Hay, en esa forma de proceder, algo así como una infidelidad institucional, un vicio que ni el Congreso ni la Justicia pueden sancionar y que quedará impune.

Cuando el Poder Ejecutivo le miente al Congreso y al país sobre el presupuesto (el cálculo sobre cómo se gastará cada peso el año siguiente), incurre en una falta parecida a la del marido que le oculta a su mujer cuál es el verdadero ingreso. Si un hombre cobra un sueldo de diez mil pesos pero le blanquea a su pareja que la empresa le va a pagar sólo seis mil, tendrá cuatro mil para manejar a su antojo, sin despertar sospechas.

Esto es lo que hizo el Gobierno, a fines de 2009 -como en años anteriores-, cuando subestimó la recaudación de 2010, para poder gastar en forma discrecional los excedentes. Y es lo que volvió a hacer a fin de año cuando repitió la maniobra de cara a 2011.

Cuando los legisladores de la oposición, a fines de 2010, volvieron a acordarse de la necesidad de discutir el presupuesto, el Gobierno ya les estaba mintiendo de nuevo. Entonces, la oposición se curó en salud: no aprobó ese presupuesto con parámetros falsos. Pero, en la práctica, el resultado fue el mismo: el Poder Ejecutivo, por aplicación de la ley de administración financiera, prorrogó ayer el presupuesto del año actual, para hacerlo regir el año próximo. Y obtuvo, así, una magnífica herramienta política para un año electoral.

El año termina como comenzó: descontrolado. Hace once meses, la oposición no supo ingeniárselas para ponerle límites a la decisión de la Presidenta de usar reservas del BCRA para pagar deuda. Incluso, en aquel momento, la Justicia trabó una cautelar, pero los legisladores la dejaron caer en saco roto y el entonces presidente del Central, Martín Redrado, tuvo que renunciar al cargo y peregrinar por muchos tribunales que, sólo ahora, le cerraron todas las causas que el Gobierno había imaginado en su contra.

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A la Presidenta le gusta imaginar que el Poder Judicial tiene que adaptarse a sus necesidades.

En enero último, la mandataria criticaba a los jueces que dictaban medidas cautelares para frenar decisiones de Gobierno de dudosa constitucionalidad. Se disgustó por la cautelar que frenó la aplicación de la ley de medios, pero nada dijo contra otro fallo que impidió la aplicación de la ley de glaciares ni, mucho menos, tuvo empacho en pedirles que no dejaran en libertad a los delincuentes.

La mandataria sabe que hay dos frentes cuyo control debe recuperar, porque amenazan su propia continuidad: la calle y la inflación. A la inflación le encontró cierta vuelta de tuerca: intenta hacerle creer a la gente que en lugar de malhumorarse con ese flagelo, debe valorarlo como un veranito. Mientras el ciudadano pueda consumir (y sentir que es parte del crecimiento del país), la ilusión seguirá.

Pero los brotes sociales son más difíciles de controlar. Ahí, sólo los jueces salen a dar una respuesta: el juez Daniel Rafecas procesó a quienes organizaron la ocupación del Club Albariño; una cámara federal procesó a una mujer que cortó una autopista y el juez federal Luis Armella procesará a los militantes del Partido Obrero que cortaron las vías del Roca. No habrá represión, pero sí sanción penal. Al final del túnel, aparece una luz.