. La Legislatura porteña, sin cámaras de TV, con pocos periodis­tas y muchos asesores. En una ma­ratónica sesión los diputados de la Ciudad se disponían a aprobar un conglomerado de leyes solicitado por Mauricio Macri. Horas después el paquete estaba aprobado. Entre las normas está la venta del mítico edificio del ex Mercado del Plata, un negocio de más de 300 millones de pesos que podría plasmarse en un complejo hotelero de lujo o un shopping a metros del Obelisco.

En el edifico trabajan hoy 3.200 empleados. Hay oficinas públicas correspondientes a cuatro ministe­rios y dependencias diversas, como la oficina de gestión de multas de tránsito y trámites para realizar em­prendimientos inmobiliarios y cons­trucciones. Según denuncian en la oposición, no hubo ningún estudio de impacto ambiental que justifi­que la operación comercial.

La idea del macrismo, en prin­cipio, es utilizar lo que se recaude de la venta para construir el Cen­tro Cívico en Barracas, en los te­rrenos que lindan con el hospital Borda. De esta forma se mudarían las oficinas del jefe de Gobierno y de tres ministerios allí con la idea de descentralizar las dependencias del Ejecutivo local. Sin embargo, el proyecto ya tuvo un freno de la Justicia, que consideró que, dado que el predio del sur de la ciudad está catalogado como patrimonio y yacimiento arqueológico, no se puede modificar ni construir allí. El PRO ya apeló la medida.

Grandes planes

Con hermetismo, el plan del Gobierno es subastar el Edificio del Plata y que pase a estar controlado por un privado. Dos opciones son las preferidas: la construcción de un shopping o un hotel de categoría. Según pudo saber Diario Z, el edi­ficio tiene protección histórica que protege la fachada, pero, dado que fue un mercado durantes décadas, mantiene la zonificación que per­mite instalar un comercio.

El edificio, que ocupa toda la cuadra de Carlos Pellegrini al 200, tiene nueve pisos, tres subsuelos y 12 ascensores. Allí funciona el Mi­nisterio de Desarrollo Urbano (que será el encargado de la construc­ción del Centro Cívico), oficinas de Espacio Público, el Instituto de la Vi­vienda y otras dependencias. A los empleados se suman quienes van a realizar trámites por multas o a en­tregar papeles para construcciones en la Dirección de Catastro. “Se puede hacer un hotel con locales comerciales en los subsuelos, tam­bién puede haber oficinas y utilizar el subsuelo para cocheras”, confía un funcionario que trabaja en la su­basta que prepara el Banco Ciudad para deshacerse del millonario in­mueble. Esto es posible.

“El edificio tiene una zonifica­ción llamada C2, que da hasta para construir un shopping o un hotel”, explica a Diario Z el ex legislador porteño, Facundo Di Filippo (Parti­do Social). “Se trata del despren­dimiento de tierra pública, en este caso un edificio con valor cultural simbólico, que es utilizado para in­versión. Venden las joyas de la Ciu­dad para el financiamiento de obras planificada por otra gestión. Estos inmuebles tienen un gran valor pa­trimonial que hacen más objetable esta venta”, planteó Di Filippo. “Por la zonificación que tiene el inmue­ble seguramente terminen en ma­nos de una empresa para hacer un emprendimiento inmobiliario enor­me”, concluyó el ex legislador del Partido Social.

Al mejor postor

Según la ley, el Ejecutivo tiene tres opciones para vender el edifi­cio. La primera es venderlo una vez que se haya trasladado el personal y se haya desocupado. En segundo lugar, lo puede transferir a un fidei­comiso con el Banco Ciudad como fiduciario y el ganador de una su­basta pública como el adquiriente. La tercera alternativa, más polémi­ca, es realizar una subasta. Una vez que adquirió el inmueble, el nue­vo dueño puede alquilárselo al go­bierno porteño por un plazo de hasta cinco años. Así, se vendería un edificio millonario para volver a alquilarlo. Esta opción tiene que ver con los plazos: según advirtie­ron en el macrismo, el proyecto de Centro Cívico, hoy frenado por la Justicia y en proceso de apelación por parte de la Procuración, tarda­rá, por lo menos, tres años en fi­nalizarse. Esto implica que no será Macri quien lo inaugure. El conflic­to central pasa porque, según la ley, el dinero que ingrese en las ar­cas porteñas por la venta debe ser destinado en su totalidad al Centro Cívico y no puede ser utilizado para otra cuestión. La subasta también implica la utilización comercial, o meramente artística, del inmenso mural que se puede ver en la fa­chada y que ya fue objeto de críti­cas por parte de la oposición.

