La primera impresión es más que clara. La defensa del juez de Garantías Nº 1, Antonio Cayetano Saladino, está dispuesta a poner toda la carne sobre el asador. Y cuando se dice toda la carne, es toda. No sólo por lo que surge de esta presentación, sino además por los durísimos planteos que podría hacer en breve.

César Sivo -penalista que representa al magistrado en la causa por presunto cohecho que derivó en un jury- presentó ayer en la mañana su descargo, ofreció las pruebas que utilizará en el debate oral y además consideró como "necesaria la celebración de la audiencia preliminar". A lo largo de las siete páginas alude -una vez más- a los supuestos nexos del asesinado Marcos Alonso con el mundo delictivo e incluye al juez de Garantías Carlos Villamarín entre quienes compartían prácticas deportivas con el penalista, en una notoria búsqueda de desarmar el testimonio de este magistrado.

Se deben mirar todas las pruebas con detenimiento. Y analizar claramente a qué está apuntando Sivo cuando pide que se incorporen la investigación penal preparatoria de la causa contra Walter Gallastegui por homicidio en grado de tentativa y aquella por el homicidio de Marcos Alonso "con la totalidad de sus anexos documentales, legajos fiscales y/o incidentes".

Lógicamente, también solicita la inclusión de la causa en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10 de Mar del Plata iniciada tras la denuncia de Fabiana Márquez, pareja Alonso a partir de su declaración como testigo en la causa por el asesinato.

Eso sí: reclama que la fecha de la audiencia se fije para después del juicio oral y público por el crimen del abogado, es decir, después de agosto "toda vez que de acuerdo a la hipótesis de la parte acusadora es innegable que el contenido de dicho proceso trascenderá al que nos ocupa".

Si bien en algún momento se pensó en solicitar una postergación de la fecha del juicio penal debido a un retraso en el envío de los resultados de las pericias, esto no sería necesario. Y según se cree estos estudios serían favorables a la tesitura que el ministerio público fiscal venía manejando.

Desde la mirada de Sivo -al menos, por cuanto se lee en el descargo presentado ayer en la mañana- en esa instancia de debate se echaría luz "sobre algunos puntos de medular importancia" que favorecerían a Saladino.

Una foto

Hay ciertos detalles que merecen más de una lectura. Entre los pedidos del abogado del juez, figura el "libramiento de oficio al Tribunal Oral Federal de la ciudad de Mar del Plata a efectos que remita copias certificadas de las actuaciones caratuladas 'Pierce, Ricardo Ramón s/ Incidente de Ejecución de Pena' ". Cabe aclarar que Pierce, siendo detenido, gozaba del beneficio de salidas laborales que cumplía como secretario de Alonso.

Y luego un dato singular: Que "se autorice el libramiento de oficio al Diario El Popular de la ciudad de Olavarría para que se sirva remitir a las actuaciones ejemplar en el cual conste fotografía del equipo de fútbol que integraba el magistrado Villamarín junto al abogado Alonso".

Este no es un detalle menor. La estrategia de Sivo de incluir a Carlos Villamarían, juez de Garantías Nº 2 de Olavarría, en el análisis del entramado de vínculos no resulta nada inocente. Y se buscaría probar que la evidente relación entre Alonso y su defendido, Antonio Saladino, era mucho más frecuente de cuanto quieran hacer creer los organismos que tienen en la mira al magistrado.

A la hora de aportar testigos el listado es abultado. Suman 53 en total e incluye un abanico variadísimo. Desde policías de diverso rango pertenecientes a comisarías de Olavarría, Bolívar y Tandil a funcionarios fiscales y judiciales (figuran los fiscales Susana Alonso y Martín Pizzolo y el secretario de Saladino, Mario Sánchez Brusse); familiares de Alonso pero también personas cuyos nombres han integrado vastamente el universo de las investigaciones penales en calidad de imputados o de denunciados. Un número que podría incrementarse a medida que los testigos vayan declarando.

Hay -según se desprende de la inclusión de algunos testigos de identidad reservada- un claro desarrollo de la hipótesis de que la muerte de Marcos Alonso habría sido una consecuencia de su presunta participación en una red delictiva ligada al tráfico de estupefacientes. Y en esa línea, hay tres testigos (un agente penitenciario y dos remiseros) que habrían declarado que -según se lee textualmente en el descargo- "fueron contactados por la organización de la que formaban parte Castilla y Alonso (entre otros) para ir a buscar entre U$S 140.000 y U$S 180.000 a Neuquén, vinculados con el producido de la comercialización de estupefacientes".

Este dato puntual llevaría a Sivo a ampliar el espectro territorial delictivo que había adjudicado en el planteo de inadmisibilidad de la acusación contra su cliente.

Existiría un entramado que -insiste Sivo- no desaparece con el homicidio de Alonso, sino que continúa existiendo a todas luces.

La apuesta de César Sivo es importante. Y no sólo apunta a probar que su defendido no tuvo vínculo alguno con las denuncias que se le adjudican, sino también a demostrar que hay en marcha toda una decisión política destinada a bajarle el pulgar al suspendido magistrado.