Si existe algo en lo que el Ejecutivo bonaerense ha sido efectivo a partir de la declaración de la emergencia en seguridad pública por parte del gobernador Daniel Scioli en abril del pasado año fue en promocionar cada acción enmarcada en la misma. Policía Local, Comando de Prevención Comunitaria (CPC), incorporación de miles de policías y Operativo Sol, han sido políticas ampliamente difundidas desde la administración naranja como parte de un caballo de batalla contra el delito sobre el cual se busca montar el perfil de gestión sciolista de cara a las próximas elecciones.

“Se ha avanzado muchísimo, hemos mejorado muchísimo con el gobernador en materia de seguridad”, señaló días atrás a NOVA el titular del área, Alejandro Granados, al momento de fundamentar la decisión del mandatario provincial de no prorrogar la emergencia que, de esta manera, llegará a su fin en abril próximo. “Cumplió sus objetivos", enfatizó el ministro.

Sin embargo, debajo de aquella superficie plagada de nuevas denominaciones en lo referente al combate contra la inseguridad, subyace un entramado de problemáticas que, lejos de desaparecer, en algunos casos se han acentuado y que, por ende, hacen abrir un abanico de interrogantes acerca del tema.

Más allá de no haberse alcanzado la promesa que Granados realizó en 2013, cuando aseguró que en dos años se alcanzarían los 100 mil policías en territorio provincial, la cifra de uniformados creció considerablemente hasta alcanzar los 92 mil, algo que se concretará el 15 de junio de este año cuando se efectúe la jura a la bandera de 15 mil nuevos oficiales.

Pero, corriendo de lado lo cuantitativo, las dudas se posan sobre la calidad en la formación de los jóvenes que se egresan y en torno a la capacidad operativa a través del equipamiento a disposición. Fuentes confiables detallaron a NOVA que los aspirantes que se capacitan en las escuelas descentralizadas de policía lejos estarían de contar con los recursos apropiados para realizar un entrenamiento intensivo que le permita salir a la calle con una sólida base. En este punto, se deslizó la escasa cantidad de municiones que estarían disponibles para cada aspirante al momento de la práctica de tiro y manejo del arma.

Las preocupaciones en cuanto a este punto afloraron con mayor fuerza cuando se conoció durante el inicio de la temporada estival la penosa muerte de un policía recientemente egresado que estaba realizando su primera experiencia en el marco del Operativo Sol en Villa Gesell. David Sardi, de 22 años, falleció tras recibir un disparo en la cabeza por parte de uno de sus compañeros, de 19 años, que, mientras manipulaba su arma reglamentaria en la casa que habían alquilado junto a otros jóvenes uniformados, gatilló accidentalmente, provocándole la muerte a Sardi.

Comandos de Preocupación

Uno de los anuncios salientes durante el año de emergencia fue la creación de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC), un sistema de patrullaje por zonas que se aplica en los distritos populosos. Para esto, se gestionó la adquisición de nuevos móviles. No obstante, los 3500 nuevos vehículos para la fuerza que la Provincia oficialmente detalló que terminará de entregar en ese lapso no han reflejado señales de suficiencia, teniendo en cuenta que, en primera instancia, mientras algunos CPC esperaban (o esperan) la llegada de patrulleros, los mismos son “prestados” por comisarías de la zona que, así, se encuentran diezmados en su flota, la cual en muchos casos muestra claras señales de estar obsoleta.

Un ejemplo de ello lo reflejó este medio al revelar una fotografía del padecimiento del personal de la Dirección de Infantería, sede La Plata, empujando un añejo colectivo de la fuerza que se había quedado sin respuesta al momento de retornar de la ciudad de Mar del Plata, donde tuvieron que cubrir el fútbol de verano.

Volviendo a los CPC, en algunos distritos los efectivos policiales, al no contar con móviles de la fuerza, suelen realizar el patrullaje con agentes municipales de prevención ciudadana, los cuales no están dotados (por la naturaleza de sus funciones) del equipamiento que debe tener un oficial de policía, razón por la cual se exponen a grandes riesgos de toparse ante una situación delictiva en la cual el “acompañante” uniformado tenga que intervenir.

