En diciembre de 1999 la deuda pública ascendía a 1,2 mil millones de dólares, equivalente a 2,3 presupuestos de entonces. Como ni las administraciones de Rovira y Closs tomaron deuda, sino que por el contrario iniciaron un decidido proceso de desendeudamiento, la deuda hoy equivale al 0,2% del presupuesto. Al mismo tiempo se logró pesificarla y refinanciarla a tasas fijas. De todos modos sigue siendo una carga para los misioneros ya que el stock de la deuda heredada asciende a 3,3 mil millones de pesos, refinanciada con la Nación y de 38 millones de dólares con organismos privados.

Recientemente se conoció un estudio de la calificadora de riesgo Moody´s, que afirma que Misiones se encuentra entre las provincias “tranquilas” después de la devaluación. Como agente político del neoliberalismo, la opinión de la calificadora debe tener una lectura cuidadosa. Lo que se debe destacar es que la propia ortodoxia elogia a la administración de Misiones. No hay que perder de vista que la situación financiera de las provincias tiene diferentes interpretaciones que se desvían de los análisis objetivos desde abordajes partidistas, asociados a intereses hegemónicos (como los que representa Moody´s), hasta abordajes fetichistas que esconden y no dejan ver detrás de los números, de los que se enamoran, realidades socio-históricas.

La más común de las críticas a esta situación financiera, obviamente, le echa la culpa al Gobierno nacional, y sostiene que a través de mecanismos -catalogados de perversos- se habría propuesto ahogar a las provincias para someterlas al arbitrio del poder político nacional, con premios y castigos. Estas miradas tienen la complicidad del poder concentrado de los medios, que utiliza todo lo que tiene a su alcance para deslegitimar el modelo económico.

En el diálogo político convocado por el Gobernador Closs, las observaciones a la situación financiera se limitaron a la eterna queja por la baja coparticipación de Misiones que, es de recordar, en un entente bipartidista de 1988 perdió el 25% del índice. Ninguna fuerza partidaria hizo referencias a las causas del endeudamiento. Desde la desmemoria entonces insisten en la prédica sobre la “presión fiscal”.

El proceso de reestructuración y desendeudamiento iniciado en la década del 2000 se caracterizó por la pesificación del endeudamiento público tanto nacional como provincial, con aplicación del CER (2002) y la implementación de Programas como el PFO y la Ley de Responsabilidad Fiscal, orientados a la reestructuración de los compromisos y préstamos “heredados” del gobierno de la década anterior. Pero este proceso, que renunció a la deuda como instrumento de financiación del Estado, demandó a la vez la aplicación de políticas fiscales apropiadas.

La década del 2000 fue marcada por un cambio en el modelo fiscal, con fuerte participación de la DGR en el aporte de recursos para financiar las erogaciones.

Para hacer una buena lectura de los cambios de modelos realizados en Misiones, vale apuntar que en los mismos años, con el mismo Gobierno Nacional, otros distritos utilizaron los empréstitos como recurso. La deuda es una opción política. Entre otras, la ciudad autónoma de Buenos Aires y Córdoba, para mencionar dos administraciones de color partidario diferente y que se presentan como alternativa para el 2015, han tomado deuda en dólares en el mercado financiero. Mauricio Macri, en los últimos dos años, emitió deuda con ajuste "dollar linked" por 760 millones de dólares.

El endeudamiento es un recurso y una decisión política. Misiones en los 90, tomó deuda por 1,1 mil millones de dólares y pagó de intereses casi la mitad, 480 millones de dólares. Es decir que la dinámica lleva subyacente su propia implosión. Es lo que ocurrió en el 2001.

Por eso, para analizar las causas de algunos endeudamientos provinciales de estos años, también se requiere hacer foco en las propias administraciones provinciales.

Algunas son reticentes a la aplicación de impuestos locales para evitar deslegitimarse políticamente, y enuncian quejas permanentes al Gobierno Nacional reclamando por una mayor coparticipación de impuestos. Más allá de la importante discusión sobre la posibilidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación federal, la Renovación se propuso actuar y reconsideró su propia estructura tributaria como forma de incrementar sus ingresos. Al mismo tiempo aumentó la distribución de los recursos entre los municipios, conocida como “distribución secundaria”, que llega a los 80 millones por mes. Se privilegió a los sectores más pobres cobrando a los que más tienen con el propósito de aumentar el ingreso de esos sectores que demandan servicios públicos como la salud y la educación, que constituyen salarios indirectos.

Contexto para el debate

Es en este contexto en que el debate por la política fiscal cobra una significación más ajustada a la realidad social. En la provincia, más que debate hay presiones sectoriales, pero hay una pregunta básica que pareciera no se formulan muchos que claman por derogar impuestos y a la vez reclaman aumentar los gastos corrientes del Estado (salarios, atención médica): ¿Cómo genera el Estado ingresos suficientes? ¿Con deuda?

Repasando titulares de diarios de provincia, para ampliar el contexto, se descubren informaciones que la prensa hegemónica oculta. Hay provincias que además de endeudarse aumentan los impuestos. Veamos:

“Carga impositiva en Córdoba. Los empresarios del sector agropecuario se quejaron de los aumentos en los impuestos provinciales, no sólo en las tasas para el control sanitario correspondiente, sino también en el alza autorizada sobre ingresos brutos, que pasó del 3% al 5%”.

“La Federación Agraria de Córdoba expresó hoy su “descontento” con la decisión del gobierno de José Manuel de la Sota de aumentar “la presión tributaria” para los productores de este distrito mediterráneo, y convocó a sus máximos directivos para evaluar “los pasos a seguir”.

“Sube la presión impositiva y en varias zonas cordobesas se atraviesa una emergencia y sobran las razones para sentirnos preocupados”, expresó uno de sus directores, Carlos Baravalle, a través de un comunicado.

“La FAA indicó que “varios productores” recibieron cédulas impositivas con subas superiores al aumento promedio acordado de 55%, y refirió que dichos incrementos no bajan del 68%. Esto llevó a la Mesa de Enlace provincial a solicitar una reunión con De la Sota, al tiempo que los funcionarios cordobeses, según indicó la FAA, defendieron “los ajustes del gravamen” adoptado”.

“La Mesa de Enlace Agropecuaria encabezó una movilización con cientos de productores entrerrianos a la vera de la Ruta 14.Los ruralistas reclamaron a Urribarri que se derogue la Ley 10.270, que aplicó un 1% en Ingresos Brutos a un sector antes exento.”.

“Presión impositiva en Santa Fe. El sector agropecuario se moviliza en contra de la aplicación del 5% de Ingresos Brutos a la producción primaria que se comercializa fuera de la provincia”

“El último aumento dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el ABL castiga más el bolsillo de los porteños, pero se suma a una serie de tarifazos que llegaron con la gestión de Mauricio Macri. Es que tomando casos puntuales desde 2007 a la fecha el incremento de este impuesto llegó a ser de más del 1.200%. Y los números a pagar se acrecientan sobre todo en los últimos dos años, desde 2011, cuando la suba superó en muchos casos a más del 600%.

Y otra información: “El primer mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi sostuvo que si el Estado Nacional no salda en breve 1.800 millones de deuda con Corrientes y otras acreencias, en marzo o abril la provincia emitiría bonos para el pago de proveedores y salarios. Según trascendió el bono se llamaría "El Correntino" y tendría las mismas denominaciones o valores que el peso argentino, es decir billetes de dos pesos, cinco, diez, veinte, cincuenta y cien pesos”.