagar multas de entre 1.080 y 1.620 euros por falsificar 19 certificados médicos para no concurrir a las clases de jardinería, en las que se habían anotado por estar desempleados.
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