Asimismo, muchos uniformados que salieron a patrullar las calles bajo esta modalidad venían de varios años sin hacerlo ya que se encargaban de custodiar edificios públicos, los cuales pasaron a ser vigilados por los policías retirados que aceptaron reingresar a la fuerza para esta tarea.

Malestar por las horas CoRes

A pesar de haber sido anoticiados hacia fines de 2014 que el valor de las horas CoRes (extras) pasaba de 21 a 40 pesos, la alegría duró poco para el personal policial ya que al inicio del presente 2015 se les informó que el cupo de horas CoRes que podían realizar por mes se disminuía a la mitad. Traducción: el aumento a casi el doble en el monto de horas extras se esfuma con el recorte a la mitad del cupo mensual.

Asimismo, el número de caídos en servicio sigue preocupando a los integrantes de la fuerza que aumentan en su malestar al ver que no se refleja desde el Ministerio de Seguridad una inversión fuerte en mejores equipos y entrenamiento a los efectivos.

Puntos sin cumplir

Otros aspecto que se anunció a concretar en el marco de la emergencia fue la construcción de cuatro nuevas unidades penitenciarias, para unos 2000 presos. No obstante, la superpoblación carcelaria sigue siendo un marcado problema que genera los cuestionamientos de organizaciones de los Derechos Humanos al advertir las condiciones de hacinamiento en las que viven los reclusos durante un año en el que se produjeron varias fugas de penales. En tanto, de aquellas cuatro nuevas unidades, sólo se licitaron dos: en Lomas de Zamora y Campana.

"Hay que buscar una solución a estas situaciones" y "por eso se avanza con las nuevas alcaidías", detalló meses atrás el gobernador Scioli aunque recalcó en declaraciones a NOVA: "No vamos a dejar de avanzar contra el delito por este problema”. Por otra parte, la extensión y descentralización de la cobertura del 911 para toda la provincia también es una cuenta pendiente, observándose en algunos distritos del interior bonaerense patrulleros ploteados con el 911 cuando el contacto telefónico con la Policía sigue siendo en esos municipios a través del 101.

A su vez, el llamado a reuniones sistemáticas del Consejo Provincial de Seguridad (donde confluyen todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria) tuvo señales de funcionamiento en el comienzo de la emergencia pero luego las convocatorias se fueron diluyendo con el paso del tiempo.

El desafío de la Policía Local

Sin dudas, uno de los aspectos de la declaración de emergencia en seguridad fue la discusión que giró en torno de la puesta en marcha de la Policía Local. Sin ver la luz en la Legislatura, el nacimiento de dicha fuerza se dio mediante decreto del gobernador y recién por estos días ha empezado a materializarse en algunos distritos (adhirieron 52), comenzando por el pago de Granados, Ezeiza, donde el titular de la cartera de Seguridad hizo foco en número de efectivos que se duplica con el arribo de esta nueva fuerza.

Sin embargo, las críticas no dejan de marcarse en los municipios administrados por la oposición: “Nosotros adherimos a la policía local pero aún pertenece a la provincia de Buenos Aires. Necesitamos una ley para tener la Policía Municipal”, señaló el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, para añadir que “la gente tiene miedo que les quiten lo que tienen, temen por sus vidas. Mientras esto siga pasando, la emergencia sigue adelante, está vigente, no ha terminado”. Más allá de las posiciones encontradas, la Policía Local sigue siendo un signo de interrogación y un desafío para la Provincia en cuanto a su funcionamiento.

Bajo este panorama, el objetivo de contar con mayor presencia policial ha sido alcanzado, aunque la cantidad no es garante de calidad y, en esto último, la emergencia en seguridad que finalizará en los próximos días, ha dejado algunas cuentas pendientes.