A todo esto, en el Ejecutivo deja­ron trascender que existe un acuer­do, no escrito, para que el personal se traslade al Centro Cívico una vez que esté terminado. Desde los gre­mios se mantienen en alerta desde la sanción de la ley. Para el secreta­rio adjunto de ATE Capital, Hum­berto Rodríguez, es “un conflicto latente que, cuando uno recorre el mercado se da cuenta. Lo que ve­mos con preocupación es que hay un megaacuerdo con un negocia­do en la Ciudad y no tiene correla­to con lo que es información públi­ca. Hay un negocio inmobiliario en el cual se han violentado los pro­cesos institucionales y los tiempos. Por ejemplo hubo comisiones en la Legislatura que ni siquiera pudie­ron juntarse para plantear el tema, fue muy desprolijo el tratamiento”, explicó Rodríguez. “Como traba­jadores nos preocupa las fuentes de trabajo, estamos en estado de alerta y queremos defender lo pú­blico”, agregó.

La letra chica

Según el proyecto aprobado, el edificio fue declarado “innecesario para la gestión gubernamental”, porque “ha sufrido una fuerte dis­minución en las inversiones públi­cas, lo que produjo un grave dete­rioro de su infraestructura. A pesar de los recursos que se han desti­nado a sus necesidades estructu­rales no alcanza a cubrir el nivel de desinversión que tuvo por décadas

5y que hoy se requiere para el servi­cio y fin que presta”, se planteaba en los considerandos de la norma.

La ley fue aprobada el 21 de diciembre en segunda lectura y audiencia pública, dentro del con­junto de proyectos que pretendía Macri. Entre ellos, el Distrito de las Artes en La Boca y Barracas, la au­torización para conseguir un cré­dito internacional para terminar las obras del arroyo Vega, el tras­paso del subte, la rezonificación de terrenos ferroviarios para cons­truir viviendas dentro del plan Pro­crear y el centro de transferencia de cargas en el Parque Roca. Para la legisladora porteña de Proyecto Sur, Virginia González Gass, cuyo bloque se opuso, “consideramos que se estaban malversando los fondos de la Ciudad al proponer la venta de una forma muy rápida y en la cual no se había hecho nin­gún estudio de impacto ambien­tal ni ningún otro estudio”. “Una de las propuestas del macrismo era construir un shopping. Es un meganegocio. Hay muchísimas otras prioridades antes de cons­truir un Centro Cívico. Tenemos que trabajar sobre la urbaniza­ción de villas, para que se vote, y todavía no hemos podido siquie­ra sostener el debate”, argumen­tó González Gass. “Hay priorida­des. Este Gobierno las establece en la construcción y en cosas que no son necesarias para la ciudad de Buenos Aires”, concluyó la di­putada de Proyecto Sur.

Cuestión de precio

Ahora bien, ¿cuánto vale el in­mueble? En el gobierno porteño dicen que es complejo calcular el monto y que, cuando llegue la hora de la subasta, se sabrá con exac­titud. Quien está a cargo de este procedimiento es el Banco Ciudad y la Dirección de Administración de Bienes que depende del Ministe­rio de Desarrollo Económico. Desde ese Ministerio explicaron a Diario Z que “la ley no entró en vigor” y que están “esperando que ingrese para ver qué hacer”, en cuanto a las tres opciones que plantea la inicia­tiva. Según la última tasación que realizó el Banco Ciudad, a comien­zos de 2012, el inmueble costaba 290 millones de pesos. En el Ejecu­tivo plantearon que, para cuando se venda, la cifra superará holgada­mente los 300 millones.

Teniendo en cuenta lo ante­rior, quedan muchos interrogan­tes. Nada menos que cuánto se recaudará, cómo se usará el edi­fico y cuándo se hará el traslado al Centro Cívico. Sobre este tema, fuente del PRO adelantó: “Aun­que ya está licitada, hasta que no se haga la subasta no va a empe­zar la obra en Barracas”.