El miércoles último ingresó al Senado el pedido de acuerdo del gober-nador Juan Manuel Urtubey para la designación de Adriana Rodríguez Faraldo como jueza de la Sala Pri-mera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. El concurso entregó una terna em-parentada con funcionarios del Eje-cutivo, el Senado y la Corte. En los próximos días Rodríguez Faraldo será entrevistada en la Cá-mara Alta, donde se encarga de estas formalidades el secretario legislativo, Luis Guillermo López Mirau, su esposo ¿Se excusará? Rodríguez Faraldo tiene otro lazo familiar en el Gobierno: su hijo, Guillermo López Mirau (h), es el secre-tario de Planeamiento. Es, además, consuegra de Sergio Petersen, conse-jero por el Colegio de Abogados en el órgano responsable de seleccionar los jueces y fiscales en Salta. En una provincia donde el descré-dito judicial crece con privilegios ne-póticos y los casos de corrupción ar-chivados sin investigación, el proceso selectivo del juez de la Sala Primera volvió a dar la razón a quienes sostie-nen que los vínculos parentales y el amiguismo pesan más que los ante-cedentes y la capacidad profesional. Otra de las ternadas, Hebe Alicia Samsón, es hermana de Ernesto Samsón, exsecretario General de la Gobernación y actual ministro de la Corte.Y es también pareja del juez de la Corte, Guillermo Félix Díaz, quien preside al propio Consejo de la Ma-gistratura. La otra ternada fue María Luján Pérez del Cerro, prima hermana de Ernesto Samsón, gerenta de Asuntos Jurídicos de Aguas del Norte y con-sultora de la Sociedad del Estado Si-glo XXI (Estadio Padre Martearena) desde junio de 2009.En los últimos días se respiró in-dignación en la ciudad judicial, don-de muchos empiezan a entender por qué en otras provincias hay regla-mentos que prohíben designar a pa-rientes de consejeros de la Magistra-tura, de hasta el cuarto grado, como jueces o fiscales. Sobre los procesos selectivos en sí, distintas fuentes coincidieron en que los privilegios se imponen fundamentalmente en la entrevista a los postulantes. De esa instancia, la más subjetiva de todas, depende la mitad del puntaje total que reciben los candidatos.De esta forma, caen en saco roto la trayectoria, los antecedentes y los méritos profesionales de los postu-lantes que concursan en Salta. Esto fue advertido por Armando Frezze, exministro de la Corte de Jus-ticia de Salta, en una columna de opinión publicada en El Tribuno el pasado 17 de mayo. “Esa entrevista,al representar la mitad del puntaje, resulta cuanto menos desequilibran-te”, resaltó Frezze, tras subrayar que de nada vale que un candidato ob-tenga el máximo puntaje como bri-llante profesional, tratadista y cate-drático si en la entrevista los conseje-ros lo califican, sin mayores motivos,con un avaro puntaje.En otra columna, publicada el 25 de mayo último en este diario, Ar-mando Caro Figueroa, exministro de Trabajo de la Nación, remarcó que los líderes políticos deberían com-prometerse a seleccionar a los mejo-res profesionales para ocupar juzga-dos y fiscalías, “sin mirar adscripcio-nes políticas, lazos familiares o antiguas camaraderías”.No son los únicos a los que les pre-ocupa el modo en que se eligen los jueces y fiscales. Se supo que ya hay abogados del foro local movilizados con el fin de conformar una comi-sión revisora de los procesos selecti-vos del Consejo de la Magistratura de Salta. Es que, con más de un ama-ñado concurso, trasluce cada vez con mayor nitidez la desvirtuación de un órgano que debiera ser independien-te e imparcial, como pide la Consti-tución, para evitar que la confianza de la sociedad salteña en la Justicia y el Ministerio Público se siga hun-diendo y toque fondo.

Renunció una postulante por “cansancio moral”

El pasado 9 de junio se publicó la resolución 877 del Consejo de la Magistratura, por la que se admitió a 16 postulantes al cargo de juez de

la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. Entre los candidatos está Soledad Fiorillo Saravia, la esposa

del procurador general, Pablo Ló-pez Viñals. Dentro de la ciudad judicial se di-ce que Fiorillo es un “nombre puesto” para ese cargo. López Vi-ñals, su esposo, integra el Consejo de la Magistratura como represen-tante del Ministerio Público. Hace algunos días, trascendió

que una de las candidatas a jueza de la Sala Quinta, María Silvia de la Zerda, renunció a su postulación por “cansancio moral”.

Consultada por El Tribuno,la abogada, que se desempeña como secretaria de la Cámara donde se cubrirá la vacante, confirmó su de-clinación, aunque se excusó de aclarar los motivos que expuso en su renuncia ante el Consejo de la Magistratura. El audio de la entre-vista telefónica puede escucharse en El Tribuno digital. La determinación de De la Zerda, según se afirma en la ciudad judi-cial, fue empujada por los manejos arbitrarios que se volvieron mone-da corriente en el órgano elector de jueces y fiscales. La postulante tiene

antecedentes y una larga trayectoria judicial que, según se comenta, fue-ron menospreciados para imponer, en diferentes concursos, a candida-tas bendecidas por el poder político. De la Zerda, según registros del Consejo de la Magistratura, fue una de las concursantes al cargo de juez de la Sala Primera, en el que termi-naron ternadas Adriana Rodríguez Faraldo, María Luján Pérez del Ce-rro y Hebe Samsón. Aunque otro concurso selectivo para juez de la Sala Segunda aún no tiene terna, en los pasillos judiciales se asegura que la hermana de Ernesto Samsón será la postulante pa-ra la que el gobernador pedirá, en su momento, acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura, que fue creado para mejorar la elec-ción de los jueces, no muestra inde-pendencia ni imparcialidad.