Una fue que la distribución de las ganancias empresarias entre los trabajadores debe ser discutida en el marco de los convenios colectivos y no determinada por ley. La otra, que el reparto de la riqueza está próximo a alcanzar el “ fifty fifty ” que proclamaba Perón y, hace bien poco, planteó el jefe de la CGT.

Por partes, la primera definición da por tierra con el proyecto generalizado que propicia el diputado Héctor Recalde, kirchnerista, pero mucho más moyanista. Y significa, a la vez, un alineamiento con las posiciones de las centrales empresarias.

Así la iniciativa de Recalde fuese discutible, la negociación de las ganancias por gremios presenta unos cuantos flancos débiles. El primero es que deja afuera a un universo enorme de trabajadores .

En la franja de los excluídos entran los empleados públicos, pues se sobreentiende que los estados nacional y provinciales no generan utilidades. Lo mismo vale para quienes tienen ocupaciones en negro, para el servicio doméstico y los cuentapropistas. La suma de todos desborda las siete millones de personas.

Otro de los flancos débiles pasa por la alta probabilidad de que se profundice la fuerte segmentación que ya existe en el mercado laboral.

Seguro, la brecha entre trabajadores privados registrados y no registrados, o sea, en blanco y en negro. Estos últimos ganan en general la mitad que los otros y, en el futuro, podrían ganar mucho menos.

Algo así se advierte ahora en las paritarias: empujadas por la inflación, algunas demandas salariales llegan al 36 %. No hay una sola noticia acerca de cuánto se estaría pidiendo en el sector informal, pese a que aquí ancla un tercio largo de la fuerza laboral total, alrededor de 4 millones de trabajadores.

También luce evidente que la discusión sobre las utilidades empresarias no será pareja en los convenios colectivos . Dependerá, en principio, del poder de cada gremio. También, del desempleo que haya al interior de la propia actividad: cuanto más bajo sea, mayor será el campo de acción sindical.

Viene, luego, el estado financiero de las empresas. Va de suyo que la posibilidad de negociar ganancias es más ámplia en las grandes que en las medianas, y ninguna entre las chicas.

Un cuadro que resume parte de esto surge, nítido, en la considerable dispersión salarial en el mercado del empleo formal, presuntamente el favorecido por el pronunciamiento presidencial.

Según un informe de la consultora abeceb.com, basado en estadísticas del INDEC, el salario promedio de los petroleros ascendía el año pasado a $ 14.900 ; en el sector químico y petroquímico era de $ 7.118 y $ 6.000 entre los bancarios. En los escalones inferiores de la pirámide aparecían los empleados de comercio, con $ 2.753 ; los $ 2.620 de la construcción y los gastronómicos con $ 2.000 .

Por tratarse de remuneraciones promedio, hay sueldos superiores e inferiores a la media. También pesan las calificaciones de los trabajadores y en ciertos sectores bastante.

Pero aún con esas aclaraciones, ahí saltan evidentes las diferencias en la situación económica de las empresas y en el poder de fuego de cada sindicato. Muy probablemente, pues, el modelo propuesto por Cristina Kirchner tienda a acentuar esas distorsiones y a fortalecer a los gremios con mayor capacidad de presión , sin que cuente el número de afiliados.

Parte dos del relato. ¿Qué les dice a los empleados en negro, al servicio doméstico, a los cuentapropistas y a los jubilados que la Presidenta haya hablado de la proximidad del fifty fifty? O del casi 50 %–50 % de la riqueza repartido entre el trabajo y el capital. Obviamente, no les dice nada .

Y si ya suena raro que semejante relación esté a punto de ser alcanzada, un estudio difundido por el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, la pone claramente en entredicho.

Para empezar, desacredita la posibilidad de comparar el presunto 48,1 % que hoy les correspondería a los asalariados con los registros de 1954 y 1973, los años cuando más pareja fue la distribución de la riqueza generada por la fuerza laboral. Afirma que las series estadísticas son diferentes y, por lo tanto, imposibles de ser relacionadas .

Luego, que el 48,1 % sólo podría ser cierto si la remuneración promedio de la economía fuese de $ 4.524, el doble de lo que canta la Encuesta Permanente de Hogares del 2 ° trimestre del año pasado. Y, además, que los ocupados deberían llegar a 27,5 millones y no a 11,8 millones como dice la encuesta del INDEC.

Tras sostener que en los últimos siete años la rentabilidad empresaria subió fuerte, el remate del estudio arroja que, en realidad, la participación de los asalariados en el PBI se reduce al 27,6 % . En el bloque de ingresos incluye, además de los registrados, al trabajo en negro, el servicio doméstico, las jubilaciones, los cuentapropistas y los planes sociales: el universo que, al fin, corresponde tomar en cuenta.

Se supone que la cifra difundida por la Presidenta proviene del INDEC, aunque es archisabido que si hay datos oscuros ésos son, precisamente, los del instituto administrado por Guillermo Moreno desde 2007. Más todavía, el 48,1 % representaría un nivel histórico jamás alcanzado en la Argentina .

Y sobre el modo como serán distribuidas las ganancias empresarias, quedan a la vista las posibilidades e imposibilidades de cada gremio . Tantas como las que hay en los propios sectores.