El encuentro entre los representantes gremiales de los docentes y los ministros Oscar Cuartango y Nora de Lucía, desarrollado el martes en la subsecretaría de Negociación Colectiva del Sector Público, tuvo el mismo desenlace que las anteriores. En esa ocasión el gobierno de Daniel Scioli incrementó un 5,4 por ciento la suma inicial, llegando así a una suba total del 30,9. Sin embargo los docentes rechazaron la oferta y advirtieron que continuarían con las medidas de fuerza hasta que no haya una propuesta superadora. Palabras que han sido cumplidas al pie de la letra.

Ante el fracaso de las negociaciones con el sector docente, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, anunció que el gobierno dictaba la conciliación obligatoria. “En caso de incumplimiento, expone a sanciones a trabajadores y a los gremios”, advirtieron desde calle 6.

Sin embargo la medida adoptada por la gestión sciolista no asustó a los representantes sindicales del sector, quienes aseguraron que este lunes los paros continuarían. En este sentido, la presidente de la FEB, Mirta Petrocini señaló que “vamos a realizar una gran movilización provincial para decirle al Gobierno que, si realmente quiere poner a la educación pública como prioridad, deberá destrabar este conflicto con docentes bien pagos y escuelas en condiciones para desarrollar el proceso pedagógico”.

Desde el mismo sindicato detallaron los porcentajes de aumentos y cómo se distribuirá, según los cargos, la última propuesta. Indicaron que los profesores representan el 50 por ciento del universo docente, quienes contarán con un aumento salarial del 21,39 por ciento de acuerdo a la aceptación de la conciliación obligatoria dictada. Del resto, 56 mil son maestros de grado, sobre los cuales sólo el 20 por ciento cobraría el 30,9 difundido por la Provincia como cifra final, mientras que el 80 por ciento restante cobraría entre el 21 por ciento y el 23 por ciento, número que dista del poco más de 30 por ciento que llegó a conocimiento público.

La difusión de estas cifras se contrapone con los datos derivados de una encuesta en que Provincia, vía Aresco, midió el descontento social generado por los paros y cuyas conclusiones indican que el 73 por ciento de los encuestados quiere que haya clases durante las paritarias. La medición realizada por el gobierno busca integrar la opinión de las familias bonaerenses y confrontar su posición con la decisión de los docentes.

"Me resulta extraño la forma contundente que llamaron al paro", sostuvo Daniel Scioli sobre el conflicto, quien para destrabar el conflicto podría solicitarle al Ministerio de Trabajo de la Nación que intervenga e inspeccione las escuelas para corroborar el incumplimiento de la conciliación obligatoria y aplicar sanciones a los docentes y a los gremios.

En ese contexto es que el vicegobernador Gabriel Mariotto anunció un proyecto para declarar a la educación como “servicio esencial” y que impida a los docentes paralizar el dictado de clases.

La propuesta consiste en reformar la Ley de Negociaciones Colectivas Docentes sancionada en 2006, durante la gestión de Felipe Solá, que establece que la educación no puede ser considerada como servicio esencial y, por lo tanto, impide restringir el derecho a huelga.

Mientras a un lado y a otro del conflicto se intensifican las medidas para reforzar las posturas, en el medio hay miles de alumnos de la Provincia que esperan que el ciclo lectivo comience.