Este jueves se llevó a cabo la sesión especial para considerar las conclusiones a las que arribó la Comisión Investigadora creada el 12 de agosto pasado, mediante la Resolución N° 321/2010 con el objeto de investigar la responsabilidad que les pueda caber al Jefe de Gobierno, Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo sobre todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento; los hechos investigados en la causa judicial N° 12.466/2009 caratulada "James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos" que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7; y hechos "que fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la Ciudad de Buenos Aires".

La misma comenzó tres horas después de lo previsto y, como no podía ser de otra manera, no aportó en nada a la problemática que motivó la creación de la Comisión por parte de la Legislatura porteña.

La jornada se inició con la ausencia del oficialismo, cuyos diputados se encontraban reunidos en el Salón Eva Perón para acordar los pasos a seguir. Es que varios diputados de la oposición adoptaron una posición distinta a la que habían esgrimidos este miércoles y, frente a la decisión del diputado Marcelo Parrilli (MST-Izquierda Unida) de cortarse solo y pedir a gritos el juicio político a Mauricio Macri (ver nota), decidieron endurecer su parecer en torno a los resultados de la investigación que duró poco más de tres meses.

Es por ello que los diputados Fabio Basteiro (Proyecto Sur) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) se sumaron a esta ola enjuiciadora y, poco antes de iniciar la sesión, presentaron sendas notas afirmando que Macri incumplió sus deberes de funcionario público. Claro que esta postura no es compartida por todos los bloques no oficialistas, lo cual obviamente es otro elemento a tener en cuenta.

Con este panorama el PRO quiso aprovechar el momento y someter a votación nuevamente el inicio del proceso de juicio político sabiendo que los votos estarían a su favor pero la oposición, en esta oportunidad, afirmó que las notas podían ser giradas directamente a la Sala Acusadora para que se iniciara el proceso en marzo próximo, comenzando otra vez con todo el despliegue ya conocido.

Esta postura no se condice con lo que hace varios meses atrás argumentó la oposición al respecto, que forzó una votación en el recinto para frustrar la intención del PRO de terminar de una vez por todas con este tema, por lo menos, en el ámbito legislativo.

Volviendo a la sesión, el primero en hablar fue el presidente de la Comisión Investigadora, Martín Hourest (Igualdad Social), quien presentó al Cuerpo el Informe Final que será girado a los Poderes Judicial y Ejecutivo, los lineamientos generales del conjunto de recomendaciones y conclusiones suscripto por doce diputados de los bloques opositores.

Hourest sostuvo que el "arduo trabajo de la CIE viene a zanjar una crisis institucional radicada en la Ciudad de Buenos Aires" y que en esa tarea no se reprodujo "el comportamiento de perversidad institucional del Poder Ejecutivo" ya que, según consideró, "las instituciones de control no están diseñadas en función de una guerra intermitente, sino para controlar el uso de poder", entre otras cuestiones. "La CIE (en tanto instituto de control) debe reivindicar y jerarquizar el principio de democracia participativa, representativa y deliberativa", afirmó el legislador.

Por su parte, Basteiro dijo que "la CIE sorteó la ausencia de testigos y el bombardeo mediático de diputados oficialistas". Afirmó que "entendemos que el titular del Poder Judicial y los funcionarios de primera línea han consentido actos de corrupción, han realizado encubrimientos, negando accesibilidad sobre cuestiones relevantes, han sido negligentes, se han empeñado en omitir deberes, han resultado ineptos e ineficaces"."Por suerte la justicia estuvo a la altura de las circunstancias y facilitó la cooperación de algunos testigos", expresó el presidente de Proyecto Sur, que cerró su exposición afirmando que "el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, nunca vino a establecer su defensa".

Parrilli (MST), en tanto, saludó a los diputados que "trabajaron en la comisión dando lo mejor de sí y que han constituido una base fáctica que nos permite avanzar en conclusiones y recomendaciones y solidificar en una recomendación y un pedido de juicio político al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, con la causal de mal desempeño del cargo, en los términos del artículo 92 de la Constitución".

También se refirió a otras recomendaciones y finalmente llamó al Presidente de la Legislatura a que "convoque a la Sala Acusadora, en su momento. Ese pedido no tiene que ser votado (...). Ese pedido debe ser tratado por el Vicepresidente primero, él tiene que llamar a la Sala Acusadora, si no estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público".

Una vez que los diputados no oficialistas terminaron de fundamentar sus conclusiones y con los legisladores del PRO en sus bancas, el jefe de bloque macrista Cristian Ritondo propuso una moción de orden para habilitar el tratamiento del tema, lo que obligó a un cuarto intermedio. No hubo acuerdo y los bloques de la oposición se retiraron del recinto pasadas las 20 hs. cuando el oficialismo comenzó a exponer sus fundamentos.

En las argumentaciones quedaron plasmadas las posturas de PRO sosteniendo que las acusaciones al Jefe de Gobierno fueron falsas y la causa judicial fue armada con fines políticos desde las esferas nacionales; y de los bloques opositores que recomendaron la remoción del Ministro Montenegro y la cúpula de la Policía Metropolitana.

Ritondo expresó: "La sociedad estaba esperando saber si el Jefe de Gobierno tenía responsabilidades políticas en la causa sobre escuchas ilegales, pero la comisión no arrojó ningún resultado". Además dijo que la oposición, frente a la pregunta de "si hay juicio político o no", "buscó un híbrido, sesionar sin reglamento, hacer de cuenta que hoy era tema libre, nosotros no lo quisimos".

Por su parte, el diputado Martín Borrelli (PRO) criticó "a una oposición que cuando pierde se va, que cuando no tiene argumentos se esconde, que no sabe cómo enfrentar a Mauricio Macri". "Debe ser que en realidad están avergonzados porque no pueden sostener con la práctica lo que dicen en el discurso, tenemos una oposición que no es democrática y que no nos respeta", manifestó el legislador.

Mientras que la diputada Lidia Saya (PRO) aseguró: "Era evidente el intento de perjudicar a este espacio político y a su máximo exponente, Mauricio Macri, con este montaje"."El Gobierno kirchnerista operó desde el juzgado. Podríamos no haber integrado la comisión, como hizo el ibarrismo con Cromañón, pero decidimos estar", dijo la legisladora, quien concluyó: "Muchos dichos y pocos hechos comprobados, quedó exhibido el direccionamiento escandaloso de Oyarbide de relacionar a Macri con las escuchas".

Lo cierto es que este tipo de situaciones para lo único que sirven es para seguir ampliando la brecha entre la gente y la clase política y para continuar desprestigiando a las instituciones. Ni oficialismo ni oposición salen fortalecidos luego de ausencias, gritos, peleas, chicanas e insultos, más allá de quien tenga un poco más de razón o, al menos, un poco más de coherencia política.