Por un pedido de la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (APOT), la Justicia trabó un embargo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), cercano a los 2 millones de pesos, por “el impedimento que interpuso el Instituto a los profesionales para trabajar en sanatorios privados de la Ciudad, lo que coartó el derecho laboral de unos 200 profesionales del sector”, según informaron representantes legales de la APOT.

Según fuentes de IOMA, “aún no se ha expedido la Cámara (de Apelaciones) al respecto”, ya que IOMA había apelado la medida judicial que determinó el embargo y ordenó al Instituto a habilitar a los médicos a trabajar en los centros de salud de la red privada. Esto significa que los profesionales puedan pedir internaciones, hacer intervenciones quirúrgicas y prescribir medicamentos.

El conflicto entre los traumatólogos platenses y el IOMA surgió a fines de diciembre, cuando 198 profesionales de la APOT se desempadronaron del convenio con IOMA a través de la Agremiación Médica Platense (APOT) en reclamo de la ap licación del Nomenclador Unico Nacional, que moderniza la aprobación de prácticas que hoy son corrientes y deben pasar por trámites de excepción. A su vez, mejora los honorarios que reciben los profesionales del sector.

Disconformes con el convenio que firmaron IOMA y la AMP, 198 miembros sobre 250 profesionales de la APOT dieron un paso al costado y pidieron dialogar directamente con la obra social bonaerense.

Una vez conocida esa determinación de los profesionales, desde IOMA, siempre según fuentes de la APOT, resolvieron “bloquear cualquier actividad profesional de los desempadronados, impidiendo el ejercicio profesional”. Ante esa situación, la APOT fue a la justicia para “garantizar el derecho de trabajar”.

Tras ese paso, según contó el doctor Guillermo Moviglia, abogado de la APOT, “la justicia ordenó que IOMA permita el trabajo de los profesionales y a su vez entable conversaciones con los traumatólogos para avanzar sobre un nuevo nomenclador de prácticas”.

Esa orden, dijo el representante legal, “fue dada a fines de diciembre; como no hubo novedades en la respuesta de IOMA se pidió que el juez de feria resuelva la situación y confirmó lo actuado por la jueza del tribunal 10 en lo civil y comercial. Ya estamos a fines de febrero, la situación laboral de los profesionales sigue siendo la misma, las conversaciones no avanzaron y por eso se confirma el embargo contra IOMA, que es de 50.000 pesos diarios desde los primeros días de enero en adelante”.

Según pudo saber este diario, con respecto a las conversaciones entre las partes, las mismas están congeladas y algunas fuentes consultadas indicaron que directamente están cortadas por un cortocircuito entre las partes.

DECISION JUDICIAL

La magistrada Silvina Cairo, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 10, resolvió confirmar el embargo contra la obra social por 1.450.000 pesos -en función de los días transcurridos desde el 5 de enero pasado hasta los primeros días de febrero- y 725.000 pesos por intereses y costas, los que deben ser girados a una cuenta bancaria de la APOT.

“En enero, en plena feria judicial, sin que IOMA hubiera cumplido, se presentó una denuncia por incumplimiento de IOMA y pedimos la efectivización de las medidas solicitadas. El juez de feria lo verificó y ordenó que se efectivice. Sin embargo, el tiempo transcurrió y no se hizo efectivo a la espera de que IOMA cumpliera con lo ordenado. Terminó la feria y en estos días la titular del juzgado 10 ordenó concretar la transferencia bancaria por los montos mencionados. Que pueden seguir sumándose por el paso del tiempo sin que IOMA cumpla con lo ordenado por la Justicia. La apelación de IOMA no suspende la medida ordenada”.

En ese contexto, siempre según la representación legal de la APOT, “IOMA argumenta que cumlió parcialmente la orden judicial. Esto no es asi en derecho. Se cumple o no se cumple. Se apela o se acepta la medida judicial”.

Como consecuencia de ese expediente iniciado en el fuero civil y comercial, también se trasladaron actuaciones al fuero penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la orden judicial impartida, explicó uno de los letrados que representa legalmente a los traumatólogos en conflicto.

Una de las consecuencias que se produjeron a raíz de este conflicto es que varios pacientes platenses fueron derivados a clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir con sus tratamientos y realizar intervenciones quirúrgicas.

A su vez, algunos pacientes fueron a la Justicia para que se realicen prácticas e intervenciones quirúrgicas que quedaron postergadas por el conflicto desatado.

Este diario, días atrás, publicó el caso de un comerciante de la Ciudad que fue operado de una pierna en octubre y cuando tenía fecha para la operación de la otra pierna estalló el conflicto y eso impidió que se pueda completar su recuperación.