El interventor en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Julio Espínola, le aclaró ayer a EL LIBERTADOR que la excepcionalidad en la aplicación de la nueva tarifa eléctrica no es aplicable a provincias ni regiones geográficas, sino a casos puntuales. Se trata de hogares que pudiesen llegar a superar los 1.000 kilowats por hora debido a una situación especial (familiar enfermo, "electrodependencia" sin alternativas a otros medios, etcétera) y no porque habitualmente excedan ese consumo.

En todo caso, de todas maneras tendrán que fundamentar adecuadamente esa situación particular.

De esta manera queda descartada la posibilidad que Corrientes pueda tener una tarifa diferencial por el hecho de no contar con el servicio de gas natural en redes. Ocurre que en los casos de esta naturaleza detectados en Buenos Aires y otras áreas del país, la falta de gas domiciliario fue uno de los factores tenidos en cuenta, pero no el único requisito. Debe comprobarse además falta o deficiencias en el abastecimiento de agua potable y otras falencias socioeconómicas para el suministro de servicios, situaciones que no son generalizables en la provincia de Corrientes como un todo (más allá de casos también particulares).

SIN SUBSIDIOS

En cuanto al requerimiento de una tarifa diferenciada por parte del sector citrícola, afectado por el fenómeno de la sequía, Espínola explicó que la DPEC cuenta ya con una tarifa para regadíos. "Pero si de todas maneras ésta resultara excesiva para productores afectados por el fenómeno climático, lo que corresponde, si fuera el caso, es que perciban un subsidio en el marco de la emergencia agropecuaria, pero no un subsidio directo de la DPEC".

Espínola volvió a remarcar los beneficios que podría traer a la Provincia la aprobación legislativa del Fondo Fiduciario Eléctrico, para que puedan realizarse las inversiones necesarias "en una provincia que lleva décadas de desinversión", observó.

AMPAROS

Por otra parte, informó que la DPEC ya ha recibido un par de órdenes judiciales debido a amparos que algunos usuarios presentaron oportunamente contra el alza tarifaria.

Dijo en este aspecto que "vamos a tener que pedir una aclaratoria a la Justicia, porque si bien nos piden que retrotraigamos el cobro a la tarifa anterior, también nos ordenan no efectuar cortes en el servicio".

Dijo Espínola que "esto podría interpretarse que el usuario no podrá sufrir cortes aún sin pagar incluso lo que ya venía abonando, hasta que dentro de dos o tres años se defina el fondo de la cuestión".

Observó que el Defensor del Pueblo de la Nación presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los nuevos valores tarifarios (sin subsidios), pero "los presentó ante la Secretaría de Energía de la Nación".

"Aquí, en cambio, los recursos judiciales son contra la DPEC", comparó Espínola. Y agregó: "¡Pero a Cammesa (Comisión Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) le importa tres cuernos los recursos de amparo provinciales, y exige que le paguemos el aumento que ellos nos trasladaron! Es decir, que la DPEC queda como el jamón del sandwich".

En este aspecto, informó que en el último mes, la DPEC ha debido abonar 2,5 millones de pesos más a Cammesa.

"Tenemos que pagar más pero tenemos que cobrar menos por los amparos. Así, cualquier empresa privada ya habría quebrado", terminó observando el interventor de la DPEC.