Los pliegos de cada obra cada vez tienen más exigencias de equipos propios en cada licitación pero, paralelamente, se relaja el control sobre la disponibilidad de esos mismos equipos.
Cuando las otras empresas quedan en el camino, esta mayor exigencia que las elimina se relaja con la empresa ganadora y, sugestivamente, el mismo Estado que tantos requisitos ponía, deja de controlar la ubicación de los equipos y su disponibilidad para la obra que se licitó.
2008.
En teoría -dicen en Vialidad- es "todo legal", si por legal se entiende los papeles firmados por los funcionarios. En la realidad es dudoso que pueda presentarse como "legal" la eliminación en 2008 de dos puntos del Anexo II "Nómina completa de equipos" del Pliego General de Condiciones de Vialidad Provincial. Con esa eliminación de castró el control de equipos y se abrió la puerta a los direccionamientos.
¿Qué decían esos dos puntos eliminados? Uno de ellos, denominado "Columna 10" establecía las pautas para que los inspectores de VP pudieran determinar fehacientemente la ubicación de los equipos que se presentaban en las licitaciones. Decía así: "Ubicación actual: el proponente deberá indicar el lugar en que se encuentra ubicado el equipo ofrecido especificando ciudad, calle y número para facilitar su inspección. En caso de traslado de equipo durante el período de mantenimiento de oferta, deberá comunicar de inmediato su nueva ubicación".
Esta exigencia del Pliego General fue borrado de un plumazo en los comienzos de la gestión del gobernador Oscar Mario Jorge. También y mucho más grave, fue la segunda eliminación del Anexo II sobre la disponibilidad de los equipos. Ese punto eliminado hace tres años, denominado "Columna 11" y titulado "Fecha probable de disponibilidad", ordenaba que "el contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida podrá ingresar a la obra. Cuando el equipo esté siendo utilizado en otra obra en ejecución, deberá adjuntar certificado de disponibilidad expedido por el comitente de la obra en cuestión, en el cual conste la fecha cierta en que el mismo quedará liberado".
(Sin)sentido.
Está claro que estos dos puntos del Anexo II del Pliego de Condiciones General de Vialidad Provincial al cual debían ajustarse todas las licitaciones del organismo tenían un claro sentido de control de los equipos ofrecidos por las empresas. Su eliminación privó a VP de la certeza sobre qué equipos utilizaría y cuándo cada firma que se adjudique una obra.
Si se analiza esta eliminación que relaja los controles sobre los equipos de las empresas ganadoras de las licitaciones, y se la compara con las mayores exigencias que Vialidad comenzó a introducir en los pliego de cada obra, complementarios del Pliego General, se está ante un contrasentido. O ante una maniobra maquiavélica.
¿Por qué? ¿qué sentido tiene -por ejemplo- que el Pliego de la ruta 4 exija como propio un equipo reciclador de pavimento de 350HP y 800 M3 por día, si en el Pliego General no se le exige que está disponible para la obra? O sea, se exige un equipo propio pero luego la empresa puede utilizar un equipo alquilado pues el Estado ya no controla que lo utilicen para la obra porque se eliminaron los dos puntos claves del Anexo II.
Esto es, el equipo propio es importante para cotizar pero no para ejecutar la obra. Es un sinsentido. O no. Una modificación cuyo sentido es el de dejar en el camino a oferentes que de entrada presentaron el equipo como "a alquilar" o "a adquirir" con factura pro forma. Y, hasta ahora, el principal beneficiado es la empresa Jubete, donde es asesor el hijo del gobernador. ¿Casualidad?
Nadie controla.
Esta exigencia de más equipos para eliminar competidoras y, paralelamente, eliminar el control de los equipos presentados por la ganadora que aparece como un acto administrativo dirigido a digitar licitaciones es invisible a los controles del Estado. Curiosamente, a tres años de haber sido perpetrado, no fue observado por ningún organismo de control de la provincia. Ni el Tribunal de Cuentas, ni la Contaduría, ni la Fiscalía de Investigaciones, ni ninguna de las tantas asesorías letradas lo hicieron internamente. Tampoco lo hizo Defensa de la Competencia ni, pese a atentar contra la concurrencia y la equidad en las licitaciones, la Cámara de la Construcción de La Pampa.

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