A partir de ese momento hubo una sola certeza: que en una colilla y en el teléfono se halló un ADN que no corresponde a Kevin Ganora ni a los tres menores que permanecen en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa) desde hace algo más de un mes. Encontrar a la persona a la que pertenece ese ADN es el gran desafío que tiene la fiscal Alejandra Ongaro. Pero ella y el resto de los investigadores saben que es como armar un rompecabezas de un millón de piezas.

"Por ahora, lo único que hay son dichos de dichos de dichos (sic)", afirmó ayer una fuente tribunalicia calificada. La propia Ongaro sabe de la precariedad de las pruebas, pero no para de buscar evidencias. De hecho en estos días sumó más testigos de los que no dio ningún dato -ni siquiera la cantidad de ellos- ya que pretende que las identidades permanezcan en reserva hasta el día de l juicio oral y público. Además confía en que ciertas acusaciones cruzadas entre los imputados podría ser determinante para enderezar la pesquisa. "No puedo decir mucho, pero es así. De hecho hay más de un abogado defensor", expresó.

Héctor Luis Epifanio y su mujer Graciela Aurora Torrent fueron hallados sin vida el jueves 11 de julio en su domicilio de la avenida Luro al 2600. Para la fiscalía los involucrados en el doble crimen "no son más de cuatro". A priori esos sospechosos son Ganora, de 21 años, quien permanece en la alcaidía, dos menores de 16 años y otro de 17, que están en la alcaidía bajo la órbita del Juzgado de la Familia y el Menor.

Audiencias.

El viernes pasado hubo una audiencia en la que la jueza de control, María Florencia Maza, aceptó el pedido de Ongaro de prorrogar la detención de Ganora por una semana, a la espera del informe ampliatorio del Pricai sobre el ADN extraído de manchas de sangre halladas en una pared y en ropas. Pero como ya es vox populi que ese dossier no traerá buenas noticias, habrá una otra audiencia dentro de 48 horas.

El defensor de Ganora, Jorge Tanus Mafud, seguramente insistirá -como hace cinco días- con la liberación de su cliente con el argumento de que las pruebas de ADN fueron negativas. ¿Qué planteará la fiscalía? Ongaro anticipó en la audiencia de la semana pasada, ante Maza, que tiene nuevos testigos. En estos días les está tomando declaraciones. Y de acuerdo a lo que surjan de ellas podría requerir la ampliación de la medida de coerción para Ganora. "Las pruebas de ADN son importantes, pero no son la única prueba", enfatizó.

La fiscalía también le solicitó a la jueza de la Familia y el Menor, María Gabriela Manera, que disponga la continuidad de los menores en el Ipesa por 30 días. La magistrada le respondió que antes de resolver tendría en cuenta los informes actualizados sobre los tratamientos tutelares. Como no hubo respuesta, Ongaro insistió ayer y pidió que al menos permanecen institucionalizados hasta el viernes, siempre a la espera del segundo informe del Pricai.

Fuentes judiciales admitieron ayer que en esta causa se están tomando decisiones excepcionales por las características propias del hecho. "En otro caso, la jueza no hubiera autorizado todos los allanamientos que autorizó", concluyó alguien que conoce la investigación desde adentro.