Para el gobernador Alfredo Cornejo no será fácil deshacerse de todo lo que le dejó bajo la alfombra la gestión de Francisco Pérez. La semana anterior el mandatario dejó sin efecto 83 designaciones y ascensos de la gestión anterior, ya que consideraron que fueron realizados de manera ilegal. El problema para Cornejo es que esas personas no se quedarán de brazos cruzados y llevarán cada caso particular a la justicia.

El secretario general de SITEA, Federico Lorite, adelantó que han recibido varias consultas porque hay muchos “disgustados” tras la medida del gobierno de Cornejo que se concretó a través del decreto 64. Desde el gremio afirmaron que hay errores especialmente con personas que tenían hasta 15 años de antigüedad en el Estado, que habían sido ascendidos y ahora volverán a la clase que tenían.

“El tema es que los empleados venían presentando el reclamo administrativo solicitando un ascenso, al no haber concurso, se lo otorgaron en junio”, indicó el gremialista.

“Han dejado a mucha gente en la calle”, señalan algunos que prefieren no dar a conocer su identidad y si bien reconocen que entre los cesanteados había “acomodados”, hay casos que consideran que han sido “injustos”. Entre los que fueron echados por ejemplo hay una persona que cobraba 7.800 pesos mensuales y ahora está desesperada porque tiene un hijo que mantener. “Nos echaron como perros. Hacen política con el alimento de mi hijo”, sostuvo. 

Según explicó Lorite, los ex empleados tienen diez días para presentar un reclamo administrativo como primera medida. Sin embargo, ya se están están agrupando para llevar cada caso a la Justicia. Este lunes por la tarde se realizará una reunión con un grupo de abogados para definir cómo serán las presentaciones que se llevarán adelante. En el encuentro se analizarán las alternativas a seguir; los abogados buscarán alguna medida para que haya un tratamiento particularizado en cada caso. “Metieron a todos en la misma bolsa y no eran todos ñoquis”, se quejó un ex empleado.

Los cesanteados no están de acuerdo con que se emita un decreto donde se incorporan todos los casos juntos. De las 47 designaciones y 36 ascensos que el Gobierno analizó, hay situaciones muy diversas y por eso solicitarán que la justicia revise puntualmente cada caso. Sin embargo, desde el Gobierno dejaron en claro que el decreto Nº 64 se emitió una vez que se analizó cada expediente de los estatales cuestionados.

El malestar de los empleados de Pérez es tan grande que además barajaban la posibilidad de solicitarle a la justicia que revise todas las designaciones desde el año 1983 a la fecha. De hecho muchos cuestionan al ex gobernador Julio Cobos, ya que consideran que con él ingresó una importante masa de trabajadores al Estado. En ese sentido pidieron "igualdad para todos".

Sin embargo desde el Ejecutivo están confiados en la medida que realizaron ya que encontraron ciertos vicios que los llevaron a considerar que tales designaciones eran “inexistentes”. Entre esos vicios consideraron que hubo irregularidades como la violación a la ley de presupuesto reconducido y además se determinó que el personal no era necesario para el cumplimiento normal del servicio. Asimismo, no se determinó que había “necesidad directa y efectiva” de realizar esos nombramientos porque se los designó en junio para que presten funciones a partir de diciembre.

Por otra parte, en muchos casos los cargos no tenían volante de imputación presupuestaria por lo que se determinó que el cargo era inexistente, además que los expedientes no realizaban el recorrido estipulado y y obviaron el paso por Contabilidad y Finanzas. 

También en Cultura se dio un caso similar. La semana anterior el secretario de la cartera, Diego Gareca, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino realizaron una denuncia penal por irregularidades en prestaciones realizadas en la gestión de Pérez. Se trata unos 40 contratos que fueron dados de alta entre 2011 al 2015 bajo la modalidad de contrato eventual (caché a artistas), para realizar en su mayoría trabajos administrativos.

En este caso desde SITEA presentaron un recurso de amparo para dos delegadas gremiales del Julio Le Parc, y además un reclamo administrativo para que reincorporen a unos 15 trabajadores del espacio cultural.