El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez ofreció ayer una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al gobernador José Luis Gioja y en la oportunidad se refirió a la fuga de los sentenciados por juicios de lesa humanidad de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.

En su paso por San Juan y antes de participar de las actividades oficiales, el diputado nacional se reunió con la jueza Margarita Camus, víctima y querellante, quien dijo haberle transmitido su preocupación por los testigos.

"He recibido la preocupación del gobernador José Luis Gioja y de la doctora Camus. Desde nuestro ámbito legislativo, como corresponde hemos expresado y seguiremos expresando nuestro más enérgico repudio a esta actitud de violar el cumplimiento de la Ley", dijo el legislador.

"Uno de los desafíos que tenemos en esta democracia es que la Ley se cumpla en igualdad de condiciones para todos", acotó.

Estando en San Juan, Dominguez se comunicó telefónicamente con el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, para que se ponga en contacto con testigos y familiares y brindar la asistencia necesaria ya que el temor y la indignación supera las situaciones.

"El gobernador también nos ha pedido la mayor colaboración posible y eso vamos a hacer. Desde la comisión de Derechos Humanos hemos establecido un mecanismo para que cada dos meses los diputados integrantes de esta comisión viajen a las distintas regiones del país para hacer una evaluación y acompañamiento de seguimiento a los juicios", dijo Domínguez.

Por su parte, el gobernador Gioja dijo que el Gobierno Provincial brindará "todas las garantías".

"Hay una ley provincial de Protección de Testigos que se pondrá en marcha y una nacional que nos servirá de respaldo. Vamos a coordinar de manera de poder dar todas las garantías posibles para que cada uno se sienta un poco más tranquilo", señaló el mandatario.

Hortel apuntó a la Justicia

Víctor Hortel, director del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que "debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" de los dos represores fugados el jueves.

Hortel aseguró que fue la Justicia federal la que dispuso el traslado de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Militar, y "no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó erróneamente".

De esta manera, el jefe del Servicio Penitenciario Federal salió al cruce nuevamente de las versiones periodísticas que indicaban que el juez Federal Miguel Angel Gálvez no había enviado a Olivera y De Marchi al nosocomio en el que se produjo la fuga de los dos represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

En ese sentido, Hortel reiteró que "debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" de los dos represores, quienes se fugaron el jueves último del Hospital Militar, en el barrio porteño de Belgrano.