Uno se terminó de construir hace un año en el kilómetro 3. El otro está donde falleció uno de los chicos desnutridos.
El gabinete de Salud del Gobierno, viajará hoy a Tartagal para analizar la situación sanitaria en las misiones aborígenes.
Obreros, funcionarios municipales y, por lógica, funcionarios del área de salud conocen la razón: las diferencias que el Gobierno provincial tiene con la fundación que lidera Hebe de Bonafini y que pueden más que la imperiosa necesidad sanitaria de miles de pobladores aborígenes y criollos. A eso obedece que la Provincia nunca haya aceptado recibir formalmente la obra que solucionaría definitivamente la falta de seguimiento y control que necesitan las casi 10.000 familias que residen en los barrios del este de la ciudad.
Tan importante es la obra que el Concejo Deliberante de Tartagal la había declarado de interés comunal. La estructura que posee corresponde a un nivel III. Está en un predio adquirido por Madres de 14 hectáreas denominado “Complejo urbanizador integral”.
Se financió con el programa “sueños compartidos” y allí trabajaron 20 obreros contratados por la fundación, de los cuales quedan 3 que actualmente hacen vigilancia y mantienen el predio.
En el mismo lugar -cuya adquisición la hizo personalmente el abogado de la fundación Pablo Schoklender 6 meses después de que en Tartagal se produjera el alud de febrero de 2009- estaba prevista la construcción de un complejo habitacional de 350 viviendas y una plaza integradora. Pero sólo “el hospitalito” se levanta en medio de las malezas que rodean a las comunidades aborígenes. La fundación no continuó con el proyecto por la negativa de la Provincia a recibir, equipar y dotar de personal al hospital.
La razón sería simple: las adjudicatarias de las licitaciones de la provincia son las que se oponen a la presencia de la fundación a la que consideran una competencia desleal porque abona el doble de los salarios, entre otras razones.
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