Los partidos del FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) aparecen unidos en elecciones o al marchar en alguna protesta, pero mantienen claras diferencias de criterio.

Eso se demuestra con la actitud de legisladores del Partido Obrero (PO), imputados por cortar calles en una marcha del 6 de abril pasado.

Previendo un pedido de desafuero, decidieron declarar “espontáneamente” ante la Justicia para defenderse.

Pero con eso, se despegaron de sus pares del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), que la semana pasada decidieron llegar a la Suprema Corte de Justicia y pedir la inconstitucionalidad de sus acusaciones.

Además, los del PO cuestionaron al abogado que contrató el PTS, por pertenecer a otro partido político.

La semana pasada se supo que dirigentes del PTS acudieron a la Corte para que declare inconstitucional el artículo 194 del Código Penal.

El FIT lleva a la Corte las imputaciones que recibió por protestar en calles de Mendoza

Ése fue el artículo (creado en tiempos de Onganía) en el que se basó la fiscal Gabriela García Cobos para imputarlos por el delito flagrante de impedir el tránsito en aquella manifestación de abril.

Para esa tarea, el PTS contrató los servicios del abogado de Derechos Humanos Pablo Salinas, identificado con el kirchnerismo.

Sin embargo en el PO no comparten esa estrategia ni la figura de Salinas, precisamente por su identificación con otro sector político.

“No vamos en contra de la estrategia de ellos, pero preferimos presentarnos a declarar espontáneamente, ya que no tenemos nada que esconder”, dijo el senador provincial Víctor Da Vila. “Además, Alfredo Mellado, nuestro abogado, nos genera más confianza”, siguió.

El legislador confirmó que “este viernes” acudirá al despacho de la fiscal García Cobos junto a otro de los acusados, el diputado Héctor Fresina.

“Tenemos fueros pero con esto demostramos no tener problema en ser investigados”, añadió Da Vila.

Y hasta adelantó parte de su testimonio: “En la marcha ejercimos el derecho a protestar en un día de huelga. La manifestación no afectó a vehículos porque había rutas alternativas. Lo que se quiere es criminalizar la protesta”.

Efectivamente, temprano en la mañana del 6 de abril, unas 200 personas cortaron la intersección de Colón y 9 de julio en el centro mendocino.